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Enrique Beltrán
Creo que muy pocos gobiernos en democracia tengan más poder que el nuestro. Toda la administración le pertenece al partido oficialista: la totalidad de los entes autónomos y de los servicios descentralizados y desconcentrados, la mayoría absoluta del Parlamento que refrenda las decisiones que ha adoptado el órgano político del oficialismo. No ha faltado una reiterada presión sobre la Justicia. No mejoró mucho el mismo criterio rígidamente exclusivista que tanto ha imperado a lo largo de cinco lustros de la comuna capitalina. Insatisfecho y siempre insaciable de poder, traduce la voluntad de ejercerlo, aún más allá del que le corresponde, a punto de extralimitarse de su competencia y de sancionar a los órganos públicos, cuando en el ejercicio de sus propias atribuciones se pronuncian contra los propósitos del Poder Ejecutivo, no contra sus potestades. Así ocurrió con el Fiscal de Corte Rafael Ubiría que, por su informe a favor de la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos, quedó marginado en sus retribuciones, en medio de aumentos generalizados de sueldos, a lo que se agregaron otras desconsideraciones. Esa fue la réplica a la independencia del Fiscal de Corte y a la independencia de su dictamen. Una manera similar de mal ejercicio de la función pública fue la negativa a aumentar el número de funcionarios de la Corte Electoral a pesar de la proximidad de las elecciones y de la grave insuficiencia denunciada por la Corte, para cumplir con toda eficacia su trascendente cometido si no se aceptaba esa solicitud. Esa hiriente negativa se produce para con un cuerpo enormemente prestigioso, de intachable tradición, que presidió el acto electoral en que triunfó el Frente Amplio en medio de las más amplias garantías, pero que no está constituido con el criterio que el oficialismo ha impuesto donde ha podido. La sanción por ello, fue la negativa a nombrarle nuevos funcionarios necesarios para realizar de la mejor manera las elecciones, en el mismo momento que una lluvia de ellos entraba por todas las ventanas a la administración.
Traduce un concepto de dominio de la función pública. Dueños de ella, son apenas pecadillos la violación a la ley, el abuso de poder, el cerrado exclusivismo, las irregularidades que se multiplican y hasta la soberbia de creer que nuestra historia empieza a amanecer con esa apropiación. Esa visión, por progresista que se proclame, es reflejo de las más anticuadas monarquías, que además recoge la idea de su irresponsabilidad, ya que la culpa se hace siempre de los otros. Así bajo la égida oficialista, si hay gruesos errores, si las cosas no marchan, si se descubren graves irregularidades, si la burocracia ha crecido a extremos insospechados, si la crisis de la educación se ha ahondado peligrosamente, si se pierden expedientes comprometedores, la culpa es de los otros, tanto de los medios de opinión, como de los partidos de la oposición.
Son numerosas las figuras del oficialismo que cultivan esa fabricada furia, aunque con lavatorio de manos para sus responsabilidades. Creo, no obstante, que ha sido la Ministra del Interior la que con más desenfado pretende entregar el fardo de sus responsabilidades en todos los hombros menos en los suyos, en tanto los delitos en las formas más bárbaras, violentas y precoces han ido extendiendo su terrible pesadilla. Como una suerte de remanso luce la intervención del Ministro Agazzi en la exposición del Prado donde puso una nota de sensatez, humildad y de unidad, al recordarnos que más allá de nuestras diferencias hay un país que es el nuestro y que siempre deberá ser lugar de encuentro.
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