AGUSTINA NAVARRO

En septiembre estará operativa la dirección del MEC que centralizará toda la información acerca de los juicios contra el Estado que, de acuerdo a datos primarios, ascienden a 2.000 y cuyos reclamos se estiman en US$ 600 millones al 2005.

A fines de septiembre la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC estará en condiciones de ejecutar el programa de defensoría de Estado para el cual recabará información acerca de la cantidad y naturaleza de todos los juicios contra el Estado.

"Teniendo en cuenta que los temas de justicia no son prioritarios, desarrollamos una tarea exploratoria primero y estamos a punto de ejecutar un programa de defensoría de Estado que significa tener un relevamiento de los juicios contra el Estado, la identificación de las razones de esos litigios y un programa de conocimiento on line, en tiempo real, de los litigios en curso", explicó a El País el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini.

Dijo que en diciembre tendrán ya los primeros datos parciales, aunque considera que no va ser sencillo la instrumentación de este programa "porque el sistema de descentralización beneficia a muchos".

En el MEC estiman que la mayoría de los juicios se deben a malos asesoramientos o a decisiones erróneas. Lo que preocupa es que los jerarcas no se hacen responsables de las mismas con su patrimonio, no hay acciones reparatorias de la administración y los impactos de los litigios recaen en el siguiente período de gobierno.

"Un operador privado responde con su patrimonio y mira de canto. Si hubiese acciones reparatorias de la administración contra los operadores también lo miraría de canto; si los efectos de las malas decisiones o los malos asesoramientos recayeran durante su gestión, también lo miraría con más atención", señaló Michelini.

Otro de los problemas es que los juicios se siguen hasta las últimas consecuencias y no se hacen arreglos, aún en los casos en los que es innegable la responsabilidad del Estado.

"No está protocolizada en la administración central la forma de cómo llegar a acuerdos y los jerarcas prefieren que termine el juicio y que alguien decida antes que tener la responsabilidad de acordar. Hay litigios que ni siquiera deberían haber empezado", indicó.

fiscal de corte. Michelini negó tener problemas con el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, como se sugirió por las demoras en autorizar sus iniciativas.

"No se trata de ningún problema personal y pensarlo así es rebajar el asunto a una cuestión de capricho", afirmó.

Sostuvo que todo es parte de una campaña de la "derecha política" que ve en el sistema de justicia "un reinado del patriciado, un espacio institucional en el que solamente ellos han opinado y decidido".

El subsecretario explicó que al asumir encontraron un "caos" en el Ministerio Público y Fiscal y un enfrentamiento "fenomenal" entre fiscales y letrados. "En 2005 y 2006 no promovimos fiscales, pues todo fiscal que hubiéramos promovido hubiera estado sospechado de tener una dirección ideológica o política en línea con el gobierno entrante", explicó. "Cuando elevamos las iniciativas de venias antes verificamos la legalidad de la propuesta, la conveniencia y la oportunidad. Eso lleva tiempo", agregó.