Víctimas pasarán a ser protagonistas

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RENZO ROSSELLO

Un policía y un técnico actuarán juntos para intentar reparar lo que a veces es muy difícil de reconquistar: la tranquilidad luego de haber sido víctima de un delito. Trabajan para que ese sistema sea puesto en práctica antes de fin de año.

El Ministerio del Interior espera poner en funcionamiento el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia (CAVV) en los próximos meses. Fue uno de los anuncios de la ministra Daisy Tourné el 1° de octubre: ocuparse de quien ha sufrido un delito.

"La verdad es que, en cuanto a la seguridad, se hizo poca cosa, acá seguimos igual", comenta con desaliento Jorge Colina, un comerciante de Las Piedras que fue víctima de atracos y robos en varias ocasiones.

Fue asaltado por última vez el 21 de julio pasado. En esa ocasión también recibió una amenaza de muerte. "Vas a terminar igual que la Meri", decía el cartel que le dejaron pegado a la ventana del pequeño supermercado que Colina y sus hermanos tienen en el barrio El Dorado.

La alusión tenía un significado que Colina y los vecinos conocían bien: se refería al caso de otro comerciante que, pocos días antes, había disparado contra su esposa al confundirla con uno de los ladrones que intentaban entrar al local.

El año pasado Colina había colocado una puerta Blindex en el súper, cansado de los casi continuos intentos de robos o robos consumados.

Una mañana encontró la puerta totalmente destrozada, no le habían llevado nada. Parecía tan solo una muda advertencia, y la renovada sensación de vulnerabilidad.

"Uno se siente totalmente desamparado, la Policía vino, hizo el patrullaje unos días después del robo y ya no volvieron a pasar más. Pero, además de todo, uno tiene que seguir con las obligaciones, porque ni el BPS ni la DGI le facilitan las cosas por más robo y pérdidas que haya tenido. Yo sé que conseguir esas facilidades es difícil, pero la Policía tendría que hacer algo más, como por ejemplo disolver las barritas que paran en las esquinas y que le roban a todo el mundo", dice Colina.

El barrio El Dorado es una villa que se ha ido extendiendo en los últimos años. El comerciante que trabaja allí asegura que los robos contra los vecinos que regresan a su casa luego del trabajo son constantes.

El conflictivo perfil del barrio le ha complicado mucho su actividad. "Nadie quiere venir a trabajar acá, qué van a venir con las cosas que pasan", comenta el comerciante.

Colina es una de las decenas, cientos, tal vez miles de personas que han sido víctimas de delincuentes. Nunca recuperó lo que le robaron. Y piensa seriamente en mudar su negocio a otro punto, "aunque acá en Las Piedras está complicado en todas partes".

CONTENER Y PROTEGER. Agustín Deleo (55) era hasta hace pocos días el director general del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR). Trabajaba desde 2001 en el ambicioso programa de rehabilitación de reclusos que busca, para determinados perfiles, la reinserción apenas terminen su condena.

El lunes pasado fue oficialmente designado director general del CAVV. Deleo tiene el cargo de inspector mayor en el escalafón policial, como "P.E." (policía especializado).

A principios de este año presentó un plan de trabajo para desarrollar el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia, una iniciativa que aún no había pasado del papel luego de aprobada la "Ley de Humanización y Democratización del Sistema Carcelario".

Deleo, hasta entonces especializado en victimarios, comenzó a pensar en las víctimas a partir de un episodio que le ocurrió en el CNR. Dos reclusos que estaban internados allí, ambos compañeros en una causa de rapiña, le expresaron su interés en pedir perdón a la víctima de su delito. Deleo rastreó a la víctima, le hizo el planteo, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. "La persona me dijo que estaba bien, que aceptaba la disculpa, pero que aquél era un capítulo cerrado de su vida y que no quería volver a saber más nada de eso", rememoró Deleo.

CONTENCIÓN RÁPIDA. "La propuesta que yo presenté a principios de este año está basada en dar respuesta rápida de contención, y no de tratamiento, a la víctima de un hecho violento. La contención será realizada por un equipo técnico-profesional que actuará en paralelo", explica el flamante director del CAVV.

Antes de continuar puntualiza: "No nos encargaremos del tratamiento. ¿Por qué no tratamiento? En lo personal pienso que el Ministerio del Interior no debe formular tratamientos, sino que debe ser un articulador y un facilitador que actúe con la amplia red de organizaciones, tanto privadas como públicas. Hay organizaciones, por ejemplo en materia de violencia doméstica y de maltrato infantil, que han desarrollado un amplio know how y tienen una gran experiencia en estos casos, a ellos deberían ser derivadas las víctimas que necesiten de un tratamiento", señala Deleo.

El escenario que Deleo se plantea para sus futuras operaciones será el de colocar a los integrantes de su equipo junto a la víctima de un hecho violento, mientras policías de comisaría o de la Dirección de Investigaciones hacen su trabajo en la escena del hecho.

