Tras tres semanas de violencia Bolivia busca un pacto de paz

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COCHABAMBA | AFP Y ANSA

El presidente Evo Morales y cuatro prefectos rebeldes iniciaron ayer una crucial reunión para pacificar Bolivia luego de tres semanas de enfrentamientos que dejaron 19 muertos y una país polarizado, que intenta avanzar hacia la normalidad.

Morales propuso ayer a cuatro prefectos rebeldes la suspensión de todas las medidas de presión, como los cortes de ruta de campesinos oficialistas, dijo el vocero de gobierno Iván Canelas. El portavoz aseguró que el mandatario lanzó una "nueva propuesta" a las autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, para sellar un acuerdo que permita encarrilar a Bolivia a un proceso de paz duradera.

"La propuesta es liberar todos los bloqueos (de carreteras)", afirmó el funcionario gubernamental y adelantó que esta oferta incluye a los que ejercen campesinos leales al presidente en tres rutas vitales que unen a la ciudad de Santa Cruz (este), feudo opositor, con el resto del país.

Canelas reconoció que este planteamiento le permitirá a Santa Cruz efectuar hoy una feria empresarial internacional, la más grande ventana y mesa de negocios en Bolivia, que aún se halla en la incertidumbre por los cortes de rutas.

Asimismo, señaló que el planteamiento, que aún no fue aceptado por las autoridades rebeldes, señala la apertura de tres comisiones para discutir los temas más álgidos de la política boliviana.

Las discusiones cuentan con el apoyo de observadores internacionales de la OEA, ONU y Unasur, y de la Iglesia Católica.

Las negociaciones comenzaron sin discursos ni ceremonias y en medio de fuertes medidas de seguridad en un establecimiento de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.

En un primer informe, el vocero presidencial Iván Canelas dijo que "el debate avanza con mucho positivismo".

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, principal adversario político de Morales dijo a la prensa que estamos "esperanzados de conseguir ese gran pacto social" que logre pacificar el país. Junto a Costas participan de la reunión sus colegas de Tarija, Beni y Chuquisaca, mientras que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, también opositor, estuvo ausente porque fue detenido por el gobierno al resistirse a un estado de sitio en su región (ver aparte). Un preacuerdo firmado el martes, luego de la reunión urgente del lunes de Unasur, estableció la formación de mesas de trabajo.

La primera buscará un pacto fiscal que solucione el pedido de las regiones de que les sea devuelto un porcentaje del impuesto petrolero que el gobierno les redujo para pagar una renta de vejez. La segunda debatirá el tema de las autonomías regionales, punto crítico de la confrontación, y una tercera será para designar cargos acéfalos en el poder judicial.

Las negociaciones se desarrollan bajo la atenta vigilancia de sectores sociales que apoyan a Morales, especialmente en Santa Cruz, donde cientos de campesinos aguardan el avance de las reuniones y se mantienen movilizados en cortes de ruta que tienen aislada a esa ciudad.

Los grupos civiles de derecha están en cambio desmovilizados y comenzaron a devolver al Estado las oficinas públicas y plantas petroleras tomadas en las cinco regiones rebeldes durante los episodios de violencia política de las anteriores tres semanas.

En Cobija, capital del departamento de Pando, donde ocurrió la masacre de campesinos y rige un estado de sitio, la situación tiende a normalizarse con lentitud.

LA PAZ - El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, amenazó con suicidarse por temor a ser linchado cuando lo detuvieron por la masacre de campesinos cometida en esa región, reveló ayer el fiscal de la causa. El fiscal Eduardo Morales hizo la revelación durante la audiencia de medidas cautelares en la que se rechazó el pedido de libertad condicional que presentó la defensa de Fernández.

"Cuando llegó a La Paz pedía un arma para suicidarse, por temor a la turba que lo esperaba. En consideración a su estado, quienes lo trajeron pidieron que no se lo traslade a la policía judicial, como correspondía", dijo Morales.

La declaración de improcedencia del recurso de habeas corpus presentado por la defensa, abrió la posibilidad de que el prefecto sea ahora juzgado por homicidio simple, a requerimiento del fiscal. Según éste, "las autoridades nacionales decidieron precautelar su integridad física, igual que el ministerio público, por lo que se aceptó" que se lo mantenga detenido en un lugar que se mantuvo en reserva.

La presidenta del tribunal, Blanca Alarcón, pronunció el fallo que declara improcedente el recurso de habeas corpus al cabo de la audiencia de medidas cautelares y en respuesta al recurso de libertad del abogado Aurelio Valenzuela, defensor de Fernández.

La defensa argumentó que Fernández fue detenido en forma ilegal, sin requerimiento judicial y violando sus derechos constitucionales y judiciales. Fernández reiteró su denuncia previa, sobre que fue detenido "con engaños" por los militares, y que se enteró de su condición de detenido recién cuando llegó al aeropuerto de Pando. La defensa argumentó también que Fernández goza del beneficio constitucional de "caso de corte", en su condición de prefecto de un departamento, y que para juzgarlo se requiere de autorización del Congreso.

El fiscal acusa a Fernández de homicidio de un número aún no determinado de personas en una emboscada de seguidores del prefecto contra oficialistas, de acuerdo al testimonio de sobrevivientes de la masacre. ansa

Impuestos. Cinco regiones opositoras (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) consideran que el gobierno debe restituir a los nueve departamentos del país unos 166 millones de dólares de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recortados por el presidente Evo Morales para financiar un bono para los ancianos.

AutonomÍas. Esos cinco departamentos mencionados buscan la formación de gobiernos autónomos de tinte liberal que, en las actuales condiciones, es tachado por el oficialismo de secesionista. Los líderes regionales forman la principal oposición al gobernante.

Constitución. El presidente Morales busca aprobar mediante referendo una nueva Constitución, su gran oferta electoral, que para los líderes de cinco de los nueve departamentos de Bolivia contiene excesivos condimentos indigenistas y estatistas.

Cargos. Los negociadores discutirán un pacto institucional para la designación vía Congreso de cargos vacantes en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia; además para la revisión del padrón electoral y la designación de autoridades de la Corte Nacional Electoral.

Agenda. Ayer se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno y los prefectos rebeldes (excepto el de Pando, Leopoldo Fernández que está detenido por desacato a un estado de sitio) con una agenda que busca conformar tres mesas de trabajo.