Agoniza el diálogo en Bolivia entre el gobierno y la oposición

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LA PAZ | AP Y AFP

La normalización de Bolivia vuelve a pender de un hilo. La detención de un gobernador departamental opositor provocó la suspensión del diálogo entre La Paz y las regiones rebeldes. Eso, un día después que la Unasur respaldara al presidente.

El diálogo entre el gobierno y la oposición regional en busca de una tregua después de varios días de violentos incidentes "agoniza (pero) no está roto`` luego de la detención ayer del prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, aseguró otro prefecto opositor.

El propio presidente Evo Morales anunció durante una conferencia de prensa la detención de Fernández por rebelarse al estado de sitio impuesto en su departamento, lo que de inmediato pareció dejar en suspenso las negociaciones.

"El diálogo agoniza, no está roto, y sólo el presidente Evo Morales puede salvarlo mostrando una voluntad de construir la paz y que acaben con las persecuciones``, dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío. Este último presidía las negociaciones a nombre de sus colegas de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, que junto a Tarija son los cinco departamentos rebeldes que emprendieron protestas contra el gobierno. Los líderes cívicos de estas regiones exigieron la liberación inmediata de Fernández.

El funcionario tarijeño dijo que uno de los puntos de los acuerdos era promover una investigación imparcial sobre la responsabilidad de Fernández en denunciados hechos violentos de la semana pasada.

"La pregunta es: ¿qué hay detrás de la decisión del gobierno?``, se preguntó Cossío en una rueda de prensa. No estaba claro cuándo se retomaría el diálogo, o si se retomaría.

"Mantenemos la voluntad de diálogo", dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera, quien deploró que la oposición abandonara el diálogo, y aseguró que Cossío conocía de antemano la intención de detener a Fernández. "Los crímenes no se negocian, no se pactan, en el resto hay apertura``, dijo.

Según García el documento para una mesa de negociación sobre los temas de fondo ha sido firmado por el gobierno e instó a los prefectos opositores hacer lo mismo para comenzar a debatir "desde mañana".

El presidente Morales dijo temprano que "el caso de la detención del prefecto (Fernández) es una acción legal y constitucional; las fuerzas armadas están cumpliendo con su rol en el marco del estado de sitio``.

La violencia en Pando obligó al gobierno a declarar el estado de sitio el viernes. En Cobija, la capital departamental, grupos de choque opositores protagonizaron violentas tomas de oficinas gubernamentales y saquearon algunos comercios, al igual que en las otras tres regiones lideradas por gobernadores opositores que encaminan procesos de autonomía en abierta rebeldía al gobierno. En la oriental ciudad de Santa Cruz, manifestantes autonomistas marcharon en apoyo a Pando y al prefecto, mientras en La Paz afines al gobierno respaldaron la decisión de Morales.

El lunes, Fernández fue acusado por el fiscal Mario Uribe de "genocidio`` por la muerte de 15 personas durante violentos disturbios el jueves en Pando. Morales dijo el sábado que "sicarios brasileños y peruanos`` actuaron en ese ataque por orden del prefecto pandino.

Según informes oficiales, de los 15 muertos en Pando 13 eran campesinos. Otras 37 personas resultaron heridas y 106 campesinos no han podido ser ubicados desde los ataques que les obligó a huir por el monte, algunos con heridas de bala. Otras versiones aseguran que hubo más de treinta muertos.

En descargo, Fernández dijo que no fue una masacre sino un choque entre bandos rivales. Dos fallecidos eran funcionarios de la prefectura.

Todavía ayer persistían bloqueos carreteros en varias de las cuatro regiones rebeldes que se oponen al proyecto constitucional que encamina Morales -al que tachan de ser excesivamente indigenista y estatista- y exigen la devolución de un impuesto petrolero -estimado en unos 166 millones de dólares- por el gobierno, que lo destinó a bonos para la vejez, cuya demanda detonó el conflicto. El proyecto de Constitución debe ser ratificado en referendo, en enero.

retroceso. Los hechos de ayer significaron un retroceso en las negociaciones que habían adelantado Cossío y el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. También ocurrieron un día después de que Morales obtuviera un firme respaldo por parte de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), reunidas de emergencia en Santiago.

En ese encuentro, los presidentes sudamericanos resolvieron por unanimidad brindar su más "decidido respaldo" al mandatario boliviano y rechazar "enérgicamente" cualquier intento de golpe. Asimismo, se estableció una comisión que acompañará a la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en Bolivia, y otra que investigará de manera imparcial los hechos violentos ocurridos en Pando.

Todos los presidentes participantes quedaron muy satisfechos con la reunión. El mandatario uruguayo, Tabaré Váz-quez, calificó de "histórico" el encuentro, que demostró "la mayoría de edad" de los países de América del Sur, los que "pueden actuar con firmeza, unidos, en defensa de la democracia y la integridad territorial de nuestros países".

Sin embargo, distintos analistas bolivianos coincidieron ayer que, más allá que la declaración de la Unasur puede significar un triunfo político para Evo Morales, esto no contribuirá a la pacificación del país.

En el peor momento de las relaciones bilaterales, el presidente George W. Bush dijo ayer que Bolivia ya no coopera con Estados Unidos en la guerra antidrogas, y colocó al país latinoamericano en su "lista negra" de estados que no cooperan en el combate a la producción y tráfico de narcóticos.

Sin embargo, Bush no anunció recortes a la ayuda de Washington para Bolivia, una de las consecuencias que puede traer la inclusión en esa "lista negra", que ya la integran Venezuela y Myanmar (ex Birmania).

El gobierno boliviano calificó ayer esa decisión de "injusta, arbitraria y políticamente amañada", agregando que en 2007 se eliminaron 5.700 hectáreas para el cultivo de coca, además de la incautación de 413 toneladas de marihuana y 17,5 toneladas de cocaína.

Esta decisión de EE.UU. llega en un momento muy tenso entre Washington y La Paz, después de la expulsión de los embajadores respectivos la semana pasada. El gobierno de Evo Morales declaró persona "non grata" al representante diplomático estadounidense y le exigió que se fuera del país, tras acusarlo de apoyar las protestas de los autonomistas.

La tensión llega a tal punto que el gobierno de Washington llamó ayer a sus ciudadanos en Bolivia a que abandonen el país, poniendo a su disposición dos vuelos que partirán hoy rumbo a Lima, Perú. AP y AFP