La designación directa de familiares de funcionarios en el Poder Judicial despertó polémica, pese a no ser una práctica habitual en la administración pública. Mientras los judiciales rechazan este mecanismo, otros gremios públicos lo reclaman.

En el Poder Judicial, la Intendencia Municipal de Montevideo y en OSE se contrata directamente a familiares de funcionarios, pero este mecanismo sólo ha generado rechazo entre los funcionarios judiciales que plantearon el tema a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados. En la IMM el gremio defiende el acuerdo que asegura un cupo para familiares y en OSE se busca lograr un convenio similar para organizar la contratación directa.

Al Poder Judicial se le cuestiona que sean los ministros quienes eligen los cargos de auxiliares y que confeccionen la lista de quienes participan de los concursos semiabiertos para cargos administrativos.

En la IMM el gremio llegó a un acuerdo con las autoridades a fin de establecer un cupo para la contratación de familiares directos de funcionarios, que actualmente alcanza al 15% de los nuevos trabajadores que se integran a la comuna. "Ha habido críticas de directores que consideran que no deberían existir este tipo de beneficios, pero nunca se hizo un planteo formal sobre este tema ni se habló de dejar sin efecto el convenio", dijo a El País el dirigente de Adeom, Camilo Clavijo. Además en la IMM un decreto habilita el ingreso de un familiar si el funcionario falleció dentro de las instalaciones de la comuna. En la Junta Departamental de Montevideo ocurrieron dos ingresos por fallecimiento de funcionarios en los últimos ocho años.

En el Ministerio del Interior, también han ingresado, sin dar concurso, familiares directos de agentes que fallecieron en servicio. Fuentes ministeriales señalaron que ese ingreso es un acto humanitario hacia la familia, ya que el que fallece es el principal sostén de la misma.

Tanto en la Administración Nacional de Puertos como en la Aduana los trabajadores plantearon la posibilidad de que se habilitara el ingreso de familiares de funcionarios fallecidos, pero en ambos casos las autoridades descartaron el planteo. En la Aduana, no obstante, el gremio logró que se contratara a la esposa de un funcionario que falleció en un accidente de tránsito durante una persecución a contrabandistas.

A nivel de la Administración Central, los concursos son abiertos y no privilegian a los familiares de los funcionarios.

En OSE hace 35 años que se aplica la designación directa de funcionarios en carácter interino, que de hecho se vuelven permanentes. Esto viola la reglamentación de ascenso y pruebas del ente, según denuncia la Federación de Funcionarios de OSE. No obstante, el gremio no está en desacuerdo con la designación directa, pero pretende que sea más organizada. FFOSE pretende que un determinado porcentaje del personal que se contrata corresponda a familiares de funcionarios. También propone la incorporación de familiares de trabajadores que hayan fallecido en el cumplimiento de sus tareas.

En Ancap hace 20 años que se eliminó el ingreso en forma directa de trabajadores, aunque sí era un método usual de ingreso el ser familiar de un empleado u obrero que fallecía, sistema que dejó de aplicarse tras un acuerdo entre el Directorio y el sindicato.

UTE hace también 20 años que dejó de privilegiar a los familiares de los funcionarios del ente, tanto en las contrataciones como en los concursos. Se han producido ingresos de hijos de trabajadores pero no como consecuencia de un tratamiento especial.

Los concursos para ingresar al Correo son abiertos, según afirmó a El País José Mattos, secretario general de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay. Mattos dijo que bajo la actual conducción del organismo se ha dejado de privilegiar a los familiares de los funcionarios en régimen de designación directa, como ocurría antes.

En Antel nunca existió este tipo de régimen, según señaló el presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, a El País. El gremio ha planteado desde hace varios años la incorporación de familiares en caso de fallecimiento de un trabajador pero nunca recibió respuesta por parte de las autoridades. Los familiares "son uno más del montón", dijo Molina.

