MÉXICO | AFP

La escalada de violencia en México, por secuestros y crímenes por narcotráfico, que superó los 3.000 ejecutados en lo que va del año, más que en todo 2007, abrió grietas en el gabinete de seguridad, un pilar en la gestión del presidente Felipe Calderón.

La renuncia "irrevocable" del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Roberto Campa, una figura clave en la estrategia oficial contra el crimen organizado, se produjo en el pico de una ola de secuestros y asesinatos del narcotráfico y ante la indignación ciudadana por la ineficiente respuesta de las autoridades.

"Hay cierta competencia entre las capacidades y logros de cada quien, pero tienen muy claro todos los integrantes del gabinete de seguridad que la orden es actuar de manera coordinada y eficaz", admitió Calderón a una radio mexicana.

Consultado a su vez el ministro del Interior, Juan Camilo Mouriño, reconoció que hay "diferencias normales" en el gabinete de seguridad, que integra junto al secretario de Seguridad, Genaro García Luna y al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

La atemorizada sociedad mexicana reaccionó el fin de semana con una marcha de 200.000 personas en la capital y más de 84.000 en otros estados del país, que exigieron parar la ola de secuestros y depurar los cuerpos policiales, en ocasiones aliados con el crimen organizado. Más de 400 secuestros se cometieron en lo que va de 2008, pero se estima que sólo se denuncia un caso por cada tres perpetrados.

La estrategia oficial de combate a la delincuencia denota fisuras que se reflejan también en los 3.004 ejecutados por disputas entre los cárteles de narcotraficantes en el transcurso del año, mientras que en todo 2007 se registraron un total de 2.673, según la prensa.

La violencia del narcotráfico se agudizó a tal punto que en la última semana se reportaron más de 20 casos de decapitados, incluso cinco descabezados vivos.

La fronteriza Ciudad Juárez, la más azotada por la violencia, vive un calvario por la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa que se disputan el trasiego hacia EE.UU. y la plaza local, que dejó cerca de un millar de muertos entre enero y agosto.

El gobierno basa su plan contra el crimen organizado con prioridad en el despliegue de más de 36.000 militares en las regiones más azotadas por la violencia en el país, incluidos más de 2.500 en Ciudad Juárez, donde se reporta un promedio de cuatro ejecutados diarios.

En Mexicali, ubicada en la zona caliente de la frontera Norte, el martes se descubrió un "narcotúnel" en construcción, equipado con un riel para un vagón eléctrico y aire acondicionado, a unos 60 metros del límite de la frontera con EE.UU.

El clima de inseguridad ha encendido luces de alerta también en relación a la actividad económica. El secretario (ministro) de Hacienda, Agustín Carstens, estimó que el clima de inseguridad le resta a México "un punto porcentual de crecimiento económico".

"Hay estimaciones que dicen que el costo de las empresas aumenta entre 5 y 10% por la inseguridad. Esa falta de competitividad afecta las ventas en el país, afecta la creación de empleo y afecta el desarrollo nacional", dijo Carstens.

Secuestro

A sangre y fuego, la Policía Federal mexicana rescató ayer a una mujer de 49 años y a su hijo de 30, secuestrados por una banda criminal denominada La Familia. En la acción murieron cuatro delincuentes y un agente. Una veintena de raptores fueron detenidos. "Nos iban a matar, a degollar, eso dijeron", comentó aún angustiada la mujer, unos minutos después de que un comando especializado de seguridad los rescatara. Una denuncia anónima puso a los policías sobre la pista de los secuestradores, que operaban en la zona desde hace más de un año.