EDUARDO BARRENECHE

En una resolución inusual, el Tribunal de Cuentas resolvió denunciar ayer al intendente Ricardo Ehrlich ante la Junta Departamental por "obstruir" su labor de auditoría en la lMM. El Tribunal de Cuentas investigaba los negocios con Autoparque.

Esta empresa operó desde el 2003 hasta este año sin contar con los certificados del BPS y DGI al día, lo cual era un impedimiento para cobrar el servicio de control del estacionamiento tarifado. Sin embargo, la comuna le compensaba deudas a la empresa como forma de sortear dicha prohibición. La normativa (decreto 342/992) obliga a todas las empresas contratantes con el Estado a estar al día con sus pagos de tributos.

La oposición cuestiona a la Intendencia por devolver a la firma garantías de cumplimiento del contrato cuando éste estaba todavía vigente. Ante esta situación, en la Junta Departamental se creó una comisión investigadora donde la oposición señalaba que hubo eventuales ilícitos en los pagos a Autoparque durante esta concesión. En tanto, el oficialismo sostenía que no correspondía que la Intendencia solicitara certificados de pagos de DGI y BPS y que en ningún momento el Municipio le entregó un peso a la concesionaria.

El 3 de julio del año pasado, la Junta solicitó al Tribunal de Cuentas que audite el sistema de estacionamiento tarifado de Montevideo. Es que la oposición presumía que las empresas que integraban el Consorcio Autoparque se habían retirado y que esa firma estaba al borde de la quiebra.

Fuentes del Tribunal de Cuentas señalaron a El País que los técnicos del organismo se contactaron en reiteradas oportunidades con el intendente Ehrlich y con jerarcas municipales para conocer información sobre la concesión y que esta le fue retaceada o negada en forma reiterada.

Según la resolución del Tribunal de Cuentas, esta institución "arriba a la conclusión de que la conducta del señor intendente municipal y de las oficinas que de él dependen, al no suministrar la totalidad de la documentación requerida, dificulta y, en definitiva, obstaculiza la actividad que conforme a la Constitución y a la ley debe cumplir el Tribunal".

El documento, al que tuvo acceso El País, señala que el Tribunal solicitó a Ehrlich las siguientes informaciones: el contrato de concesión celebrado con Autoparque para la explotación del estacionamiento tarifado; las resoluciones que establecieron las continuas prórrogas del contrato de concesión pese a saber que la empresa incumplía el pago de los impuestos; la relación de pagos hechos por la concesionaria a la IMM y saber si se produjeron atrasos en los mismos.

El Tribunal señala que, en una sola oportunidad, los técnicos de este organismo pudieron entrevistar con autoridades municipales para hablar sobre el estacionamiento tarifado. Luego solicitaron una segunda reunión que nunca se concretó.

JUICIO. El edil nacionalista, Álvaro Viviano dijo a El País que la resolución del Tribunal de Cuentas confirma el accionar de la comuna que también acostumbra "retacear" información a la Junta Departamental. "No vamos a quedar impávidos ante esta situación grave denunciada por el Tribunal. Iniciaremos contactos con el Partido Colorado y con autoridades blancas para analizar un posible juicio político a Ehrlich por este tema", advirtió.

Impedir controles

El artículo 99 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, dice: En los casos en que se verifique actos de obstrucción, cometidos por funcionarios responsables del manejo de la documentación o información cuyo conocimiento resulte imprescindible para el cumplimiento de los cometidos de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, (este) podrá formular denuncia ante el Poder Ejecutivo, la Asamblea General, la Junta o al Poder Judicial.