Desde la Asociación de Trabajadores Seguridad Social se informó que hace 15 años que en el BPS no se producen designaciones directas de familiares. Incluso en el último concurso que permitió el ingreso de 400 nuevos funcionarios no hubo cupo para que los familiares participaran del llamado. (Producción: A. Navarro, E. Barreneche y D. Ferreira).

Qué pasa en otros organismos públicos

OSE

Se designan directamente funcionarios en carácter interino, que de hecho se vuelven permanentes. El gremio no está en desacuerdo con la designación directa, pero pretende que sea más organizada y que se defina un cupo para familiares.

ANCAP

Eliminó la contratación directa hace veinte años. Antes era usual que se contratara a los familiares de los funcionarios que fallecían en la empresa, pero eso tampoco se aplica en la actualidad tras un acuerdo del gremio y los jerarcas.

UTE

No se privilegia a los familiares de los funcionarios. El gremio no ha adoptado una posición conjunta respecto al tema, ya que hay visiones encontradas respecto a los beneficios y perjuicios para el resto de los trabajadores.

Correo

En anteriores administraciones la designación directa de familiares de funcionarios se utilizaba, según dirigentes gremiales del Correo. En la actualidad sostienen que no se privilegia más a los parientes de los funcionarios.

ANTEL

Nunca hubo prioridad ni cupos para familiares de los trabajadores de Antel, a pesar de que el gremio lo ha reclamado en reiteradas oportunidades para los casos en los que fallece un funcionario que era el sostén económico de la familia.

IMM

Un 15% de los trabajadores que ingresan a la comuna deben ser parientes de funcionarios, de acuerdo a un convenio entre Adeom y la IMM. Además, si un funcionario fallece se contrata a un familiar directo.

El jefe no puede ser pariente

Ana María Ferraris, directora de la asesoría letrada de la OPP, dijo a El País que hay aspectos de la contratación de funcionarios incluidos en la Ley 17.060 referida al uso indebido del poder público y el decreto 30/003 que establece las normas de conducta en la función pública. Ferraris explicó que a la Administración Central se ingresa por concurso o sorteo. "El régimen es distinto en otras áreas, pero hay limitantes para el desempeño en relación de dependencia hasta cierto grado de parentesco".

Discuten contratos y cese de públicos

La Asociación de Funcionarios Judiciales volvió a criticar ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por la forma de contratación de funcionarios, polémica que se inició en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados que estudia la Rendición de Cuentas.

Sergio Núñez, dirigente del gremio, dijo que para ingresar como auxiliar de servicio al Poder Judicial se requiere la autorización directa de los ministros. En declaraciones a canal 4, dijo que para ser funcionario judicial "hay que tener acceso a los ministros y a su entorno. No hay otra forma. Es claro que quien ingresa al Poder Judicial es porque el ministro designa ese futuro funcionario con nombre y apellido".

En la misma comisión que estudia la Rendición de Cuentas los dirigentes de COFE plantearon discrepancias con el Ministerio de Educación y Cultura por algunas contrataciones y pidieron que se regularice a través de una norma los contratos de becarios, pasantes y cachés.

Además los diputados del Frente acordaron con la OPP la redacción final del artículo 12 de la Rendición, que habilita a la destitución del funcionario público cuando no acepta ser reasignado o recapacitado. En concreto, la Rendición dirá que si el funcionario no reúne el perfil adecuado para un cargo, el Poder Ejecutivo estará "obligado" a reasignarlo y, de ser necesario, recapacitarlo. Si el empleado no acepta ser recalificado o capacitado, deberá aceptar un retiro o jubilación anticipada. Cumplidos esos pasos, el funcionario podrá ser cesado.

Así, la nueva redacción obliga al Estado a ofrecer reasignación y recapacitación, pero también elimina los dos años de plazo previstos para el cese, desde el momento en que se decide que no reúne el perfil. El proyecto agrega garantías al trabajador al permitir el control parlamentario. La Asamblea General tendrá 60 días para revocar el cese.

El PAIS