Pocas veces se ha legislado tan mal en el país como en este período de gobierno. Prueba de ello es que, apenas implantada, ya se revisa la ley 18.345 que concedió 18 días de licencia anual por estudio a trabajadores del sector privado. El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, promueve la reforma de la ley en su calidad de receptor de las quejas de las cámaras empresariales, inquietas por los perjuicios planteados por las nuevas normas. En especial, en las pequeñas empresas con pocos empleados, las licencias por examen causan serios problemas al extremo de paralizar sus actividades, según declaró la Asociación de la Micro y Pequeña Empresa.
Se supo incluso que un "call center" retrocedió en su decisión de crear una compañía en zona franca que tomaría 80 empleados, en su mayoría jóvenes estudiantes, ya que un cálculo de los días de licencia que debía otorgar demostró que su inversión resultaría antieconómica. Hay casos de empresas que ya están optando por contratar a personas que no estudian para eludir los mayores costos que significan las licencias. Ello prueba que los legisladores no analizaron los efectos de una ley que, en vez de proteger y alentar el empleo juvenil, termina por desalentarlo.
Este es un ejemplo de la perversión que produce una mala legislación puesto que, en vez de ayudar a los supuestos beneficiarios, los perjudica. En la Cámara de la Construcción se da otra situación ingrata al anunciarse la suspensión del plan de capacitación de 2.000 obreros. Como la ley abarca a quienes adhieran a ese plan, se optó por suspenderlo a la espera de que las normas se cambien. La Liga de Defensa Comercial también expresó su alarma en una comunicación a sus asociados.
Los legisladores deberán rehacer esta ley empezando por reducir el número de días de licencia y tomando en cuenta las observaciones de las cámaras empresariales. Es que para legislar no bastan los propósitos generosos ni la discutible idea de igualar a los empleados del sector privado con los públicos, que ya cuentan con 30 días anuales de licencia por estudio. Enmendar la ley requerirá un análisis profundo para evitar que resulten dañados sus presuntos protegidos.