IMM aplicará 125 multas a dueño de predio ocupado

EDUARDO BARRENECHE

Unas 125 multas de 350 U.R. cada una (US$ 789.687) serán aplicadas por la IMM a un predio rural que fue ocupado ilegalmente en el 2000. El expediente de la ocupación se perdió durante tres años y luego fue archivado por otros dos.

"En la comuna se esperó que pasaran las elecciones para mover otra vez ese expediente. El municipio favoreció así la instalación del asentamiento" en el CCZ 10, dijo a El País la edila forista Cristina Ferro.

La Junta Departamental estudia facultar a la IMM a aplicar las multas por "el fraccionamiento irregular realizado en el padrón Nº 92214" ubicado en Mendoza y el Camino La Abeja, dentro de los límites del Centro Comunal Zonal Nº 10. Este CCZ junto con el Nº 9, integran las zonas de Montevideo donde más abundan los asentamientos irregulares. Éstas comprenden los barrios de Curva de Maroñas, Punta de Rieles, Bella Italia, Manga y Boizo Lanza, entre otros).

Según la edila opositora, la resolución a estudio de la Junta tiene un grave error jurídico: carece del nombre del propietario del bien. Encima, señaló la edila, éste es acusado en forma indirecta de haber realizado el fraccionamiento irregular cuando, en realidad, su propiedad sufrió la ocupación. "Todo es irregular. Son los propios ocupantes quienes denunciaron en el CCZ 10 haber tomado el predio", advirtió.

En una carta presentada al CCZ 10, los ocupantes señalaron el 21 de marzo del 2000 que se apropiaron del inmueble porque "éste estaba inutilizado". Durante ese año, la IMM intimó en varias oportunidades a los ocupantes de bien sin efecto alguno. Luego trató de intimar al propietario del inmueble para que regularice la situación y detectó que éste falleció en 1996, cuatro años antes del fraccionamiento irregular. Sin embargo, el expediente en la Junta fechado en el 2007 lo acusa de haber propiciado el fraccionamiento y por ello se le aplican 125 multas: una por cada ocupante.

En el expediente del asentamiento se señala que el 31 de marzo del 2000, apenas tres meses después de iniciada la apropiación irregular del predio, 60 viviendas precarias ya contaban con servicios estatales: luz y agua potable.

La hipótesis de la edila Ferro es que existió una eventual intencionalidad política detrás de esa ocupación. "Además de perderse por tres años, un secretario de Junta comunista lo guardó en un cajón. Después que ganaron (el Frente) las elecciones, lo sacaron para multar al dueño del predio", dijo la legisladora comunal colorada.

Entre el 30 de junio del 2000 y el 3 de enero del 2003, el expediente no registra ningún movimiento. Ese día el secretario de la Junta Local de la Zona 10, Juan Landaco, confirmó que el "expediente se encontraba extraviado". Pocos días después, el arquitecto del CCZ 10, Roberto Bergara constató que habían 120 familias residiendo en el asentamiento.

El 9 de septiembre del 2003, el presidente de la Unidad de Montevideo de la IMM, Alfonso Carriquiry dispone que el expediente se mantenga "a despacho". Es decir, pase a archivo.

El trámite continúa dos años más tarde. En esa ocasión, Carriquiry reconoce que "el barrio se encuentra consolidado". Ahora resta multar al dueño fallecido.

Según Ferro, el trámite continuará con la expropiación del terreno por parte de la IMM a cambio de la deuda y, al transformarse en un inmueble municipal, los ocupantes pedirán la regularización del barrio.

El abogado asesor de la IMM, Enrique Machado dejó entrever la existencia de responsabilidades de funcionarios municipales en la consolidación de un asentamiento de Camino Mendoza. En un informe enviado el 12 de enero del año pasado a la Asesoría Jurídica, Machado señala que es posible "el transcurso del tiempo impida deslindar responsabilidades en lo disciplinario, pero corresponde señalar el hecho porque ese es uno de los pilares para que estos fenómenos (la ocupación ilegal) se multipliquen sin consecuencias administrativas".