Casal está atado de manos: deja de recibir dinero

EDUARDO DELGADO

Tras el embargo de la DGI, es mínimo el margen de maniobra de Francisco Casal para colocar futbolistas en el exterior y obtener ganancias. Ayer, la Justicia desestimó un "incidente de nulidad" del embargo que presentó su ex socio Jorge Chijane.

Loreley Opertti fue la jueza civil que a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI) dispuso el embargo por US$ 25 millones de varios empresarios que consideró forman parte del mismo conjunto económico.

La medida cautelar de embargo genérico de bienes también abarca los derechos de Casal sobre los futbolistas que representa o cuyos pases le pertenecen y le impide al empresario cobrar el dinero que le correspondería por la venta o representación de esos jugadores, ya que esas sumas deben ser depositadas en una cuenta bancaria. Todos los clubes fueron notificados de que el dinero que les ingrese y que corresponda a Casal debe ser depositado en una cuenta en el BROU.

La DGI mira con lupa la actividad del Grupo Casal, que fue prácticamente nula en cuanto a los deportistas cuyos pases le pertenecen o que representa desde que se dispuso el embargo. La cuenta donde se deben hacer los depósitos por este embargo no recibió dinero de nuevas transacciones porque no existieron desde que se tomó esa medida, indicaron fuentes de la DGI y allegados a Casal.

Sin acuerdo. El empresario expresó a su círculo que por el momento se dedicará a la representación y asesoría de futbolistas y que sus otros negocios en Uruguay relacionados al fútbol están en un impasse hasta que se dirima este tema.

Casal adelantó que está decidido a resolver sus diferencias con la DGI en la Justicia y no acordará en base a lo que la DGI sostiene que adeuda por impuestos impagos.

El contratista sabe que el litigio judicial puede llevar años, pero mantiene su posición de ir "hasta las últimas consecuencias", ya que afirma que no debe tributos al Estado. Se aguarda con expectativa en el ámbito del fútbol el regreso del empresario de Europa en los próximos días a fin de conocer los pasos que dará.

De así disponerlo, Casal puede continuar con las tareas de venta y representación, pero cualquier dinero que cobre por eso será embargado, indicaron fuentes de la DGI. Incluso otros gastos que el empresario decida hacer, como pasajes y estadía de jugadores que vayan a mostrarse a Europa, no le podrá ser devuelto por los clubes, que tendrán que volcarlo a la cuenta del embargo.

tenfield. Otro tema es la incidencia de Casal en la empresa Tenfield, propietaria de los derechos de televisación del fútbol y que está al margen del embargo.

Tenfield informó en reiteradas ocasiones que cumplirá con el contrato vigente, pero que debido al embargo a Casal no dará más adelantos a los clubes ni a la Asociación Uruguaya de Fútbol y tampoco se hará cargos de gastos extras, como por ejemplo los charters de la selección uruguaya cuando juega en el exterior.

Fuentes de la DGI señalaron que si bien dirigentes de esa empresa repiten que Tenfield no interviene en los pases de futbolistas, Casal, que es su principal propietario, sí lo hace y que si decidiera adelantar dinero a la empresa o a los clubes tampoco le podría ser devuelto, porque también está abarcado por el embargo en su contra dispuesto por la jueza Opertti.

Incidente. La jueza civil Loreley Opertti desestimó por "extemporáneo" el "incidente de nulidad" presentado por Jorge Chijane -ex socio de Francisco Casal- en que acusó a la DGI de fraude procesal y solicitó el levantamiento del embargo en su contra.

Chijane, quien desde hace años no integra el Grupo Casal, fue el único de los embargados que presentó un "incidente de nulidad", en que afirmó que la DGI cometió fraude procesal, incurrió en abuso de derecho y otras irregularidades en el proceso en su contra.

Opertti rechazó el incidente de Chijane por "extemporáneo", puesto que consideró que fue presentado después de vencido el plazo legal para hacerlo. Eso implica que la jueza no llegó a analizar las pruebas y argumentos de Chijane para sustentar su posición, ya que su decisión responde a una cuestión de trámite: que el escrito fue presentado fuera de plazo.

En su fundamentación, la magistrada aclaró que los argumentos y pruebas de Chijane sobre irregularidades en el proceso administrativo realizado por la DGI, serán tenidos en cuenta y analizados en el expediente principal, por lo que la jueza se pronunciará respecto a ellos. Los mismos cuestionamientos y pruebas de Chijane fueron presentados por los abogados de Casal en el recurso de reposición y apelación contra el embargo. Opertti deberá determinar si mantiene su decisión de embargo al Grupo Casal o la revoca. De mantenerla, elevará el expediente a un tribunal de apelaciones civil.

Diferentes actores del fútbol local hablan de posibles salidas que Casal logre en el exterior, para seguir negociando futbolistas a pesar del embargo. Pero el riesgo para el empresario de una movida de este tipo es el ser investigado por fraude.

La DGI monitorea el mercado de pases, por lo que si encuentra que un club negoció un futbolista con Casal en vez de quien figura en el contrato, o una relación de dependencia de esa persona con el empresario, estará en condiciones de denunciarlo por defraudación.

Dirigentes de clubes uruguayos -que son los que reciben el dinero de las transferencias al exterior- indicaron que no arriesgarán problemas con la DGI, por lo que el dinero que les llegue y corresponda a Casal será rigurosamente depositado en la cuenta del BROU que dispuso la Justicia.

Entre los futbolistas que juegan en clubes locales cuyos pases pertenecen a Casal y cuentan con mejores posibilidades de ser transferidos al exterior, están Marcel Román, Gerardo Alcoba, Carlos Bueno, José Franco (Peñarol) y Henry Giménez (River Plate). Si bien clubes del exterior manifestaron su interés por estos deportistas, ningún pase se ha concretado. Casal está en Europa y su regreso está previsto para los próximos días.

Si la jueza civil Loreley Opertti se pronuncia manteniendo el embargo al Grupo Casal, la DGI solicitará a la magistrada que esa medida cautelar pase de US$ 25 millones a US$ 105 millones, ya que ese es el monto que el organismo sostiene que el conjunto económico debe al Estado por impuestos más multas y recargos. El 3 de abril fue que, a pedido de la DGI, la magistrada decidió embargar los bienes del empresario Francisco Casal y de otros empresarios vinculados al fútbol, además de varias empresas y sociedades anónimas panameñas que se utilizaban para la transferencia de futbolistas. El 6 de abril los afectados fueron notificados del embargo genérico de bienes y apelaron la decisión. Casal sostiene que no debe tributos y que hubo irregularidades en el proceso administrativo de la DGI, que lo investigó seis años. Opertti debe decidir si ratifica el embargo genérico mientras se tramita el expediente o lo revoca. Si lo mantiene, un tribunal de apelaciones civil resolverá si coincide con su decisión o la deja sin efecto.