Sindicatos policiales recogerán firmas contra reforma en retiros

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E. BARRENECHE Y S. CABRERA

Las dos corrientes sindicales policiales se oponen a la reforma de la Caja Policial y recogerán firmas para impugnar la norma que se vota esta semana, a pesar de que el gobierno modificó el proyecto y elevó el tope de retiro a $ 30.000.

Antes de que el proyecto de ley sea aprobado, la propia ministra Daisy Tourné lanzó ayer su primera crítica pública a la reforma: "A la misma vez que se cambia la Caja Policial, debió reformarse la Caja Militar. Lo siento personalmente como una inequidad y así puede ser sentido por los funcionarios". Tourné también transmitió esa preocupación ayer en el Consejo de Ministros, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo se afirma que la Caja Militar no se modificó porque esa reforma está muy atada a la carta orgánica militar. Ambas cosas quedarán para un eventual segundo gobierno del Frente Amplio.

En un comunicado público, el Círculo Policial afirmó que Tourné se opone al proyecto y que en una reunión con la bancada el jueves pasado habló de "los costos políticos" que traería votar una reforma así, además de la "discriminación" que implica postergar la ley de retiros militares.

El proyecto se votará mañana en Diputados y el jueves en el Senado. Tourné negoció con los ministerios de Economía y Trabajo la suba en el tope y la ministra cree que esa suba -sumado a un sistema de transitoriedad hasta 2017- dará cierta tranquilidad a los oficiales superiores, que habían consultado para retirarse en masa.

El nuevo texto fija como monto máximo de retiro $ 30.000 desde julio de 2011 y luego $ 1.500 más por año para quienes ya configuren causal de retiro. Desde 2017 el monto será de $ 30.000 en forma definitiva. De todos modos, el aumento sigue siendo insuficiente con respecto a lo que rige hoy: un inspector tiene tope en $ 34.000 para jubilarse. Esta suba de $ 20.929 a $ 30.000 podría beneficiar a unos 300 oficiales superiores, dijo a El País el diputado del MPP Esteban Pérez, presidente de la comisión de seguridad social.

MOLESTIA. La Mesa Intersindical Policial (MIP) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) se mantienen en contra de la ley. "Todos los sindicatos policiales coincidimos en que si no llegan los cambios pertinentes, el proyecto no debe salir. No creo que el gobierno se vote un problema" con los policías, dijo a El País el dirigente de la MIP, Héctor Giménez. Y agregó: "No nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Tenemos 30 días para impugnarla".

Giménez adelantó que saldrán a recoger firmas, "ya que no es un acto político o sectorial". "No tenemos más remedio de ir contra lo que sea o quién sea", aseguró.

Desde la Conasip, el dirigente Guillermo González cuestionó algunos aspectos del proyecto y el "tratamiento presuroso" del Parlamento. De todos modos, este sindicato considera que la ley promueve "cambios sustanciales" a favor de los policías en comparación con un proyecto presentado durante la administración de Luis Alberto Lacalle. El proyecto gubernamental indica que un policía podrá retirarse con 35 años de servicios en la fuerza. En cambio, el gremio pide disminuir en cinco años esa cifra. Según el sindicalista, los policías "no pueden" quedar excluidos del sistema jubilatorio del país.

Otro artículo de la reforma de la Caja Policial que genera molestia a los uniformados es la suspensión de sus jubilaciones a aquellos policías que cometan un delito con más de dos años y medio de penitenciaría.

Los gremios policiales también rechazan que los uniformados puedan jubilarse con el 55% de sus salarios y exigen que ese porcentaje suba a un 70%. "Ese artículo va en contra del espíritu del retiro. Un agente se aleja de la profesión para poder vivir bien y no para estar en la miseria. Al fijar un porcentaje tan bajo de retiro, obligará a los policías a continuar trabajando", dijo González.

El tradicional Círculo Policial, en tanto, afirma que la suba en el tope "es una mejora", pero que hay muchos aspectos negativos. En una nota del secretario general Ernesto Carreras a los afiliados, se afirma que el tope debería ser de $ 41.000 (como en Caja Bancaria). También rechaza que se elimine el ficto "casa-habitación" para los administrativos y la eliminación de la devolución de los montepíos. "Queremos que se deje esto para 2010. Tourné negocia para que salga lo menos malo", indicó Carreras.

Daisy Tourné guardó silencio cuando el diputado herrerista Pablo Abdala dijo ayer en comisión que esta reforma "no le gusta mucho a la ministra" y ha sido impuesta por Economía, además de las organizaciones multilaterales de crédito. Tourné no dijo nada al respecto y el subsecretario de Economía Andrés Masoller negó la presión internacional.