Fiscal pidió procesamiento con prisión de un juez

En un hecho que no registra antecedentes desde décadas atrás, la fiscal de Rivera, Stella Da Silva, solicitó el procesamiento con prisión de un juez letrado del Interior por el delito de conjunción del interés personal y del público.

El caso por el que es investigado el magistrado se relaciona con una moto incautada a una persona en Rivera y que presuntamente había sido robada en Brasil. El juez intervino en ese caso cuando estaba a cargo del Juzgado de Rivera de 2° Turno, y entregó la moto a un individuo sin realizar más actuaciones.

El magistrado indagado recusó al juez Rodolfo Souto, que ocupa el Juzgado de 2° Turno de Rivera y tramita el expediente en que se pidió su procesamiento y solicitó la nulidad de las pruebas.

Entre las pruebas, figura la grabación de una conversación telefónica, en que el juez investigado desde el teléfono de su Juzgado aconseja a una persona sobre qué declarar en el expediente referido a la moto y pide que no se lo vincule. La fiscal también solicitó el procesamiento de esta persona.

El contenido de la conversación telefónica fue confirmada por el interlocutor del juez en su testimonio, pero éste se negó a escuchar las grabaciones que consideró ilegales y de las que ayer solicitó su nulidad.

El juez Souto deberá resolver si coincide con la fiscal y procesa a su colega o no, pero antes deberá aguardar que un tribunal de apelaciones decida sobre la recusación presentada.

ANTECEDENTES. La Suprema Corte de Justicia definirá hoy si inicia una investigación administrativa sobre este caso. El juez investigado presentó una nota a la Corte en que cuestionó la actuación de su par y los ministros recibieron a Souto, quien explicó su desempeño en el caso.

Desde el retorno a la democracia hubo casos de jueces de Paz procesados, pero no de otros de mayor jerarquía, como son los jueces letrados del Interior, el paso previo a juez letrado nacional.

El último juez letrado procesado fue José Pedro Púrpura, en la década de 1960, cuando cumplía funciones en un Juzgado de Rivera. Púrpura integró una organización que contrabandeaba autos desde Brasil y legalizaba su ingreso a Uruguay.

Este juez también fue vinculado a actividades ilegales de la CIA y del escuadrón de la muerte, en los primeros años de la década de 1970.

El delito de conjunción del interés personal y del público está previsto en el artículo 161 del Código Penal, tiene una pena mínima de seis meses de prisión y una máxima de tres años de penitenciaría. El delito también prevé la posibilidad de aplicar una inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa de 10 a 10.000 unidades reajustables.