PABLO DA SILVEIRA

Hablar del proyecto de Ley de Educación con personas próximas al gobierno se ha vuelto una experiencia curiosa. En el marco de una conversación privada, muchos reconocen la mala factura del texto y expresan su temor hacia el corporativismo y el bloqueo institucional. Pero esos mismos interlocutores agregan que es necesario aprobar la propuesta, porque un gobierno de izquierda no puede terminar su período sin dejar instalada una nueva Ley de Educación. Según algunas versiones, esta sería la posición del propio presidente Vázquez.

Por más frecuentes que resulten, estas conversaciones sólo pueden causar estupor.

En primer lugar, constituyen una nueva manifestación de ese doble discurso que ha infectado al país: las convicciones que se expresan en público no guardan ninguna relación con las que se admiten en privado, y la distancia no genera ningún rubor.

Algunos piensan que esa práctica es un signo de habilidad política, pero se trata de lo contrario. Lo que no entienden los cultores del doble discurso es que tarde o temprano les llega la factura, por la simple razón de que mucha gente les toma la palabra. Las consignas fáciles de hoy se convierten en exigencias o en decepciones mañana. La propia presión que hoy ejercen los gremios en favor del cogobierno en la enseñanza es el resultado de años de demagogia, durante los que se les dijo que el cogobierno era una causa noble en lugar de denunciarlo como un juego de poder corporativo que desplaza a los ciudadanos. Los practicantes del doble discurso se van metiendo poco a poco en el embudo que ellos mismos fabricaron.

En segundo lugar, el argumento al que se acude para defender el proyecto luce atrozmente débil. Cuesta trabajo creer que un paso tan grave pueda darse a partir de una justificación tan endeble.

Aprobar una buena Ley de Educación es un logro deseable para cualquier gobierno, sea o no de izquierda. Pero aprobar a conciencia una mala norma es un error más criticable que otros.

Es atendible que la actual administración quiera cumplir los compromisos electorales que asumió ante la ciudadanía, pero también hay razones legítimas para postergar un objetivo. Nadie puede poner en duda que hubo una voluntad genuina de impulsar una nueva norma. Pero, llegado el punto en el que estamos hoy, con un proyecto mal elaborado, una total falta de apoyos políticos fuera de la bancada parlamentaria oficialista y muchos cuestionamientos dentro de ella, seguir adelante por la única razón de que hay que hacerlo sería un acto irresponsable.

Todavía no conocemos el nombre coloquial que recibiría la nueva ley en el caso de que se apruebe algo parecido al actual proyecto.

Tal vez se hable de "la Ley Simon" o de "la Ley Vázquez". Si fuera una buena norma, un nombre semejante sería casi una condecoración para la persona involucrada. Pero puede volverse una carga dura de llevar si, como probablemente ocurra, la ley sólo trae parálisis, conflicto y falta de legitimidad a nuestro sistema educativo.

Además de ser malo, el proyecto actualmente en consideración nos embarcaría en una dinámica muy difícil de revertir. Habría que esperar años o décadas hasta que el tamaño del fracaso hiciera factible un nuevo cambio de reglas. Los costos que se generarían durante ese lapso serían enormes y caerían principalmente sobre los uruguayos más pobres. El momento de evitar que eso ocurra es ahora.