"Nuestro objetivo será trabajar con el estrés postraumático y reducir la victimización secundaria, que una persona no tenga que estar repitiendo 16 veces lo que le pasó, que esté informada de sus derechos, si se recuperó el objeto que perdió, si se reparó el daño que le hicieron", señala el jerarca.

Pero no sólo en el momento más "caliente" es que se propone actuar el CAVV. "Es necesario hacer el seguimiento de los casos, la sintomatología de un hecho traumático puede aparecer a los dos o tres meses recién y después no se sabe a qué atribuirlo", agrega.

Deleo advierte tres síntomas típicos de esta situación: dificultad de la víctima para el relacionamiento, crisis de pánico regulares, ausentismo laboral.

"Basta pensar en cómo se siente una persona que regresa a su casa y se encuentra con todo revuelto, puertas y ventanas rotas", comenta Deleo.

UNA HERMANA. La contención, que ahora será sistematizada, a veces es tenida en cuenta. "Cuando salíamos para allá sabía que había habido un copamiento con una persona muerta, del sexo masculino, y estaban pidiendo una policía femenina para que acompañara a la señora", relató la agente Hilda Palavecino, de la comisaría 10ª de Punta del Este. En ese momento, viernes 2 de junio de 2006, a las 10 de la noche, Reina Picún de Santa Cruz (69) estaba en el living de su casa, Caicobé, en la parada 11 de la Brava, junto al cuerpo de su marido Enrique. Dos hombres con pasamontañas y revólveres habían entrado por una puerta lateral que da del porche al living. "Uno le puso el revólver en la nuca a mi marido, que no llegó a darse vuelta para ver qué pasaba y lo ejecutó de un tiro. El otro me miró a mí", contó.

"Cuando llegué estaba el señor en el suelo, recién había sucedido y la señora bastante afectada, como es normal. Estaba todo el equipo trabajando y yo fui específicamente para atender a la señora. Una persona cuando le ha pasado eso está todo el tiempo hablando de lo mismo, repite las mismas cosas", recordó la uniformada. La agente se identificó con la víctima: "la señora es viuda, yo también, a uno le es más fácil atender a la persona porque cuando uno pasó lo mismo se da cuenta". "Ella fue como una hermana en ese momento", afirmó Picún.

"INTENSIVISTAS". El director del CAVV se fijó un plazo de 120 días para tener a su equipo completo. Para conformarlo hará un llamado interno a funcionarios del Ministerio del Interior: policías ejecutivos y técnicos, básicamente asistentes sociales y psicólogos.

La plantilla del CAVV estará conformada por 40 funcionarios que trabajarán en tres equipos por turno, las 24 horas. Cada equipo estará conformado por dos personas: un policía ejecutivo y un técnico.

"En principio lo que nos planteamos es actuar en forma coordinada con el servicio 911, recibiremos las novedades y con los equipos evaluaremos si intervendrán o no", explica Deleo. El jefe del CAVV pretende que quienes actuarán en cada equipo tengan un perfil de "policías comunitarios". "Que estén acostumbrados a trabajar con la gente, pero además sean conocedores de los procedimientos para no distorsionarlos con nuestra intervención", explica.

La unidad tendrá tres grandes áreas: una jurídica, encargada de informar sobre los derechos que tiene una víctima de delito, un área de intervención en crisis y por último un área de descentralización con la tarea de capacitación del personal policial, así como de nexo con otros programas y organizaciones, públicas y privadas.

"En el mismo momento en que salta la novedad de un hecho en la Mesa de Operaciones, el equipo evaluará si actuar o no. La idea es no interferir con la labor netamente policial, resguardar los aspectos que sirvan a una investigación, y preservar a la víctima", indica Deleo.

22% Una de cada cinco personas fue víctima de un delito en el último año de acuerdo a los datos del Barómetro de las Américas.

41% Es el porcentaje de esas víctimas que no denunció el delito que sufrió, de acuerdo al mismo estudio, difundido hace un mes.

El 73% de las personas consultadas en la encuesta percepción sobre Exclusión Social y Discriminación, realizada entre fines de 2006 y principios de 2007, afirmaron no haber sufrido un delito en los últimos 12 meses. Ni ellos ni nadie de su entorno habían sido víctimas, según este estudio. "Este dato muestra por un lado que la victimización no es general sino que se concentra en un grupo de personas y por otro que debido a la forma en que se dimensiona socialmente esta victimización genera una sensación de inseguridad generalizada", indicó el sociólogo Gustavo Leal al presentar el trabajo.

Al representar geográficamente la información, los barrios con más incidencia de delitos resultaron ser los de mayor poder adquisitivo de la zona metropolitana: costa de Montevideo y Ciudad de la Costa Sur.

