Fiscalía se enfrenta al juez Garzón en España

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MADRID | AGENCIAS, SERVICIOS Y DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española arremetió ayer contra el juez Baltasar Garzón por considerarlo incompetente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Todo comenzó la semana pasada cuando Garzón inició una causa donde denuncia "crímenes contra la humanidad" por la "detención sistemática y desaparición" de más de 100.000 personas entre 1936 y 1952. La Fiscalía considera que estos hechos no estaban tipificados en la legislación española como crímenes contra la humanidad en el momento que fueron cometidos. Además, entiende que una ley de amnistía aprobada en 1997 deja por fuera de la ley estos delitos.

Garzón ordenó también la apertura de 19 fosas comunes, en diferentes ciudades, en las que permanecen enterrados miles de opositores a Franco, muchos de los cuales fueron fusilados luego de ser condenados a juicios sumarísimos.

En este caso la Fiscalía considera que esta decisión debe ser tomada por parte de "los juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades", y que estos tienen exclusiva competencia pa-ra "investigar estos hechos".

Una de estas tumbas, situada en la localidad de Alfacar, en Granada, podría contener los restos del poeta español Federico García Lorca, fusilado en plena Guerra Civil por tropas franquistas.

A partir de ahora, un grupo de 18 jueces será quien decida si el juez Garzón tiene jurisdicción para seguir adelante o no con el proceso.

Garzón basó su causa contra la represión en que todos los que murieron fusilados en cunetas y cuyos cadáveres permanecen sin aparecer, son en realidad secuestros con desaparición forzosa, convirtiéndose de esta manera en crímenes contra la humanidad.

El juez considera que se trata de delitos permanentes ya que nadie ha dado cuenta del paradero del que sea desaparecido. El delito no prescribe sino que se sigue cometiendo cada día hasta que el secuestrado aparezca o se registre su cadáver. Además, que esto haya ocurrido en un plan de "sistemático exterminio" de opositores políticos, configura otro crimen contra la humanidad.

Para salvar el hecho de que no se pueden aplicar de forma retroactiva leyes penales que no estuvieran tipificadas en el momento de ocurrir los sucesos, una de las consideraciones de la fiscalía, Garzón apela a que se trataba de delitos comunes, como asesinatos, torturas, violaciones y saqueos, que ya eran delito en el código penal de 1932.

El juez agrega que estos son delitos que todos los Estados reconocen como inaceptables frente al derecho natural e internacional, asesinar a civiles indefensos, entre otros. Esa condición hace que estos delitos sean imprescriptibles.

Fernando Magán, el abogado que representa a las veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, afirmó ayer que, además de las 19 exhumaciones pedidas por el juez Garzón, las organizaciones exigen se abran cuatro fosas más en Cáceres, Córdoba, Calvía y Mallorca. Magán agregó que las organizaciones eligieron ya a los tres expertos que las representarán en las exhumaciones y que trabajarán en conjunto con los historiadores Fernando Espinosa y Julian Casanova; el último autor del libro "Víctimas de la Guerra Civil", que dio lugar a que se desarrollaran las primeras excavaciones.