Entre despojos y desconfianza

Julia Rodríguez Larreta

La decisión del gobierno argentino, de hacerse del codiciado botín de los fondos de jubilación, administrados por las AFJP, con desfachatadas explicaciones como las de que el Estado manejará mejor el dinero de los futuros jubilados, acaparó completamente la atención en estas semanas. Fue a partir del momento en que se tuvo noticia del asalto que la administración kirchnerista estaba por cometer, pensando contar con el apoyo, esta vez mejor aceitado, de un suficiente número de legisladores en el Congreso.

Sin embargo, aunque menos registrado por la gente, en estos días ha ocurrido otro hecho preocupante, pues significa un nuevo ataque a la institucionalidad. Al tiempo que el clima de corrupción en el entorno del poder que claramente se percibe, va en aumento, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, acaba de limitar las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dirigida por Manuel Garrido. Se trata de un organismo creado por ley, para perseguir, justamente, los delitos de la gestión pública. Pero después de la resolución firmada por Righi, Garrido ya no podrá pedir medidas en expedientes que no se hayan iniciado por la denuncia del Procurador. Y en las causas que ya comenzaron por iniciativa de la FIA, su participación también le ha sido acotada. Sólo podrá actuar cuando el fiscal del caso decida no hacerlo.

Es evidente, como lo dijera el propio Garrido, que esto apunta a proteger a los funcionarios poderosos que están siendo investigados y a los que podrían llegar a estarlo. Entre los acusados por Garrido figuran el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, la ex ministra de Economía, Felisa Micheli (bolsa con dinero en el baño del Ministerio), el secretario de Medios, Enrique Albistur, y hasta pidió la apertura de la causa contra el ex ( es un decir) presidente Kirchner, por enriquecimiento ilícito.

Cuando la oposición reclama porque la impresión, generalizada además entre la ciudadanía, es que los juicios contra los funcionarios oficialistas o no adelantan o van a paso de tortuga, la reciente intervención del Sr. Righi, no hace más que dar rédito a esas sospechas. La impunidad es visible, los jueces federales porteños parecen mirar para otro lado y lo cierto es que las investigaciones lucen trancadas, aun cuando los magistrados argumenten que este tipo de investigaciones son muy complejas.

No hay como saber de la evolucionan de casos como la toma de la comisaría de la Boca por el piquetero D`Elía, muy allegado a los Kirchner, ocurrida en 2004, quien nunca ha sido citado. Tampoco se ha avanzado mucho con los sobornos de la empresa Skanska, entregados a funcionarios estatales, ni con las discutidas licitaciones del ministro de Planificación Julio De Vido, nunca citado a su vez o respecto del manipuleo de las cifras del Indec, o los extraños manejos de dineros públicos por parte de Romina Picolotti, aquella activa secretaria de Medio Ambiente cuando lo de Botnia estaba en su punto álgido. Con todo, hay algún que otro caso de procesamiento, pero no condenas. Felisa Micheli es una de las pocas del equipo que ha sido procesada y también el ex secretario de Agricultura, Miguel Campos, por el caso del reparto de la cuota Hilton, si bien luego su proceso fue revocado por la Cámara.

A este ambiente enrarecido se suman otros episodios turbios que profundizan las suspicacias y un malsano escepticismo. El sonado asunto de Antonini Wilson con su valija repleta de dólares, recientemente cerrado en Miami con la condena de uno de sus "amigos", un tal Durán, no ha despejado en absoluto el panorama, en lo que concierne a su vinculación con la Argentina y el gobierno. No sólo el venezolano llegó a Buenos Aires en un avión, curiosamente fletado por Enarsa, la empresa petrolera (sin petróleo) recientemente creada por el gobierno, sino que nuevamente insistió en que el dinero era para la campaña de Cristina Kirchner y que habían otras valijas con 4 millones y medio de dólares. Su compañero de viaje fue el titular de la compañía argentina, y un personaje siempre presente, Claudio Uberti, responsable del Órgano de Control de Concesiones Viales, que lo habría llevado a la Casa Rosada.

Además surgió hace un tiempo lo de los aportes de Sebastián Forza, dueño de una empresa farmacéutica quebrada y con varias investigaciones penales, que apareció asesinado junto a otros dos.

Y luego La Nación publicó los nombres de ciertas personas, que si bien figuraban como contribuyentes, aseguraron al enterarse, que nunca habían aportado nada. El principal recaudador de fondos para la campaña, Héctor Capaccioli, reviste como Superintendente de Servicios de Salud y según el registro, el 36,5% de los fondos proviene del sector farmacéutico.