Al borde del desastre

Pablo Da Silveira

Cuando el presidente Clinton se descubría entrampado en un escándalo sexual, ordenaba bombardear algún país remoto para distraer a la opinión pública. En estos días en que la coalición de gobierno está entrampada en una fea pelea por cargos, parecería que está haciendo lo mismo con la Ley de Educación. Según todos los anuncios, el próximo lunes se iniciaría el trámite de aprobación legislativa. Y el oficialismo ya anunció que la cosa va a hacerse sin discusiones. Simplemente se cumplirá con las formalidades requeridas para llegar al momento de votar.

¿A qué tanto apuro? La urgencia hubiera sido comprensible antes del 25 de octubre, porque ese día se iniciaba el período de doce meses previos a las elecciones nacionales. Y, como se ha recordado desde estas mismas páginas, el art. 229 de la Constitución prohíbe la creación de cargos dentro de ese lapso. Pero esa fecha pasó sin que la coalición de gobierno llegara a consensos internos, lo que hubiera debido interrumpir todo intento de aprobar una norma que crea cargos a granel. En lugar de eso, la bancada oficialista ha decidido violar la Constitución, pero rapidito. ¿Creerán que así se va a notar menos?

Llama igualmente la atención el rechazo a abrir el debate en comisión parlamentaria. Este gobierno se tomó varios años para discutir su proyectada Ley de Educación. Primero organizó el Debate Educativo, que convocó a padres y ciudadanos (en realidad, militantes políticos y sociales) en toda la república. Luego organizó un gran Congreso en el Palacio Peñarol. Más tarde se embarcó en una prolongada discusión interna entre los diferentes grupos que conforman el Encuentro Progresista. Hubo tiempo para todo, menos para discutir con los representantes de la ciudadanía. Se invirtieron muchas horas en debatir con dirigentes gremiales que representan a algunos, pero se rechaza el intercambio de ideas con legisladores que nos representan a todos.

Por último, es curioso el llamado a los partidos de oposición a votar algunos artículos del proyecto, para luego criticarlos porque se niegan a hacerlo. Se empieza por no dialogar con ellos, se admite que no existe ninguna voluntad de cambiar nada y luego se pide apoyo a quienes se destrata. Los artículos que requieren mayoría de tres quintos son tal vez los únicos sensatos del proyecto, pero el oficialismo ha hecho todo lo necesario para que nadie pueda votarlos.

El proyecto de Ley de Educación que inicia su trámite parlamentario es un mal proyecto y ha sido impulsado de mala manera. El contenido de sus artículos tendrá efectos nefastos para la educación nacional. El modo en que se pretende aprobarlos refleja un profundo desafecto hacia las dinámicas propias de la democracia parlamentaria.

Y lo peor es que esa ley no hace falta. La norma que tenemos, sin ser buena, ha demostrado ser suficientemente flexible como para aplicar políticas educativas muy diversas. Es además una norma que se aprobó por unanimidad en 1985 (incluyendo los votos de la bancada del Frente Amplio), tras un largo proceso de concertación.

Lo razonable sería mantener vigente esa norma y dedicarnos a mejorar la educación nacional mediante buenas políticas educativas. En lugar de eso, el gobierno prefiere aprobar malamente una mala ley y entregar la enseñanza a las corporaciones.