Malas leyes=inseguridad

Gonzalo Aguirre RamÍrez

Los grandes filósofos del Derecho -Del Vecchio, Kelsen, Bobbio, Recasens Siches-, han enseñado que la existencia del orden jurídico se justifica por dos valores esenciales, cuya consecución éste persigue desde las Tablas de Hammurabi y de la legislación creada por Moisés, a inspiración o por dictado de Dios, según la Biblia: la justicia y, sobre todo, la seguridad.

Ésta se logra cuando, por el establecimiento de reglas generales que disponen para el porvenir y preveen las sanciones a aplicarse por su transgresión, los hombres sabemos cuáles serán las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras omisiones. De allí que la retroactividad sea mala palabra en el mundo del Derecho, porque, al disponer hacia el pasado, aniquila la seguridad.

Otra manera de destruir la seguridad es legislar mal, con desconocimiento de la técnica legislativa, que requiere armonía y claridad en las normas, conformidad con la Constitución, adecuación a la realidad sobre la que se legisla y respeto por los grandes principios del orden jurídico, consagrados en los Códigos, además de los inscriptos en la Lex Magna.

En el Uruguay del presente, entre otros lamentables retrocesos, estamos asistiendo a un deterioro acelerado de la seguridad jurídica por obra de un Parlamento que sanciona leyes disparatadas, a menudo inconstitucionales, redactadas por gente jurídicamente ignara en sede de Derecho y votadas alegremente -a tambor batiente, a menudo-, sin el debido estudio y sin asesoramiento de juristas que siempre, en el pasado, se consideraban imprescindibles.

Entre 1985 y 1989 tuve el honor y el placer de integrar la Comisión de Constitución del Senado junto a Pedro Cersósimo, Américo Ricaldoni, Hugo Batalla y Dardo Ortiz, nuestro "primus inter pares". Legislábamos con la Constitución y el Código Civil siempre a mano y, por iniciativa del último de los nombrados, hasta con el Diccionario de la Real Academia a tiro.

Catedráticos y grandes jueces desfilaban a menudo por la Sala de Ministros y por la hoy llamada Dardo Ortiz. Por ellas pasaron y nos asesoraron -a pesar de que distábamos de ser aprendices-, Héctor Giorgi, Cassinelli Muñoz, Daniel Hugo Martins, José Korzeniak, Adolfo Gelsi Bidart, Enrique Véscovi, Adela Reta, José Ferro Astray, Nury Rodríguez Olivera, Delfino Cazet, Eduardo Vaz Ferreira, Enrique Arezzo Píriz, Nelson García Otero, Luis Torello y Armando Tomassino, entre otros destacadísimos juristas.

El Colegio de Abogados, ante dicho desastre, hizo punta en denunciarlo y ofreció a las Cámaras su asesoramiento. A título de ejemplo, expresó que la Ley de Uniones Concubinarias -¿se llama así?- crea más problemas que los que soluciona. Le respondieron con el silencio. Ahora es la Facultad de Derecho, según declaró el profesor de Derecho Civil Roque Molla, que reclamó participación en el estudio de las leyes, a fin de detener y corregir el descalabro ya producido. Leyes como las de Ordenamiento Territorial y de Colonización de Tierras, señaló Molla, han lesionado gravemente el derecho de propiedad.

Interpelado por su Ley de Reforma Cambiaria -1959- Azzini sufrió un pico de presión y debió salir de sala. Atendido por un médico -recuerda- "yo seguía el debate por los altavoces instalados en los despachos y pude escuchar la brillante defensa de los primeros cuatro artículos de la ley, que Dardo Ortiz hizo sin duda mucho mejor de lo que yo podría haber hecho" ("Azzini, una historia uruguaya", p. 187). No hay más "Ortices", ¡pero estudien, señores legisladores!