El Centro de Atención a las Víctimas integra el denominado Esquema Integral de Seguridad Ciudadana. Este plan de trabajo discutido durante cuatro meses por los oficiales superiores que integran la Junta Asesora de Servicios Policiales fue el que, finalmente, presentó hace pocos días atrás la ministra del Interior, Daisy Tourné.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por El País señalaron que la implementación del plan partió de una profunda autocrítica hecha por los oficiales sobre la actuación de la Policía. Principalmente en Montevideo, "con el incremento de algunas modalidades delictivas" que, a juicio de los oficiales, no estaba teniendo una respuesta adecuada.

Uno de los casos analizados con ojo crítico durante la discusión del plan fue el de la contadora Claudia Pereira, que fue víctima tres veces de intentos de asesinato.

Si bien el caso se considera aclarado desde el punto de vista policial, se cree que la víctima quedó desprotegida al no contar con custodia policial desde el arranque de la investigación que llevó varios meses. "¿Y si le hubiera pasado algo entonces, cómo estaríamos nosotros?", se preguntó uno de los oficiales consultados.

En esa discusión pronto comenzaron a llegar las conclusiones. "La prevención es la actividad principal de la Policía", fue una de las centrales, comentaron las fuentes.

Ello llevó a replantear el papel de las comisarías, por un lado, y la creación de instrumentos de acercamiento con la comunidad que allanaran el trabajo preventivo de la Policía.

"Lo que nos planteamos es cómo puede ser que en otras partes del país, como en Canelones por ejemplo, funcione el programa de Policía Comunitaria y aquí en Montevideo no. Eso no puede ser, un programa es para ser cumplido por todas las unidades del país, no para que quede a voluntad del jerarca encargado", planteó una de las fuentes ministeriales consultadas.

En varias zonas de Canelones el programa ha tenido fuerte repercusión entre los vecinos que participan de talleres, mantienen contactos periódicos con su "policía comunitario" del barrio y por ese mecanismo se ha logrado atenuar la sensación de inseguridad y desamparo que muchas veces ganan a sectores de la población.

El Esquema Integral pone el acento en las labores de patrullaje y mayor presencia uniformada en la calle, bajo el principio de "actuar antes de que las cosas sucedan".

"El principio fundamental que es propio de las policías más modernas del mundo, es que el policía de a pie es el líder más importante que tiene la institución y que lo que éste haga o deje de hacer, afectará la imagen y la confianza que la población tenga sobre el servicio", expresa un pasaje del documento base del Esquema Integral al que El País tuvo acceso. Y como contrapartida de ello fortalecer unidades netamente represivas del delito, como es el caso de la Dirección de Investigaciones de Montevideo. Para esta unidad, cuyo personal actúa de civil en la investigación de distintos delitos, se propone una mayor especialización y modernización de la gestión. "A lo que se tenderá es a que funcione también como una unidad de inteligencia criminal, analizando información y alertando sobre distintas modalidades delictivas", explicaron las fuentes.

Una reciente encuesta de la empresa Factum, divulgada por radio El Espectador, reveló que tres de cada cuatro uruguayos cree que la seguridad pública está funcionando mal.

Según los resultados del sondeo de opinión, conocido el pasado 18 de julio, el 75% de los uruguayos consultados respondió que la seguridad pública está "mal", el 20% respondió que "más o menos", y sólo el 5% contestó que estaba "bien".

El titular de la firma encuestadora, Eduardo Bottinelli, dijo que los resultados muestran que el tema de la seguridad "es un grave problema, uno de los más complicados que debe enfrentar el gobierno nacional y la ministra Daisy Tourné, no sólo porque afecta a la imagen del gobierno, sino más bien por lo intrincado que resulta".

Otro dato revelador que arrojó la encuesta es que el 68% de la población considera que se debe "proteger la seguridad pública aunque se afecten los derechos y las garantías de los delincuentes y los presos". En el otro extremo, un 26% de los encuestados considera que se deben proteger derechos y garantías de todos, incluso de delincuentes y reclusos, "aunque se afecte la seguridad pública".

Tres veces intentaron matarla y las tres veces fallaron. El caso, que llegó a adquirir aristas tragicómicas, fue tomado muy en serio por las autoridades policiales (ver "Autocrítica..."). La primera vez que la contadora Claudia Pereira denunció un intento de asesinato fue una nochecita de febrero. En la puerta de su apartamento de Pocitos, una mujer desconocida, con una capucha, intentó balearla, acuchillarla, sofocarla con una almohada y ahorcarla con una corbata. No pudo, pero la víctima, terminó internada en el Hospital Británico. Allí sufrió un nuevo atentado, cuando una mujer -la Justicia no ha determinado quién- le inyectó insulina exógena y le provocó un cuadro grave, del cual salió rápidamente. La Policía tenía intervenidos teléfonos sospechosos (el del marido, a la postre culpable) y dos intentos de asesinato. Aun así, Pereira no tenía custodia. Hasta que dos sicarios le dispararon un domingo de abril y el caso se resolvió.