Se abre debate legislativo sobre las ocupaciones

El Poder Ejecutivo envió ayer al Parlamento el proyecto de ley que regula las ocupaciones de lugares de trabajo, sustitutivo de un decreto del año 2006. Desde la oposición se aseguró que el contexto actual merece otro tipo de norma.

Con la firma de todos los ministros, el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento el proyecto sobre ocupaciones que pretende sustituir el vacío que dejará la derogación del decreto 165/006 de prevención y solución de conflictos laborales.

El proyecto prevé que los empresarios recurran al Tribunal Letrado de Trabajo, para que la Justicia intervenga en caso de ocupación por parte de un sindicato. El escrito está basado en un proyecto presentado en el año 2005 por el diputado nacionalista Alvaro Delgado, quien apuntó que el contexto en el que lo propuso era "totalmente diferente" y criticó la iniciativa del gobierno por "no tener en cuenta la realidad del momento".

En la exposición de motivos del proyecto, se establece que con la norma se pretende salvaguardar las garantías y derechos "no sólo de los trabajadores y empleadores, sino que sustancialmente traslada la competencia para proceder en esta materia, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial", señala.

El proyecto enviado al Parlamento prevé, en su primer artículo, un proceso judicial al que las empresas podrán recurrir "en ocasión de la ocupación adoptada como medida gremial por parte de empleados, obreros o funcionarios", dice.

Los juzgados competentes para entender en esta acción son, en Montevideo, los juzgados de Primera Instancia de Trabajo, y en el interior del país en los juzgados de Primera Instancia del lugar en donde esté ubicada la empresa donde esté ocurriendo la ocupación.

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, informó que el proyecto pretende lograr el esquema de acción de amparo breve. "El juez tendrá tres días para llamar a las partes, convocar a las partes", señaló.

Además, destacó, como un agregado al proyecto de Delgado, que el magistrado actuante deberá pedir información al Ministerio de Trabajo sobre "cómo se produjo el conflicto, si hubo negociación previa, si participó el Ministerio de Trabajo, si tiene alguna salida encauzada", señaló.

La información recogida, agregó, no vincula la opinión del Ministerio de Trabajo con la resolución del juez. "El juez resuelve según lo que crea conveniente", enfatizó.

CONTEXTOS. El diputado Delgado insistió en que el proyecto que él elaboró en su momento , fue en un "contexto especial" y que "en ningún momento definía sobre la licitud de la ocupación".

"Sí establecía la competencia laboral y civil con un procedimiento de amparo en momentos en donde había un gran caos: había trece ocupaciones en el primer semestre de 2005", explicó.

Agregó que se buscaba con la iniciativa proceder a "un trámite rápido como el amparo, porque en los empresarios se generaba una sensación de inseguridad jurídica".

A su entender, el gobierno no tuvo en cuenta para la elaboración del proyecto los antecedentes generados desde el 2005. Además, cuestionó el momento en que se presenta el proyecto. "Estamos en medio de una ronda de Consejos de Salarios, en vísperas de un año electoral. Me parece que es un tema de sentido común que en el tema de la ocupaciones y negociación colectiva, no se puede avanzar si no hay consensos de las partes. Esto no puede ser fruto de mayorías circunstanciales", concluyó.

Desde las cámaras empresariales no se ve con buenos ojos al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Hay preocupación y desconcierto sobre las consecuencias de lo que la norma sustitutiva del decreto que regula las ocupaciones puede generar en las empresas

En declaraciones al semanario Búsqueda, el presidente de la Comisión de Asuntos Socio-Laborales de la Cámara de Industrias, Dimitrios Linas, señaló que lo que más le "preocupa" es "la arbitrariedad del gobierno de actuar en forma unilateral en temas que necesariamente requieren consenso", señaló, ubicándose en la misma línea que el diputado Álvaro Delgado, quien hizo hincapié en ese punto.

Delgado dijo a El País que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que no puede haber avances en este tipo de situaciones si no hay acuerdo de las partes. El diputado también crítico el momento "inoportuno" en el que se presenta el proyecto. El presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Anmype), Pablo Villar, coincidió en ese aspecto. Si bien rescató la actitud de diálogo del gobierno, Villar dijo que el proyecto "lesiona" derechos básicos de la actividad y el análisis de su contenido no resulta adecuado "en medio de la negociación salarial".

El artículo quinto del proyecto de ley establece, como novedad, que previo al dictado de su sentencia definitiva, el magistrado deberá solicitar informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de establecer si tuvo intervención en el conflicto; cuál es el estado de la negociación en caso de existir; si en los instrumentos de negociación colectiva que vinculan a las partes se prevén medios de solución de conflictos, y si efectivamente éstos fueron utilizados.