Abren fosas del período franquista en España

1/1

MADRID | AGENCIAS

La justicia española anunció ayer la apertura de la primera investigación oficial sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975). Este es el primer paso para esclarecer la suerte de más de 100 mil personas.

En un documento de 68 páginas, el juez Baltasar Garzón responsabiliza al ex dictador Francisco Franco y a su régimen de ordenar "matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas contra sus opositores políticos", provocando la desaparición de miles de personas.

El magistrado de la Audiencia Nacional explicó que durante el conflicto fratricida (1936-1939) y el período posterior de dictadura, hasta 1952, se produjo un delito catalogado de lesa humanidad. Si bien Franco gobernó hasta su muerte en 1975, Garzón entendió que desde 1952 en adelante la represión fue menor.

"El suplicio para los familiares de los desaparecidos ha sido permanente, porque no supieron si las víctimas fueron ejecutadas, desaparecidos o si estaban vivos o muertos", redacta el juez Garzón.

En concreto, en el período que va desde 1936 a 1952 Garzón contabiliza 114.266 personas desaparecidas y exhorta a que se atiendan todas las peticiones de familiares para abrir las fosas comunes en las que están los restos de las víctimas.

De esta manera el juez contesta de forma afirmativa a la solicitud de familiares de desaparecidos que pidieron se abran 19 fosas en diferentes localidades de España. Una de ellas situada en Alfacar, en la provincia andaluza de Granada, donde suponen descansan los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado por las tropas de Franco (ver aparte).

El texto de Garzón, para muchos descendientes de desaparecidos, da vuelta una página negra en la historia de España; para otros, es un mero instrumento para reabrir la cicatriz de una herida que aún permanece demasiado fresca.

REACCIONES. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que apelará a la decisión de Garzón por considerar que los delitos perpetrados, tanto en la Guerra Civil como durante el franquismo, prescribieron al amparo de una Ley de Amnistía promulgada en 1977, dos años después de finalizada la dictadura; aunque Garzón defiende que los crímenes contra la Humanidad no pueden anularse bajo el amparo de ninguna ley.

Garzón imputa al propio Franco, y a otros 34 funcionarios próximos al dictador, la responsabilidad penal de estos crímenes y exige a los registros civiles los certificados de defunción que les eximan, por causa de muerte, de los cargos de los que se les acusa. Con la mayoría de los funcionarios de la dictadura muertos será difícil que alguien se siente en el banquillo de los acusados. De todos modos, el magistrado ya exhortó al Ministerio del Interior para que realice la identificación de los máximos dirigentes de la Falange Española, partido político de ultraderecha en que se apoyó Franco, para determinar si todos fallecieron o si se pueden procesar.

El juez llevaba más de un mes recopilando datos para decidir sobre su jurisdicción en este caso. A propósito o no, la fecha del anuncio se da 10 años exactos después de que ordenase la detención del fallecido ex dictador chileno, Augusto Pinochet, en Londres.

En 2007, el Parlamento aprobó la ley de Memoria Histórica, un texto presentado por el actual gobierno socialista. Desde entonces, decenas de asociaciones de víctimas de desaparecidos presentaron 22 denuncias a Garzón para localizar los restos de los desaparecidos.

Madrid | Ocho personas fueron detenidas ayer en España en una operación en la que fue desarticulada "una célula vinculada al terrorismo islamista" que "prestaba apoyo" a miembros de la organización Al Qaeda, indicó el Ministerio del Interior. Los ocho detenidos "presuntamente facilitaron la huida de cinco implicados en los atentados del 11-M", que dejaron 191 muertos en Madrid el 11 de marzo de 2004, según el comunicado.

Los detenidos son marroquíes y se les "relaciona con labores de apoyo en la ocultación y posterior huida de otros tantos terroristas de Al Qaeda, entre ellos algunos de los implicados en los atentados del 11-M", según el texto.

La policía registraba los domicilios de los detenidos en varias localidades de la región de Cataluña, Madrid y Cádiz.

La operación fue realizada en presencia del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española. Se trata de la continuación de la Operación Tigris, de 2005, durante la cual se desarticuló una estructura terrorista que tenía por objetivo "cometer acciones suicidas contra las tropas extranjeras" en Irak. ansa

Una de las fosas que el juez Baltasar Garzón exhorta a que sea abierta, se encuentra en Alfacar, una región al sur de Granada, donde soldados de Franco mataron en 1936 a "El poeta enamorado", Federico García Lorca. Allí se presumen están sus restos, juntos con los del maestro Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas. Si bien la descendencia del poeta siempre se opuso a la apertura de la fosa, en septiembre anunciaron que aceptaban que sea abierta aunque no estuvieran de acuerdo. "No lo impediremos. Aunque nos gustaría que no se hiciera, respetamos los deseos de las otras partes implicadas", declaró Laura García Lorca, sobrina y portavoz de la familia. La nieta del maestro, Nieves Galindo, fue quien pidió al juez Garzón la exhumación de la fosa para recoger el cuerpo de su abuelo.