Gobierno presentó denuncia por corrupción en Ciudad de la Costa

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La jueza y el fiscal de la Costa que siete días atrás procesaron a nueve aduaneros serán quienes investiguen las denuncias sobre irregularidades en el Estado que el gobierno presentó ayer. Los ilícitos referirían a permisos de importación.

El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, entregó ayer la denuncia sobre presuntas irregularidades en organismos públicos. Lo hizo en el Juzgado de Ciudad de la Costa a cargo de la magistrada Mariana Mota quien, junto al fiscal Gilberto Rodríguez, se reunieron con el jerarca.

La denuncia recoge los datos entregados por un hombre a José Mujica primero, al presidente Tabaré Vázquez el miércoles, y presentadas por escrito a Toma el jueves.

Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que el denunciante es un funcionario de carrera de larga trayectoria que ocupó cargos políticos en administraciones anteriores.

Las irregularidades señaladas abarcan varias oficinas públicas, pero en especial dependencias del Ministerio de Industria, Energía y Minería y Aduanas. Están incluidos también el aeropuerto de Carrasco, el puerto de Montevideo y fronteras secas, dijeron fuentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a El País.

"La denuncia toca varias puntas de diferentes aspectos del ámbito público, entre ellas el aeropuerto", sostuvo una fuente judicial.

Las denuncias referirían a permisos de importación irregulares emitidos en oficinas públicas, mediante los cuales ingresó al país mercadería de manera ilícita.

Otras fuentes del Ministerio de Economía mencionaron que las maniobras estarían relacionadas con maquinaria y vehículos que ingresaron a Uruguay en forma fraudulenta. Agregaron que los ilícitos podrían alcanzar varios millones de dólares.

Mota y Rodríguez, quienes interrumpieron su descanso para reunirse con Toma ayer, iniciarán la indagatoria luego de la feria judicial menor, que finaliza el 15 de julio, indicaron fuentes judiciales a El País.

La magistrada puede disponer medidas de protección para el denunciante, quien pidió al gobierno se mantenga en reserva su identidad, añadieron las fuentes.

Eso no quita que el gobierno, aplicando el decreto 209 del año 2000 que fue mencionado por el propio informante, ya haya dispuesto medidas de protección para esta persona.

La denuncia menciona a varias personas, algunas jerarcas de organismos públicos que intervienen en las maniobras ilícitas.

"Tiene puntos interesantes para ver si se les puede sacar punta. Para eso también habrá que averiguar primero si ya hay expedientes en otros juzgados referentes a algunos de los temas denunciados", dijo una fuente judicial consultada por El País. "Hay que leer lenta y atentamente los hechos irregulares denunciados y las personas mencionadas" añadió

Para definir el camino que seguirá la investigación a cargo de Mota y Rodríguez, será decisiva la declaración del denunciante, la que se concretará después de la feria judicial.

Desconcierto. Si bien la denuncia fue presentada en un juzgado de Canelones e irregularidades que menciona ocurrieron en ese departamento, también abarca hechos que se dieron en Montevideo.

La decisión del gobierno de radicar la denuncia en el juzgado de Ciudad de la Costa y no en un juzgado penal de la capital generó desconcierto en miembros del MLN. Si la denuncia se hubiera presentado en Montevideo, intervendrían la jueza penal Fanny Canessa y la fiscal Mirtha Guianze.

Canessa fue quien recientemente procesó con prisión al ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa.

Guianze, de reconocida trayectoria en casos sobre violación a los derechos humanos, fue la candidata a fiscal de Corte del Frente Amplio pero no contó con los votos de la oposición en el Parlamento para ocupar ese puesto y tiene mala relación con el canciller Gonzalo Fernández, el hombre de consulta del presidente Vázquez en diversos temas, entre ellos los referidos al sistema judicial.

"Vemos con optimismo que cuestiones que quisimos desterrar desde un principio en el Aeropuerto de Carrasco y que administrativamente se hacía muy difícil eliminar, son encaradas y procesadas por la Justicia Penal y los equipos policiales", afirmó ayer a El País el director Nacional de Aduanas, Luis Salvo.

El miércoles 28, la jueza Penal de la Ciudad de la Costa, Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez procesaron con prisión a nueve aduaneros que revistaban en el Aeropuerto de Carrasco y en la zona franca Zonamérica.

Tras regresar de la 107a. Sesión del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, el jerarca aduanero calificó de "hechos importantes" los actos de corrupción detectados por la Justicia Penal en el Aeropuerto, una de las principales administraciones de la Aduanas. "Esperamos que los procesamientos con prisión operen también como un mensaje claro hacia aquellos que se habían acostumbrado a manejarse dentro de una impunidad increíble", advirtió en referencia a aduaneros y contrabandistas.

Sin embargo, Salvo advirtió que la corrupción no es propiedad sólo de aduaneros. "Esto va más allá de nuestros funcionarios, porque la enfermedad de la corrupción atraviesa a todos los agentes que operan en el sistema", aseguró.

A juicio del director de Adunas, las citaciones judiciales generaron "nerviosismo" en varios involucrados en maniobras dolosos. "Ese sentimiento está alojado en varias casas y eso es bueno. Hay que afrontar estos problemas cuando se manejan montos pequeños y también cuando se manejan montos más relevantes", dijo.

Los ex directores de Aduanas son renuentes a hablar de su paso por esa repartición. De varios consultados sólo Víctor Lissidini, y José Luis Arechavaleta, señalaron a El País que en el organismo "siempre" hubo casos de corrupción y que es difícil "resistir" las "tentaciones" económicas que se presentan a los funcionarios.

Los ex directores de Aduana Armando Méndez, Nilo Pérez y Jorge Sienra consultados por El País se excusaron de hacer comentarios sobre sus experiencias. El ex director Pablo Illarietti estaba fuera del país.

Lissidini, que ocupó el cargo en 2002 y 2003, aseguró que tiene la "absoluta convicción" que en el organismo hay casos de "coima grande".

"Tantos casos de corrupción había que se iniciaron centenares de sumarios administrativos. Incluso, los sumarios se sacaron de la Aduana y se hicieron en la Oficina del Servicio Civil para darle mayor transparencia y cristalinidad a las investigaciones", dijo el ex jerarca.

Lissidini asegura que más del 50% de los aduaneros son "gente bien".

"El problema es un pedazo de la Aduana en donde está enquistada la corrupción", dijo. "Eso no ha cambiado desde que yo fui director. En esa época la Aduana era una especie de queso gruyere, entraba contrabando por todos lados", sostuvo.

Lissidini admitió que tuvo "ofrecimientos de dinero" cuando fue director del organismo.

Por su parte Arechavaleta, que estuvo en ese cargo entre 1992 y 1994, aseguró que "aquello de que la ocasión hace al ladrón, es cierto en la Aduana".

"Cuando la tentación es grande y lo incitan de un lado y del otro es difícil que el funcionario resista", agregó el ex funcionario.

Arechavaleta señaló que "controlar la veracidad de todas las declaraciones es imposible" y señaló que en los lugares "oscuros es donde roban y la Aduana es un lugar oscuro".

"Por dos o tres de la Aduana pondría las manos en el fuego y la cabeza debajo de una piedra que no va a pasar nada", dijo el ex director. Y uno de los "hombres honestos" para Arechavaleta es el actual subdirector Alfonso Labat.

"Si fuera ministro de Economía mi director de Aduanas sería Labat", afirmó.