ALEJANDRO NOGUEIRA
La ministra Tourné -en rigor el gobierno (no sólo debe responsabilizarse a ella de esto)- eligió un plan de seguridad acorde con su concepción del problema. Ella y la administración piensan que la cuestión de la seguridad pública en más un tema de sensación térmica, de malicia mediática y de juego opositor, que una realidad cotidiana. Y la respuesta fue acorde a este enfoque.
Estiman que más policías visibles en la calle generan la "sensación térmica" de más seguridad y que las puestas en escena de conferencias de prensa pluriministeriales y ceremonias prosopopéyicas de asunción de nuevos jefes policiales contrarrestan la percepción ciudadana de los arrebatos y las rapiñas.
El esfuerzo de aumentar los patrullajes es meritorio, aunque los resultados sean dudosos. Como bien dijo un sindicalista policial, el arrebatador esperará que el policía dé vuelta la esquina y robar un auto lleva 30 segundos.
Y si este plan tiene éxito -hay también esfuerzos de gestión, no sólo de patrullaje- tendrá, a su vez, consecuencias que habrá que atender. Si la Jefatura de Montevideo tiene un nivel de eficiencia del 13% y genera 1.800 procesados al año, si lo duplicara a apenas el 26% tendríamos 3.600 reclusos nuevos. ¿Dónde los pondrán? Y si se ataca el delito de la minoridad e incluso se baja la edad de imputabilidad, como está dispuesto a considerar el presidente Vázquez, ¿qué va a hacer el padre Mateo Méndez?
En la puesta en escena de los ministros de la comisión de Seguridad de esta semana hubo una vocecita que apenas se escuchó. No dijo nada nuevo, pero lo que dijo es el meollo de la cuestión. El nuevo ministro de Economía, Álvaro García, resumió el aporte de su cartera a aclarar que el nuevo Esquema Integral de Seguridad no supone nuevos gastos, que los esfuerzos fiscales fueron para reducir la pobreza y la indigencia (ese sería el aporte) y que el Ministerio del Interior no gastará un peso más de lo previsto en la Rendición.
Naturalmente, aquí esta la clave de la política de seguridad del gobierno y por eso su respuesta es mostrar policías aunque no tengan la suficiente preparación, los recursos técnicos, de infraestructura, de móviles, ni la humana energía (porque necesitan jornadas de 16 horas para comer con el 222).
Como está planteado el asunto, en términos político-electorales, la ciudadanía puede despedirse de soluciones de fondo. Deberá seguir invirtiendo en cautela, temor, rejas y alarmas, seguridad privada, o resignarse a que la estadística de la violencia no los incorpore como individuos a los fríos números. El Pit-Cnt no reclamará nunca el 4,5% del PBI para seguridad, ni la cuestión dejará de ser una bandera programática más de cualquiera de los partidos en la próxima campaña. Como en otros temas medulares y como muestran los países desarrollados, no hay seguridad sin políticas de Estado y, sobre todo, sin plata.