A contra reloj, una comisión interna del Frente Amplio define el contenido de un proyecto de ley de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado y lo remitirá a comienzos de la próxima semana al Poder Ejecutivo, que debe adoptar una decisión final.
El plazo para aprobar el proyecto vence el 25 de octubre (las indemnizaciones allí incluidas implican gasto), por lo que la iniciativa corre serio riesgo de naufragar.
En ese marco, el Frente recibe presiones de diferentes organizaciones. "Nunca más", colectivo de víctimas del terrorismo de Estado, envió esta semana una nota a la Mesa Política del Frente, donde expresa preocupación por el "poco interés" del oficialismo en aprobar una ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y advierte que ahora "el tiempo se agota". También denuncia que los legisladores que estudian el tema "no conceden entrevistas" a los interesados.
El abogado Óscar López Goldaracena, que elaboró un proyecto en 2007, también dijo a El País que le preocupa "que se esté trabajando tan en secreto" y espera el texto definitivo.
En tanto, el diputado colorado Daniel García Pintos presentó en su momento un proyecto de ley de reparación económica a familiares de "todas las víctimas de las épocas de enfrentamiento" y reclamó esta semana en la comisión de Constitución que la iniciativa "no naufrague". Su proyecto fue respaldado por Presidencia, pero duerme en un cajón y no sería votado.
Los legisladores del Frente nunca aceptaron esa iniciativa y trabajan en una ley de reparación a las víctimas del terrorismo. "El Ejecutivo puede tachar, agregar o sustituir el borrador que mandaremos. Pero si lo envía al Parlamento, correrán los tiempos parlamentarios y debe aprobarse antes del 25 de octubre", dijo a El País el diputado socialista José Luis Blasina, que integra la comisión.
EJES. Tomando como base una resolución de Naciones Unidas, el proyecto de reparación integral tiene cinco puntos: perdón del Estado (reconocimiento de lo sucedido); las garantías de no repetición; la restitución de derechos; la "dignificación" de las personas y la indemnización.
La diputada de Asamblea Uruguay Daniela Payssé explicó que, aunque otras leyes han contemplado situaciones, "hay universos que no han sido contemplados". El objetivo es "aproximarse a un proyecto viable", que "contemple los universos no atendidos" y laude la reparación integral. "Todo depende del ritmo y los acuerdos que alcancemos. La voluntad política existe, pero los tiempos constitucionales nos están acotando", admitió.
El proyecto de López Goldaracena establece indemnizaciones diferentes, siguiendo los criterios de Naciones Unidas: porcentajes mayores para mujeres y niños, y para los que recibieron torturas.
El proyecto del oficialismo incluye el perdón del Estado por las violaciones e incluso la actuación "ilegítima" antes de junio de 1973. En cuanto a la restitución de derechos, se contemplaría la salud de quienes "sufrieron consecuencias físicas o sicológicas".