Empresarios se reúnen con Vázquez

Una delegación empresarial visitará al presidente Tabaré Vázquez para reclamar contra el proyecto de ley sobre las ocupaciones, promovido por el gobierno.

Vázquez había anunciado la derogación del decreto de ocupaciones así como la eliminación del capítulo de prevención y solución del conflicto incluido en el proyecto de negociación colectiva.

Pero la sustitución del decreto vigente por una ley no conforma a los empresarios.

El presidente de la Cámara de Comercio, Arnaldo Castro, dijo la semana pasada a EL PAÍS digital que en la reunión se planteará el desacuerdo a que no se cumpla lo pactado en el anterior encuentro con el primer mandatario uruguayo.

Castro había afirmado que en esa oportunidad, Vázquez manifestó su voluntad de derogar el decreto. "Pero ahora lo sustituye por otro que no cambia el fondo de la cosa. Y no estamos de acuerdo con esa decisión", afirmó.

"El señor presidente manifestó su deseo de derogar el decreto y estamos esperando que se cumpla", agregó.

El coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, dijo por otro lado que los reclamos de los empresarios buscan que ciertas leyes en el Parlamento "no nos den tanto derecho" a los trabajadores.

El dirigente dijo que no especulan con las ocupaciones más allá de la opinión de los empresarios y el gobierno. "No hacemos gimnasia ni nos entretenemos cuando ocupamos un lugar de trabajo".

Desde la oposición, el diputado nacionalista, Álvaro Delgado subrayó que en el contexto pre-electoral, y en plena ronda salarial no es el momento de avanzar en la legislacion de las relaciones colectivas de trabajo "sino hay consenso entre todas las partes".

El legislador destacó que la normativa tiene que considerar los antecedentes, entre ellos la vigencia de un decreto que está impugnado por 200 empresas y la postura contraria al mismo del procurador general del Estado, Miguel Langón.

Delgado dijo que si bien la Constitución reconoce el derecho a huelga, este tipo de protesta vulnera el derecho al trabajo y a la propiedad, además de generar "inseguridad jurídica".

EL PAÍS digital y El País