IMM reconoció que aforos son "injustos"

El director de Recursos Financieros de la Intendencia Municipal de Montevideo, Enrique Cabrera, reconoció ayer ante la Junta Departamental que algunos aforos de automóviles usados son "injustos", aunque dijo que el tema puede resolverse a través de una modificación de las alícuotas, asunto que debe ser abordado por el Congreso Nacional de Intendentes. En este sentido, el jerarca dijo que hay personas "que tributan donde no tienen que tributar", en referencia a los autos matriculados especialmente en el departamento de Colonia, y que es necesario "evitar la evasión".

La Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma) expresó ante los ediles de la Junta Departamental su preocupación por el valor de los aforos de los automóviles usados.

Cabrera concurrió a la Junta Departamental acompañado por el director de Tránsito y Transporte, Gerardo Urse, y el gerente de Transporte, Gonzalo de Toro. Se aguardaba también la presencia del director de Jurídica, Javier Miranda, quien no concurrió.

Los jerarcas habían sido citados por el edil nacionalista Daniel Graffigna para responder a cuestionamientos sobre los aforos de los vehículos usados y el funcionamiento de la cooperativa 31 de Enero, que tiene a su cargo el estacionamiento tarifado de la ciudad.

En este sentido, el legislador departamental dijo que la retención de automóviles es "inconstitucional".

De Toro informó que se guinchan unos 1.000 vehículos por mes y que sólo hay 19 "problemáticos", a lo que Graffigna replicó diciendo que "eran más", de acuerdo a declaraciones formuladas a El País por el presidente de la cooperativa 31 de Enero, César López.

Fue entonces que el jerarca aclaró que hay otros 24 vehículos que pertenecían a la ex Autoparque y que se encuentran en el lugar desde hace 4 o 5 años. Urse, en tanto, remarcó la necesidad de conseguir un nuevo lugar para colocar los vehículos "en custodia", porque el galpón de la cooperativa, de Cuareim y Tajes, ya no tiene más espacio. Adelantó además que se está estudiando un sistema de pago con tarjeta de crédito, para lo cual se llamará a una nueva licitación.

Según Graffigna, la situación generada con el guinchado "es parte de la represión de la Intendencia capitalina hacia los vehículos empadronados en el Interior".