Un grupo de más de 300 militares blancos y colorados destituidos por oponerse al golpe de Estado de 1973 están a la espera de la reparación jubilatoria que les otorgó la Ley 17.949 votada en enero de 2006. El martes el ministro José Bayardi irá a la comisión de Defensa de Diputados a explicar por qué estos militares todavía no fueron amparados por esa ley. Bayardi fue citado por el diputado blanco Javier García, para quien hay "razones políticas" que están frenando estas reparaciones.
La Ley 17.949 le reconoció derechos jubilatorios a todos los militares de las tres armas que entre el 1° de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 hubieran sido destituidos, desvinculados, dados de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos.
En total se presentaron 587 casos de solicitudes de reparación. De estas, unas 270 fueron atendidas en forma casi inmediata y el resto postergadas. Entre los que todavía no fueron amparados por la ley, ninguno es un militar afín al gobierno del Frente Amplio.
La reparación consiste en un aumento del 25% de la pasividad y una prima por única vez de 25 pasividades a fin de compensar las lesiones económicas sufridas por sus destituciones.
Esta será la cuarta vez que el diputado García convoca al Ministerio de Defensa por este tema. "Hubo una rápida regularización de la adecuación jubilatoria de los militares afines al Frente Amplio en el primer semestre de 2006, y después rápidamente descendieron", dijo García a El País. Recordó además que la ex ministra Azucena Berrutti en una ocasión dijo que las demoras se debían a problemas administrativos y a la falta de un abogado que estudiara los casos. García dijo que después de designarse ese abogado, las demoras continuaron.
"Es notorio que hay un motivo político por el cual están aplicando la ley sólo a un conjunto de militares y a otros no", sostuvo el legislador y, agregó, que tiene las pruebas de que esos militares fueron destituidos por oponerse al golpe de Estado.
Incluso mencionó el caso de un militar ya fallecido que fue destituido el 27 de junio de 1973, el mismo día del golpe de Estado. "Seguramente no fue destituido por estar de acuerdo con el golpe de Estado, sino por ser constitucionalista", dijo García.
"Notoriamente lo que hay acá son criterios políticos para que a determinados oficiales se les aplique la ley y a otros les pongan un freno", agregó.