La Iglesia Católica ha planteado un tema álgido: la eventual adopción de niños por parte de parejas homosexuales, prevista en un proyecto de ley ya aprobado por el Senado y actualmente a consideración de la Cámara de Representantes.

La Arquidiócesis de Montevideo, a través de un comunicado del Instituto Pastoral de Bioética "Juan Pablo II", ha expresado que considera "altamente negativo" dicho proyecto, que "constituye una transgresión a los derechos del niño" y manifiesta su pena por el atropello "a la dignidad de la persona humana y en particular de los niños" cometido por los senadores que lo votaron.

Es indudable que la iniciativa merece graves reservas. En especial cuando se piensa que lo que hay que priorizar son los intereses del niño y no los de la pareja que quiere adoptarlo. Como señalaron legisladores nacionalistas, el mencionado tipo de adopción puede, por lo menos, condicionar las opciones sexuales futuras de los adoptados. Adicionalmente, con acierto dichos legisladores recordaron que en Uruguay hay numerosas parejas heterosexuales en condiciones de adoptar, por lo cual no es necesario insertar a los niños en hogares de parejas de un mismo sexo.

Debe recordarse en ese orden que lo que en nuestro país escasean no son las parejas dispuestas a adoptar sino los niños en condiciones de ser adoptados. En estos momentos hay en el INAU doscientas parejas anotadas para adoptar, mientras que dicho Instituto da en adopción unos 60 niños por año. Situación que deriva con frecuencia en las adopciones ilícitas, justamente estimuladas por la ansiedad de parejas que están dispuestas a saltearse los trámites legales y hasta a entregar dinero para que se les confíen menores que quieren criar como hijos.

En esta circunstancia luce por lo menos inoportuno que se abra la eventualidad de crianza en entornos que eufemísticamente puede decirse que son cuestionables respecto de si presentan las condiciones adecuadas para el desarrollo normal de los menores. Al respecto, el comunicado del Instituto Pastoral indica que la norma de adopción proyectada no respeta el interés superior del niño, quien merece un buen desarrollo.