SEBASTIÁN CABRERA

Cuando el Parlamento se dispone a iniciar la discusión sobre el proyecto de ley oficial que habilita a pedir el desalojo de una empresa ocupada y también el que avala la negociación salarial por empresa, el presidente Tabaré Vázquez recibió un pedido de entrevista de las cámaras empresariales que tienen reparos sobre ambas iniciativas. El propio presidente le contó el lunes al ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, que los empresarios le solicitaron audiencia, según dijo el titular de la cartera a El País.

Las gremiales designaron en su momento a cuatro presidentes de cámara para una eventual entrevista con el presidente. El titular de la Cámara de Comercio, Arnaldo Castro, dijo a El País que el pedido de entrevista no fue realizado desde su gremial, pero sugirió que "queda la sensación de que el presidente no la concederá". Bonomi fue convocado por el Partido Nacional a la comisión de legislación laboral de Diputados para explicar los pasos en el tema ocupaciones.

Allí el ministro dijo ayer que el decreto de prevención de conflictos -que autoriza al gobierno a desocupar una empresa si "existe grave riesgo de vida, seguridad, salud de la población o si se afecta el orden público"- será derogado cuando el Parlamento apruebe el nuevo proyecto de ocupaciones. Insistió en que debe existir una reglamentación y que no puede haber vacío legal.

Según lo que conversó con empresarios, Bonomi supone que algunos de ellos prefieren que se mantenga el decreto actual y no una ley, que puede "legitimar" las ocupaciones.

Aunque reconocen que el proyecto constituye un avance, los blancos presentarán un aditivo que dice que ocupar es ilegítimo y no es una extensión del derecho de huelga, salvo para casos de lock out patronal. Piden que se vote el proyecto sólo si hay consenso con sindicatos y empresarios. La comisión convocará a ambas partes.

Si bien la iniciativa del gobierno está inspirada en un proyecto del diputado Álvaro Delgado, el legislador blanco dijo ayer que se trata de un momento "inadecuado" para aprobar una ley que tiene reparos del empresariado, cuando arranca la ronda de consejos de salarios. Delgado recordó que el decreto de ocupaciones hoy vigente fue impugnado por las cámaras empresariales y que se espera un fallo del TCA.

El texto dice que el representante legal de una empresa u organismo público podrá solicitar la desocupación del lugar de trabajo ante la Justicia y que serán competentes los juzgados laborales (y no los civiles).