Discuten penas alternativas a padres omisos en sus deberes

1/1: A prisión. Padres y madres que sabían que sus hijos eran víctimas de abuso y no denunciaron fueron condenados (La Nación de Costa Rica / GDA)

X. AGUIAR Y D. FRIEDMANN

Un padre permitía que sus hijas fueran abusadas. Una madre miraba cómo su pareja castigaba a su niña. Dos adolescentes robaban y su padre ocultaba lo hurtado. Todos los adultos fueron procesados por omisión de los deberes de patria potestad.

Esos son sólo algunos de los casos de aplicación de ese delito que se conocieron en los últimos dos meses en Tacuarembó, Lavalleja, Montevideo, Maldonado, Paysandú, Mercedes y Artigas. La omisión a los deberes de la patria potestad es un delito "residual, y, como todos los delitos de omisión, vago", señaló la abogada Diana González, especializada en la defensa de niños y adolescentes. Sin embargo, es una de las figuras a las que se recurre ante delitos tan delicados como el abuso infantil o los que son cometidos por menores de edad.

"Son figuras residuales de omisión que se utilizan cuando no se logran probar los actos, para penar por medios oblicuos", señaló González. Eso puede ser lo que sucede frente a los casos de abuso sexual. "Ante un caso difícil de probar, los jueces están accionando con los recursos que conocen, y sigue pendiente realizar un protocolo" que incluya pericias especializadas, señaló.

"Preocupa que a veces se aplica a la otra persona que está en la casa y no denuncia. Muchas veces son mujeres que no ven porque tienen historias similares y les remueve, o no saben cómo actuar, o tienen miedo. Se castiga a una persona por errar en los caminos para proteger al niño, a veces casi de la misma manera en que se sanciona la conducta positiva, intencional", consideró. "Tendríamos que tratar de transformarlo en delitos de acciones, como trato cruel, o negligencia, en los que se pruebe la intencionalidad", sostuvo.

Culpa. La diputada Beatriz Argimón (Partido Nacional) estudia la figura para actualizarla. Actualmente, la definición de la patria potestad refiere "al amparo y a lo económico. Debemos considerarla desde la perspectiva de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados", dijo. Aunque la reforma sería del Código Civil, tendría como consecuencia la posibilidad de aplicar, cuando no se garanticen los derechos, la figura penal, explicó.

Un proyecto de ley presentado por otro diputado nacionalista, Nelson Rodríguez, propone especificar que el delito de omisión de la patria potestad se configure ante "un trastorno en la seguridad pública como consecuencia de la acción u omisión de un menor infractor". Además, plantea aplicar a los padres penas alternativas a la prisión.

La propuesta surgió "porque los fiscales no tenían herramientas para actuar contra padres de menores que reiteradamente infringían la ley. El problema es que las familias dependen de un jefe de hogar solo, normalmente con más de un chico a su cargo. Es muy difícil accionar si la pena es de prisión", señaló Rodríguez.

Sin embargo, González cuestionó la culpabilidad de los padres por los delitos de los hijos. "¿Por qué un juez puede sancionar a un padre porque su hijo cometió un delito? ¿Por qué no lo educó bien; por qué no le dio las condiciones para entrar en el mercado laboral; por qué no lo denunció? En nuestro código, un familiar no está obligado a denunciar. Eso parte de una visión muy peyorativa de las familias de los gurises que han cometido ilícitos", señaló.

Los procesamientos de los padres por delitos cometidos por menores son relativamente "nuevos", dijo a El País, Gustavo Zubía, ex fiscal de Maldonado (hasta noviembre de 2007) y actual fiscal de menores infractores en Montevideo. "Es relativamente nuevo porque han cambiado las modalidades delictivas en Uruguay. La delincuencia de menores es un fenómeno de los últimos años", afirmó.

En Maldonado, Zubía actuó en cuatro casos que terminaron en procesamientos de padres por omisiones de la patria potestad y solicitó la misma medida en unos 15 que no prosperaron. En uno de los que terminó en procesamiento, por ejemplo, los padres tenían conocimiento de que sus hijos delinquían. Allí se consideró que los adultos estaban infringiendo el deber de la educación moral. Otro de los procesamientos fue el de un padre que delinquía junto a sus hijos; y un tercero de una madre que escondía lo hurtado por su hijo. "No estaba en juicio el bien jurídico propiedad. Estaba en juicio el bien jurídico familia, las buenas costumbres y la educación del hijo", explicó Zubía. Probar la voluntad del padre o de la madre de incumplir los deberes de la patria potestad no siempre es fácil, sobre todo en niveles socioeconómicos críticos o muy desfavorecidos. "A veces están en una situación muy marginal, con una escala de valores muy diferentes, con necesidades muy insatisfechas y con pocas posibilidades de darles más cuidados a sus hijos", señaló Zubía. Esos aspectos han sido manejados por jueces en sentencias en las que deciden no procesar a los padres porque consideran que carecen en la práctica de la capacidad de tutelar a sus hijos.

En los niveles socioeconómicos medios y altos, en cambio, es más fácil probar la responsabilidad en la omisión.

Otras fuentes judiciales consultadas estimaron que en los procesamientos por este delito inciden ciertas "modas o tendencias a nivel judicial". Por su parte, el defensor de oficio de menores infractores Daniel Sayagués señaló que, según su experiencia, "los casos de participación o apoyo de padres en la delincuencia son absolutamente excepcionales". El juez de Adolescentes Hugo Morales opinó que "siempre" se han dado situaciones de este tipo. "Puede haber una tanda que dé la impresión de un aumento, pero hay que esperar para ver una tendencia".

A prisión. Padres y madres que sabían que sus hijos eran víctimas de abuso y no denunciaron fueron condenados este año.

6 DE JULIO Una madre que consintió que sus dos hijas menores de edad fueran abusadas por varios hombres fue procesada con prisión en Tacuarembó.

3 DE JULIO La Justicia procesó con prisión en Lavalleja a un hombre de 26 años por lesiones graves contra un niño de dos años, hijo de su pareja. La madre fue procesada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.

29 DE JUNIO Los padres de dos adolescentes de 13 y 16 años que habían cometido varios robos fueron a prisión. Los padres no sólo conocían la actividad de sus hijos sino que la apoyaban.

11 DE JUNIO Una mujer que supo que un hombre había abusado de uno de sus hijos de 11 años y no lo denunció fue procesada en Paysandú.

16 DE MAYO Juan Gilberto Coitiño, que había sido procesado por conocer los abusos que sufría su hija, fue asesinado en la cárcel de Tacuarembó.

Juan Gilberto Coitiño (43) fue encontrado muerto tras recibir una brutal paliza en la cárcel de Tacuarembó, pocas horas después de haber sido procesado. Coitiño sabía que su hija de 10 años era abusada por un hombre, que a cambio le entregaba dinero a su madre. Por su asesinato, siete reclusos y dos policías fueron procesados. La madre y el abusador sufrieron lesiones, pero leves. Toda la furia recayó sobre el hombre que, según la Justicia, debía haber cuidado a su hija y no lo hizo.