Hay cientos de denuncias por persecución política

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DANIEL ISGLEAS

A tres años y medio de gobierno frenteamplista, hay cientos de denuncias de persecución política contra funcionarios blancos y colorados en la administración pública. Cerca de cien casos están en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En lo formal, es una lesión de derechos de esos funcionarios en la carrera administrativa. Según las denuncias, esta situación, a la vez, se hace para favorecer a personas con notoria militancia o compromiso político con la coalición de gobierno.

Blancos y colorados han señalado que mediante disposiciones contenidas en la Rendición de Cuentas, el gobierno está montando estructuras paralelas en varios organismos estatales. El mecanismo utilizado, según la oposición, es el de proveer cargos de confianza hasta ahora "dormidos" por resoluciones de la anterior administración gubernamental que ahora son dejadas sin efecto.

Hay más de 500 casos de persecución política registrados ante la Secretaría de Asuntos Sociales (SAS) del Partido Nacional. De ellos, al menos 300 han sido probadas situaciones de persecución política en los organismos públicos, mientras que el resto se encuentra en distintas etapas de análisis preliminar, señaló a El País Guillermo Rey, secretario de esa dependencia del Directorio nacionalista. Las denuncias abarcan a prácticamente todas las reparticiones públicas.

Rey explicó que hay dos tipos de denuncias radicadas: unas de menor entidad, como el retiro de una compensación económica, y otras más graves, que son por la separación del cargo y la asignación de las personas a otras oficinas "sin que se les dé ninguna tarea".

"Es gente valiosa, con tareas significativas durante las administraciones anteriores, que es dejada de lado", resumió Rey.

En la SAS se les asesora jurídicamente para que presenten dos tipos de reclamos: a nivel sindical, con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y, en caso de no prosperar la reposición, se los pone en contacto con abogados para que presenten recursos ante el TCA.

SIN "CALOR". Pero el resultado del reclamo ante COFE recibe respuestas "frías", apuntó Rey. En el caso de funcionarios de origen nacionalista, el representante de Asuntos Sociales sostuvo que "no se pone calor" en el reclamo sindical ante los jerarcas del organismo que corresponda. COFE recibe el reclamo, "pero si no se tranca con todo al jerarca, la reposición no camina", señaló.

Rey denunció que, según testimonios escritos y firmados ante la SAS, hay casos de connivencia del sindicato con los jerarcas que tomaron las decisiones. Personas con cargos representativos en su sindicato han sido desplazadas de puestos importantes y se ha buscado "bombearlos" en la interna del propio sindicato. "Se les dice que conviene más que dé un paso al costado y que se lo pondrá en otra función", relató.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala conoce una denuncia registrada en la SAS sobre el caso de tres abo-gados de filiación nacionalista que, sin previo sumario ni cese de contrato, fueron separados de sus cargos. Respecto a este caso, en el TCA ya hubo un pronunciamiento favorable del Procurador del Estado en lo contencioso administrativo, informó el legislador.

Colorados. Esto no sólo ha afectado a funcionarios blancos. En los últimos tres años se han presentado cerca de 100 denuncias ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado por situaciones de persecución política. Los casos atañen a OSE, la Intendencia de Canelones y otras oficinas públicas, informó a El País Luis Hierro López, prosecretario general partidario.

El ejecutivo colorado encamina estas situaciones a varios estudios jurídicos. Uno de ellos es el del especialista en Derecho Administrativo Ruben Correa Freitas. El abogado atiende casos de cualquier partido, aclaró el letrado.

"Ahora tengo más de 40 juicios de reposición que terminarán ante el TCA y más de 50 recursos administrativos con varios organismos como Ancap, ANP, UTE, Antel, la DGI, por nombrar algunos. Pero hay muchos otros abogados en igual situación, es decir, con juicios entablados", explicó Correa Freitas a El País.

El reclamo ante el TCA es lento. Desde 2005, no ha habido ninguna resolución por casos de desplazamiento a causa de razones políticas.

La bancada del Foro Batllista de Diputados impulsará un aditivo a la ley de discriminación racial y sexual, por el cual será delito también la discriminación por razones políticas en la administración pública.