Salvaguardas biunívocas

ALEJANDRO NOGUEIRA

Las cámaras empresariales, lógicamente asustadas con la crisis financiera del mundo desarrollado, señalan que las reglas de juego cambiaron y que hay que establecer salvaguardas en los acuerdos salariales. Establecer compromisos a 30 meses en este mundo volátil como si fuera estático no es de buen criterio y responde al deseo del gobierno de asegurarse paz laboral en el año electoral que ya bastante complicado tiene.

Las mismas patronales se oponían hace diez minutos a establecer cláusulas de salvaguarda ante el brote inflacionario que amenazaba a los salarios y que reclamaban los sindicatos para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Los gatillos, ¿son buenos cuando van en un sentido pero no en otro?

Y el Pit-Cnt ¿va a aceptar gatillos que reduzcan los salarios si la crisis golpea a un sector productivo o a todos? Probablemente no, porque en la visión corporativa, cualquier mirada es miope.

El gobierno no quería cláusulas gatillo para no indexar los salarios y seguir alimentando la inflación, con precios ya presionados por factores exógenos no manejables. Pero ahora se aviene a contemplar la realidad y en esa realidad hay, a la vez, un componente de incertidumbre económica global y riesgos de empujes en los precios.

Mientras, la conflictividad se desboca entre ofertas paupérrimas de las empresas y demandas desmedidas de los sindicatos.

Ya aparecen episodios gravísimos, no por su efecto concreto, sino por su significación, como es el caso de los piquetes de taximetristas parando a autos de alquiler que estaban trabajando y bajando al pasaje ante la mirada impertérrita de la Policía. ¿Qué diferencia tienen estos episodios con los piquetes argentinos en el puente? El ciudadano inerme, otra vez.

Las rondas salariales siguen trancadas y todo indica que se mantendrán así en la mayoría de los Consejos de Salarios hasta que el gobierno laude por decreto. Cuando esto ocurra, deberá tener en cuenta ambas variables en empresas y los trabajadores deberán asumir que la flexibilidad salarial forma parte de la supervivencia de las unidades productivas y de los puestos de trabajo. Y que incluso, unas y otros no están garantizados a menos que se trate de patronales y empleados públicos.

El caso del Casmu es casi de laboratorio porque de nuevo están los tres actores -empresa (paradojalmente de conducción gremial), la FUS y el gobierno- echándose las culpas con los afiliados de rehenes. El debate de si la sangre llegó al río por mala gestión, impacto de la reforma de la salud o costo salarial podría ser eterno y seguramente hay razones repartidas, pero esto no aportará ninguna solución que garantice el funcionamiento y la continuidad de la mutualista, el mantenimiento de los puestos de trabajo y las garantías de servicio sanitario a los usuarios. El colapso de la principal mutualista del país no es, naturalmente, un asunto privado.

Un cronograma salarial rígido a 30 meses, con mejora real asegurada de manera independiente a la situación de un sector o de una empresa, es un esquema inviable para estos acuerdos. La última jugada es del gobierno porque, las otras partes, sólo miran su bolsillo.