JORGE ABBONDANZA

El cadáver descompuesto de Fernando Martí fue encontrado el 1º de agosto en la valija de un auto abandonado en una calle de la ciudad de México. Había sido secuestrado junto a su chofer en una falsa barrera de control, por una banda que vestía uniformes policiales y en la que efectivamente figuraban policías corruptos. Antes de matar a sus dos víctimas, la banda recibió "cientos de miles de dólares" del padre de Fernando por concepto de rescate, aunque la familia Martí también anunció por los medios que estaba dispuesta a pagar más dinero si Fernando (que tenía 14 años) era devuelto sano y salvo. En las primeras horas del secuestro, las víctimas fueron torturadas. Al chofer le arrancaron los dientes para que diera más detalles sobre los acaudalados padres del muchacho.

La industria del secuestro extorsivo ha alcanzado niveles enloquecedores en México. Aunque las autoridades admiten que se cometen 65 secuestros por mes, se sabe que tres cuartas partes de los crímenes no son denunciados por temor a la propia policía, por lo cual no figuran en los registros. En 2006, una encuesta reveló que el 86% de los consultados no tenía "ninguna confianza" en esa fuerza pública. Organizaciones privadas como el Instituto de Ciudadanos para Estudios del Crimen, estiman que hay 500 secuestros por mes en ese país, mientras el movimiento internacional holandés Pax Christi sostiene que durante el año 2007 se produjeron 7.000 secuestros en México. Con esa cifra no puede competir ni siquiera Colombia, porque allí se calcula que hay entre 3.000 y 5.000 por año. Lo más aterrador de México es que sigue creciendo el número de víctimas que son asesinadas a pesar de que las familias pagan el rescate.

Pero fue el caso de Fernando Martí el que colmó la medida, generando un fenómeno similar al que ocurrió en la Argentina con el caso de Alex Blumberg. El sábado 30, unas 200.000 personas marcharon por la capital para protestar por la inseguridad y hubo otras decenas de miles que también lo hicieron en las principales ciudades mexicanas. El presidente Calderón recibió luego a los dirigentes de esa movilización, y les anunció las medidas que tomará el gobierno para combatir al crimen organizado, incluyendo la limpieza de cuadros policiales y la pena de cadena perpetua para secuestradores. Eso sucedía mientras varias instituciones -incluido el Partido Verde- proponían reinstaurar la pena de muerte para policías que figuren en secuestros y para secuestradores que maten a sus víctimas.

Es improbable que esas medidas (ya debatidas hace quince días en un congreso que reunió a poderes públicos y entidades privadas) ayuden verdaderamente a aliviar una situación que se ha degradado mucho más allá de la figura del secuestro, porque sólo la guerra entre los carteles de la droga provocó 3.000 asesinatos en los últimos doce meses. Y eso ocurre a pesar de que el gobierno federal desplegó a 36.000 militares para reforzar la vigilancia en las zonas de mayor riesgo del país, donde sólo en la última semana aparecieron 20 personas decapitadas. El ministro del Interior confesó su temor de que "la furia de la población la lleve a emprender otro tipo de acciones", como actos de justicia por mano propia, de los que ya hubo algún ejemplo en días pasados.

La alucinante situación mexicana debe tomarse en otras latitudes como una advertencia. En uno de los suburbios residenciales de Buenos Aires, se produce un delito cada 40 minutos, mientras las autoridades argentinas reconocen el desembarco en el país de narcotraficantes mexicanos, que ya han provocado alguna masacre. En el Uruguay, el clima general de inseguridad tiene en la ciudad de Maldonado un síntoma de la impaciencia popular, que se organiza en el proyecto Vecinos Alertas y Unidos, ante una creciente ola de violencia que desde luego no se limita a esa localidad. Pero por algo se empieza, antes de que sea demasiado tarde.