Con más problemas que alumnos

| Canelones. Primaria busca solución a ocupación de escuela 147; hay denuncias cruzadas

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El País

N P. MANGO Y D. FRIEDMANN

Los padres ocupantes de la escuela 147 de Santa Rosa cortarán la ruta 11 hoy si Primaria no expulsa a cuatro alumnos acusados de "violentos". Las autoridades trasladaron el tema a la Justicia y defienden el derecho de educación de todos los niños.

El caso es sumamente complejo y excede la situación dentro del aula. En él coexisten al menos cuatro acciones judiciales. Primaria hizo dos: una días pasados por la ocupación de los padres y otra meses atrás por la situación de los cuatro hermanos. A su vez, la directora de la escuela realizó otra en abril por considerar que esos niños estaban en estado de abandono moral y afectivo. Y la madre de los niños inició una acción penal contra la directora del centro educativo.

Hoy, el consejero de Primaria, Óscar Gómez, concurrirá al sitio para "conocer de primera mano" la situación e intentar allanar un camino para que se pueda retornar a los cursos.

OCUPANTES. La docena de padres que ocupaban ayer el predio de la escuela, denuncian que esos cuatro hermanos son responsables de amenazas, actos vandálicos y obscenos contra sus nueve compañeros.

Alicia Amarillo, por ejemplo, afirmó a El País que decidió cambiar de escuela a su hija de 4 años cuando en la primera semana de cursos uno de esos niños le dio una paliza. Está resuelta a que la niña vuelva a "La Quemada" si se van los "problemáticos". Hay otros cuatro casos similares.

Ayer de tarde los ocupantes exhibían unas 30 firmas recogidas durante el pasado fin de semana cuando vecinos, ex alumnos y más padres se sumaron a las siete familias que acamparon en el predio del local, ubicado en Puntas de Pantanoso.

En Santa Rosa, a tres kilómetros de allí, también están reuniendo adhesiones.

La decisión unánime de esos padres es negarse al traslado de sus hijos a otro centro educativo. Sostienen que si no se expulsa a los cuatro alumnos "problemáticos" del lugar no enviarán más a sus hijos al local en lo que queda del año ni tampoco en 2009.

"¿Por qué cuando un preso quiere un traslado se sube a un techo y en veinte minutos se le da? ¿Me tengo que subir al techo de la escuela con una soga al cuello? ¿Por qué valen los derechos de estos niños a educarse y los míos no?", dijo a El País Ángela Cor.

A Gómez, escuchar a los padres decir que sus hijos volverán a la escuela siempre y cuando retiren a los niños que acusan de problemáticos le hace recordar a "procedimientos del lejano Oeste", que implican una especie de "linchamiento".

Paralelamente, Enrique Palomeque, padre de dos niñas que concurrían a esa escuela y ahora asisten a la de Santa Rosa, ofreció parte de su terreno para construir un local donde no tendrían lugar los cuatro hermanos.

En tanto, varios de los padres que pretenden que se expulse a los cuatro hermanos dicen haber sido denunciados por la madre de estos chicos. Es el caso de Fernando Cecilio, Ariel Palomeque y Angela Cor.

Pero varios presentan acusaciones contra la mujer. Adriana Duarte, por ejemplo, dijo que su hija (ahora liceal) fue testigo hace un año y medio de una "ocupación" violenta de la madre de los cuatro hermanos. "Ingresó abruptamente y se encerró en el aula. Los niños corrían por la ruta", contó.

Derecho "de todos". Las autoridades educativas tienen conocimiento desde hace al menos tres años de los problemas en la escuela y tomaron acciones frente a esa situación, dijo a El País el consejero Gómez. "Es un expediente de siete legajos y más de mil hojas. Hemos dispuesto que haya dos maestras, lo que no es común cuando es una escuela con 13 niños, para brindar una atención mucho más personalizada. También enviamos equipos multidisciplinarios que no han podido terminar los tratamientos, ya que no tenemos poder coercitivo para que los niños asistan. No es sencillo resolver un conflicto de esta naturaleza", sostuvo el jerarca.

