Ley educativa estancada por disenso en el Frente

LORELEY NICROSI

El Frente Amplio no logra llegar a un acuerdo sobre los temas más polémicos de la Ley de Educación y el reclamo del presidente Tabaré Vázquez de una pronta aprobación de la norma parece caer en saco roto.

La incidencia que tendrá el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la autonomía, el cogobierno, la integración del Codicen, el carácter del nuevo Instituto Universitario de Formación Docente y el Instituto de la Evaluación que se creará, son los temas sin consenso y refieren básicamente a las cuestiones de poder dentro de la educación.

Vázquez cuestionó que estos temas prevalecieran sobre la importancia que tiene para el gobierno terminar su gestión con una nueva ley que sustituya a la llamada "de Emergencia", que rige desde el primer gobierno de Julio Sanguinetti.

Todos los grupos quieren introducir modificaciones a la iniciativa, en mayor o menor grado, y en lo único que existe coincidencia es que la administración del Frente Amplio no puede concluir este período sin aprobar la ley.

Pero el meollo del problema pasa por la integración de los órganos, en especial su cúpula, el Codicen, y este es el punto que sostienen con más firmeza sectores como el MPP y el Partido Comunista, con apoyo de las "bases".

El diputado del Espacio 609 Pablo Álvarez sostiene que "los partidos no tienen que participar directamente en la designación de autoridades". Álvarez rechaza que el Ejecutivo designe a tres integrantes del Codicen y los otros dos sean designados por los docentes. Por ello plantea que el gobierno designe solo dos miembros, que otros dos sean elegidos por los docentes y que el presidente sea electo por los cuatro. "Eso permitiría tener el mismo nivel de compromiso", sostiene Álvarez.

Una posición similar tiene el Partido Comunista. La dirigente Alicia Pintos dijo a El País que su sector mantiene el reclamo de "autonomía y cogobierno" en todos los órganos de la enseñanza. Las bases del conglomerado también levantan los viejos postulados que sostenía la izquierda para la educación, cuando no era gobierno.

Debate. La norma comenzó abordarse días atrás en la comisión de Educación de Diputados, pero el Frente Amplio procesa el tema en forma interna en un ámbito designado por el congreso de la coalición, donde semanalmente se reúnen legisladores y delegados de base. Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio, el Partido Socialista y Alianza Progresista son partidarios de introducir algunos cambios menores, pero quieren aprobar la ley cuanto antes.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), los comunistas y los delegados de base -sectores que tienen un fuerte peso en los gremios docentes- son quienes quieren modificaciones substanciales a la iniciativa, que aseguren las mayorías sindicales en la estructura de la enseñanza.

El diputado José Mahía (Asamblea) admitió que la comisión del Frente aún no llegó a concretar acuerdos definitivos. Reconoció que si la izquierda logra consenso sobre los contenidos de la norma "la ley no va a salir del Poder Legislativo tal cual entró", y por eso promoverá modificaciones.

Fragmentación. Edgardo Ortuño (Vertiente) cree que "la ley debe ser una herramienta de transformación a fondo y atiende la fragmentación, al crear un sistema educativo".

Para el diputado, la propuesta que impulsa dentro de la coalición la ministra de Educación, María Simon, "respeta la autonomía con coordinación y participación y le da al ministerio un papel coordinador". Al referirse al Instituto de Formación Docente, Ortuño aseveró que su sector quiere que sea "autónomo y cogobernado".

"Lo que no puede pasar es aprobar una ley en que todo quede igual. Los cambios son innegociables. Se apuesta a lo nuevo, a cambios profundos, una mejor calidad no es solo un tema presupuestal. La propuesta del Frente no solo apuesta a una reestructuración", sostuvo.

Por su parte, el diputado socialista Roque Arregui indicó que en la comisión designada por el congreso del Frente "se trabaja con espíritu de poder acordar para que haya una ley". Arregui admitió que no se fijaron plazos, aunque entiende que el proyecto debe aprobarse "lo antes posible".