Un estudio sobre la situación de los trabajadores activos que aportan a la Caja Bancaria, elaborado por el economista Adolfo Díaz Solsona, concluye que los empleados que pasen a integrarse a la misma serán los más afectados por el cambio.
Algunos de los 4.500 empleados que pasarán a aportar a la Caja Bancaria, tienen la idea de impugnar el proyecto si es que se convierte en ley. Aunque otros empleados de administradoras de crédito -como la mayoría de los trabajadores de OCA- no tienen problemas con el cambio de régimen.
El estudio de Díaz Solsona aún no está terminado, pero el economista adelantó alguna de sus conclusiones en diálogo con El País.
Señaló que en general los 4.500 trabajadores que pasarán a aportar a la Caja Bancaria en vez del régimen general, son jóvenes y de sueldos bajos.
Explicó que esos empleados hoy aportan al Banco de Previsión Social y a una AFAP, porque desde "muy jóvenes están aportando a una AFAP, capitalizando intereses sobre intereses". Este mecanismo es una manera "de subsidiarlos", lo que "filosóficamente es emparejemos para arriba" a diferencia de la Caja que tiene topeadas sus jubilaciones en $ 41.920, dijo.
"Esa gente que pasa a la Caja tiene un impacto muy grande porque pierde esos aportes", expresó el economista.
Además, "es mucho más fácil tener una crisis en el sistema de la Caja" afirmó Díaz Solsona, tanto por problemas demográficos (aumento de la esperanza de vida) como por los vaivenes que tiene un sector de la economía, que en el conjunto del régimen general se disimulan.
Pero no todos los trabajadores de administradoras y empresas de crédito, así como transportadoras de seguridad están en contra de pasar a la Caja Bancaria.
En el sindicato de OCA (una de las empresas que pasa además a aportar a la Caja), "el 98% de los cerca de 300 afiliados están de acuerdo en pasar a la Caja", dijo a El País la integrante de la representativa de OCA, Patricia Fischer.
Agregó que "unos 40 funcionarios, que no están afiliados al sindicato y ocupan cargos, son los que están en contra".