El Estado accionará contra su personal

En forma sorpresiva, la bancada oficialista aprobó ayer en Diputados un proyecto de ley que reglamenta el artículo 25 de la Constitución e "incentiva" al Estado a accionar contra sus propios funcionarios cuando pierde un juicio con un tercero porque un empleado estatal actuó con "culpa grave o dolo".

El proyecto tiene media sanción y pasa al Senado, donde a la vez "duerme" desde hace un año un proyecto de responsabilidad penal para ex ministros.

El proyecto dice que todo organismo que resulte condenado como responsable civil de un daño causado a terceros "deberá pronunciarse expresamente sobre la configuración de dolo o culpa grave de sus funcionarios". Y deben iniciarse acciones de repetición contra los funcionarios, "a menos que el organismo respectivo disponga que no corresponde, por resolución fundada de su jerarca máximo".

El artículo 25 de la Constitución establece la responsabilidad directa de los órganos públicos y una posibilidad de repetición "contra los agentes causantes del daño", pero hasta ahora no había norma que lo reglamentara, dijo a El País el diputado de la Vertiente Artiguista Edgardo Ortuño, autor del proyecto. En octubre de 2006 el Ejecutivo emitió un decreto que prevé mecanismos de repetición contra los funcionarios, pero lo limita a la Administración Central y organismos del artículo 220.

Este proyecto "simplifica el trámite", lo amplía a todo el Estado e incluso a funcionarios con contratos a término. La oposición no votó ayer el primer artículo y el diputado blanco Luis Lacalle Pou afirmó que es difícil que un jerarca que actúa con dolo "se acuse a sí mismo" y los funcionarios "pagarán los platos". Sin mencionarlo directamente, Lacalle puso el ejemplo de la intendencia y el caso Bengoa.

Hoy existen 2.000 juicios contra el Estado y los reclamos se estiman en U$S 600 millones a 2005. El Ministerio de Educación apronta la operativa para centralizar toda la información.