Padres unidos contra las maquinitas en los barrios

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ANA PAIS Y JOSÉ LUIS ÁLVAREZ

En cualquier bar, kiosco, almacén o club del país es posible encontrar máquinas tragamonedas y parroquianos apostando. Mientras los comerciantes quieren que la actividad se reglamente, un grupo de padres junta firmas para prohibirla.

"Lo que no está prohibido está permitido", dijo Luis Alberto Lacalle Pou (Partido Nacional), integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Allí se estudió el vacío legal sobre las máquinas tragamonedas barriales y se decidió, a principios de septiembre, pedir al Poder Ejecutivo un marco regulatorio de la actividad.

El tema comenzó a ser tratado el año pasado. El 28 de noviembre de 2007 representantes de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje), fueron recibidos por la Comisión. Las más de 15.000 máquinas en los cerca de 2.000 locales que forman parte de la Asociación trabajan por lo general en un régimen de 50% y 50% con los dueños de las máquinas.

Carpinteros, herreros y electricistas uruguayos fabrican los juegos de cerezas y sietes que giran predeterminados por softwares importados, explicó en la ocasión Gerardo Dibbern, abogado de la asociación.

Los comerciantes piden que se elabore un listado de los propietarios y de las máquinas en el mercado, que éstas sean homologadas por el LATU y que las exploten empresas unipersonales y no sociedades anónimas, entre otros reclamos.

También propusieron pagar al Estado un canon mensual de 1 o 1,5 UR, basándose en un estudio que estableció la ganancia de las tragamonedas entre $ 1.000 y $ 1.200 por máquina. Esta sería la contraprestación de los locales a cambio del control y fiscalización de la actividad, dijo Dibbern a El País. Y aclaró que los comerciantes de Aufoje son pequeños empresarios que pagan impuestos y los aportes correspondientes.

OPOSICIÓN. Héctor Silvera, un padre de adolescentes, comenzó a conversar el tema con otras personas que tienen hijos. Así, consiguió que unos 500 padres de varios departamentos firmaran una carta para legisladores y autoridades de INAU, que expresa su "preocupación" por la presencia de máquinas "para uso indiscriminado del público". También se manifiestan "en contra" de ellas.

Para Silvera debería prohibirse esta actividad que fomenta que los padres de familia de más bajos recursos pierdan dinero jugando unas fichas cuando van al almacén a comprar pan y leche. O peor aún, que da la posibilidad de apostar a menores de edad, quienes terminan gastando la plata para la merienda, ejemplificó.

En cambio, Dibbern dijo que en 2007 se hizo una sola denuncia en INAU por menores jugando. Desde 2003, por resolución del Instituto, todos los locales de Aufoje tienen un pegotín que indica que los menores de 18 años tienen prohibido apostar en las máquinas y son controlados por los inspectores de forma periódica.

Iván Posada, diputado por el Partido Independiente, dijo: "Sería un dislate si se le da marco jurídico a una actividad que contribuye a desarrollar vicios sociales. La proliferación de este tipo de maquinitas busca lucrar a partir de la gente de más bajos recursos".

En este sentido, Dibbern dijo que según un trabajo sociológico de Rafael Bayce, la actividad no genera adicción porque se trata de montos chicos: "Se trata de una actitud recreativa de parte del jugador", dijo.

ENTRETENer. "¿Qué pasa con la gente de Vichadero o de pueblo Ansina? ¿Acaso después de trabajar no tiene derecho a contar con este tipo de esparcimiento y a acceder a esta nueva tecnología? ¿Para ello tiene que ir al Conrad o tiene que venir a Montevideo? Son nuevas modalidades de juego que se han dado en todo el mundo y creemos que es momento de crear una ley que regule y reglamente esta actividad", expuso Dibbern en el Parlamento.

En este sentido, Lacalle Pou opinó que se le debería dar un marco legal similar al de otros juegos de azar y establecer lugares específicos para su funcionamiento, lejos de los niños y jóvenes, aunque no supo especificar dónde.

Para el abogado de Aufoje, las máquinas deberían limitarse a los lugares de esparcimiento, como bares, cantinas, clubes sociales y kioscos.

Por el contrario, no tendrían que permitirse en almacenes, rotiserías, heladerías y locales similares, opinó.

TESTIMONIO. "Cuando vayan a la Comisión (de Constitución) del Parlamento, si quieren, me llevan de testigo; con la experiencia de más de 35 años en el Poder Judicial les puedo asegurar que gracias a las máquinas tragamonedas tengo al pueblo más tranquilo", dijo Dibbern en la reunión citando a "la doctora Montiel, jueza de Paz departamental de San José, que hizo toda su carrera en el Interior y conoce mucho lo que ha sido el juego" allí.

Dibbern reprodujo ante los diputados el testimonio de la jueza como parte de la argumentación a favor de reglamentar la actividad.

"Al estar las máquinas en los bares, en las cantinas, en los clubes sociales, hay menos juegos agresivos como el tute (...), el monte, etcétera, donde hay interacción de las personas, donde los parroquianos toman unos tragos y después hay discusiones, peleas, lesiones, etcétera", habría explicado la jueza al abogado.

Dibbern agregó en la ocasión: "Ella me dijo que desde que están estas máquinas, ese problema ha disminuido en un 60% en la ciudad de San José".

Sin embargo, la única jueza de Paz departamental de San José, Elsa Montín (y no Montiel) negó a El País los dichos y aseguró desconocer a quien los expuso. Incluso dijo que jamás tuvo a su cargo la dilucidación de instancias judiciales sobre esta temática.

Ante el desmentido, Dibbern ratificó el testimonio de la jueza y agregó que, de todos modos, otros jueces y policías pueden confirmar que las máquinas llevan tranquilidad a los pueblos.

1.200 Ganancia en pesos promedio que generan por mes las máquinas. Aufoje propone pagar al Estado un canon de 1 o 1,5 UR.