Sin embargo, algunos padres señalan que este tipo de intervenciones dejó a sus hijos en inferioridad de condiciones frente a otros alumnos de otros centros educativos. "A veces sólo venía un psicólogo o pasaban la mañana haciendo gimnasia. No había clases curriculares. Las consecuencias mi hija las vive en el liceo", afirmó Adriana Duarte.

Gómez insistió en que el deber del Consejo de Primaria es proteger "el derecho de la educación de todos los niños, también de los que tienen dificultades sociales o de conformación familiar". Y señaló que las autoridades educativas carecen de herramientas para obligar a los padres de determinados niños a que cambien a sus hijos de escuela. "Por eso entendimos pertinente remitir el tema a la Justicia para que pueda echar luz sobre el asunto", afirmó el jerarca.

Además, una vez que el Consejo de Primaria tomó conocimiento de la ocupación envió a una escribana e inspectora "para que los padres tuvieran la conciencia de la responsabilidad que tenían por ocupar un predio del Estado e impedir el normal desarrollo de los cursos. Ello implica interrumpir el derecho a la educación de un grupo de niños", dijo Gómez. Agregó que los padres firmaron el acta de ocupación y que paralelamente Primaria dio cuenta a la Justicia de lo que sucedía.

DE FAMILIA. El 21 de abril de este año la directora de la escuela 147 denunció ante el juzgado letrado de 2° turno de Canelones (que atiende asuntos de familia), a cargo de Sonia Piaggio, la situación de abandono moral y afectivo de los cuatro hermanos, dijo a El País el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.

La magistrada tomó declaración a los padres y a los cuatro niños. Luego designó a una asistente social para que elaborara un informe. Esa evaluación recomendó un análisis psicológico de los niños. Expresó además que los hermanos no lograron construir vínculos sociales sólidos. Sin embargo, no encontró comportamientos inadecuados para la edad.

El 3 de septiembre estaban citadas a declarar la directora de la escuela y una de las maestras. Esta última no concurrió por motivos de salud. Su superior entregó allí el libro de novedades de la escuela, donde figuran múltiples anotaciones de incidentes que involucran a los cuatro hermanos.

Ahora, Piaggio solicitó un informe a la Administración Nacional de Educación Pública y pidió al Instituto Técnico Forense una evaluación de personalidad y relaciones de los cuatro niños y también de sus padres, dijo Oxandabarat.

Las cifras

30 Son las firmas que juntaron los padres que ocupan la escuela N° 147 en apoyo a su demanda: la expulsión de 4 niños.

13 Son los niños que concurren a la escuela. Son atendidos por dos maestras, ya que se amplió la dotación a raíz de este problema.

Violencia en espacio Educativo

PARADOJA La violencia en el ámbito educativo es negada y silenciada, pese a que se ha agravado en los últimos años en todo tipo de escuelas, regiones y sectores socioeconómicos, señala la criminóloga argentina Hilda Marchiori, en su estudio "Violencia escolar".

ENTRE NIÑOS Desde robos de pequeños objetos y lesiones, hasta ataques sexuales, homicidios y suicidios pueden darse en el ámbito educativo. Para enfrentarlos debe considerarse la imitación de conductas agresivas incorporadas en los hogares, las respuestas institucionales inadecuadas y tardías, la falta de apoyo a los docentes y la incomunicación entre padres y docentes.

NIÑOS Y ADULTOS Los niños pueden llegar a agredir al maestro, mientras que el personal docente ejerce frecuentemente violencia emocional.

ENTRE ADULTOS Las agresiones verbales o físicas entre adultos frente a los alumnos son una de las situaciones más graves, porque implican un modelo para los niños.

MEDIDAS La respuesta institucional ante una manifestación de violencia en el ámbito educativo "debe ser totalmente educativa", o sea, no violenta, apelando al diagnóstico, la mediación, la conciliación y la reparación, señala Marchiori.

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