Buenos Aires - La fiscalía pidió la pena de prisión perpetua y revocación del beneficio de prisión domiciliaria para los ex generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en el histórico juicio en su contra por el secuestro, torturas y asesinato de un senador durante la última dictadura militar.

Bussi y Menéndez son juzgados por un tribunal de la norteña provincia de Tucumán por la desaparición del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar que marcó el comienzo del régimen de facto que se extendió hasta 1983.

Durante su alegato de tres horas en la sala de audiencia, el fiscal Alfredo Terraf concluyó que ambos acusados son ``coautores mediatos penalmente responsables´´ de los delitos de violación de domicilio, de privación ilegítima de la libertad, de aplicación de tormentos, de condiciones tortuosas de detención, de homicidio calificado, de asociación ilícita y de genocidio.

Este es el primer juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en Tucumán, de la que Bussi fue gobernador de facto y Menéndez comandante del III Cuerpo de Ejército que tenía bajo su jurisdicción a ese distrito.

La sentencia se conocerá el próximo jueves.

``Está acreditado que lo que le ocurrió al ex legislador no fue un hecho aislado. Fue consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, un plan que quería instaurar una tiranía y una dictadura por todos los tiempos´´, afirmó el fiscal.

Según la investigación judicial, Vargas Aignasse fue secuestrado por un grupo de encapuchados en la madrugada del día del golpe. Su esposa contó que su marido regresó al día siguiente, acompañado por policías, a buscar unos documentos y luego lo vio el 1 de abril de ese año, cuando consiguió un permiso para visitarlo en la cárcel.

El 6 de abril un militar llamó a Cárdenas por teléfono para avisarle que Vargas Aignasse había sido liberado, pero el senador nunca apareció.

El fiscal también solicitó que se le revoque a Bussi el beneficio del arresto domiciliario que cumple por ser mayor de 70 años. Menéndez fue condenado hace un mes a cadena perpetua en otro caso por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba y deberá cumplir la pena en una cárcel común.

Por su parte, la defensora oficial Amalina Assaf, que representa a Antonio Bussi, manifestó ante el tribunal que Vargas Aignasse fue liberado por el ejército la noche del 5 de abril de 1976 y luego secuestrado por desconocidos, la misma versión que en todo momento sostuvo su defendido.

Al mismo tiempo, la abogada solicitó la absolución de Bussi.

Según cifras oficiales, 13.000 detenidos políticos desaparecieron durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos sostienen que fueron hasta 30.000.

AP