Es uno de los nombres "cantados" para estar al frente de uno de los juzgados especializados en la lucha contra el crimen organizado, cuya creación impulsan el Poder Judicial, la Fiscalía de Corte y el gobierno (en especial la Junta Nacional de Drogas), y que el Parlamento debe definir si aprueba. "Uno tiene la sensación de que en las actuales circunstancias estamos trabajando con un escarbadientes, veremos si tenemos herramientas más eficientes", afirma sobre la posible creación de estos nuevos juzgados y recuerda que esa medida es recomendada por convenciones internacionales que Uruguay ratificó. | Díaz sostiene que el delito es un fenómeno multicausal, no necesariamente asociado a la pobreza o la indigencia. Menciona una de esas causas la sociedad consumista y las tribus urbanas que en algunos casos hacen una apología del delito. También se refirió a las críticas que lanzó en estos días la ministra del Interior, Daisy Tourné, sobre que los jueces dejan libres a los delincuentes que atrapa la Policía. En ese sentido, dijo que los jueces se limitan a aplicar las leyes, sean estas justas o injustas según el caso. "Muchas veces nos vamos con bronca porque tenemos la convicción de que la persona que investigamos es responsable y sin embargo no tenemos la prueba. Yo vivo en Uruguay y no en Marte, me han robado varias veces, sé lo que es", sostuvo el magistrado.

Eduardo Delgado

-¿Por qué se plantea la necesidad de crear juzgados especializados en la lucha contra el crimen organizado?

-Lo primero que es importante reafirmar es que, a la luz de las últimas operaciones que se han realizado desde el año 2004 a la fecha, en Uruguay existe el crimen organizado. Es un dato objetivo de la realidad. Estamos hablando de grandes casos de trata de blancas, contrabando, casos de narcotrá-fico y de corrupción pública como el que se está investigando en el Juzgado de la Costa sobre Aduanas. Ante la existencia del fenómeno nos tenemos que preguntar si la sociedad uruguaya lo quiere combatir, si efectivamente quiere investigar, identificar a sus integrantes, reunir los elementos de prueba y reprimirlos. Porque entonces tiene que darle a los operadores del sistema los recursos para poder hacerlo. Y cuando me hago la pregunta de si la sociedad uruguaya quiere hacerlo no es retórica, es una pregunta de fondo. El Poder Judicial entiende que sí y en su mensaje de Rendición de Cuentas solicitó la creación de juzgados especializados. Los organismos internacionales que Uruguay integra, Naciones Unidas y OEA entre otros, entienden que hay que hacer cosas.

-¿Entre esas cosas se encuentran estos juzgados?

-Se deben dar a los operadores del sistema recursos no sólo materiales, sino también jurídicos. Entre ellos juzgados especializados en esta materia, que permitan que existan jueces y fiscales dedicados exclusivamente a este tipo de tarea. Que puedan realizar este tipo de investigación y no dejar información colgada. Porque no se puede trabajar y procesar toda la información; cuando el juez sale de una de estas operaciones y empieza el turno donde por siete días atiende hurtos, rapiñas, homicidios, todos los delitos que pueden ocurrir en una sociedad en un momento dado, termina la semana con unos 35 procesamienton y luego vuelve a trabajar sobre estos temas.

-¿Qué necesitan esos nuevos juzgados?

-A esos juzgados hay que dotarlos de los recursos humanos necesarios, con capacitación de jueces, de fiscales, de peritos y de funcionarios. La selección del personal, su capacitación y control son una segunda pata, porque los temas que manejan son sumamente delicados y no puede haber filtraciones de información. Recursos materiales también se necesitan, pero no estamos hablando de grandes inversiones. El Parlamento le pidió al Poder Judicial que presupuestara los recursos humanos que se precisarían para dos juzgados especializados en el crimen organizado y la suma es $ 9,5 millones por año en salarios.

-¿Qué estructura usa el crimen organizado en el país?

-El crimen organizado nacional y de los grupos locales se ha especializado en logística. En el transporte, el ingreso al territorio nacional por vía fluvial, aérea o terrestre y el egreso del país. Usan la infraestructura del contrabando, incluso hay viejos contrabandistas que reciclan su organización y comienzan a ingresar droga al país. Lo mismo para el exterior, en la operación "Cancerbero" teníamos la información de que lo que se hacía era exportar carne de contrabando a Europa metida dentro de contenedores de pescado. Ese mismo sistema se iba a usar para llevar la droga a Europa, ya que los canales son los mismos.

-¿Se podrá utilizar dinero y bienes incautados al narcotráfico para las investigaciones judiciales?

-La idea es, y en eso existe un convenio entre la Junta Nacional de Drogas y el Poder Judicial, la utilización de los recursos que se incautan a los narcotraficantes para poder destinarlos a la salud y reeducación y otra parte a la represión. Se están buscando por parte de las personas que estamos trabajando este tema todos los recursos posibles para que el Estado no tenga que hacer una erogación importante. Además el Estado no puede competir invirtiendo dinero con el crimen organizado, cuando hay grupos criminales organizados que tienen más capital que los propios estados.

Perfil

Nombre:

Jorge Díaz

Nació:

Fraile Muerto Edad:

41 años

Otros datos:

Aficionado a la lectura de novela policial.

Juez anti lavado

En octubre de 2004, cuando estaba a cargo de un juzgado en Ciudad de la Costa, fue el primer magistrado en Uruguay que procesó a una persona por lavado de dinero. Desde hace 14 años es juez y en esa función le han tocado, entre otros destinos, Maldonado, Paysandú y Paso de los Toros. Llegó al Juzgado penal de 4º Turno en noviembre de 2005. Entre los expedientes que tramita está el referido al cierre del Banco Comercial, el de una avioneta de Paysandú retenida con 100 kilos de cocaína y el de la Operación Cancerbero. Trabajó junto a miembros del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que reforma la legislación vigente sobre lavado de dinero, incautación de bienes y recolección de pruebas, que espera sea aprobado. Realizó el curso de evaluador experto en Derecho por el Gafisud (Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica) por lo que puede ser convocado para evaluar a otros países en lavado de activos.