Piden que Astori y director de DGI declaren ante juez

EDUARDO DELGADO

Francisco Casal denunció irregularidades en el procedimiento administrativo en su contra y pidió a la Justicia que cite al director de la DGI, Nelson Hernández y otros funcionarios. Jorge Chijane, por su lado, solicitó que declare Danilo Astori.

En abril, cuando Casal presentó recursos de reposición y jerárquico ante la Dirección General Impositiva (DGI), denunció ante el organismo que existió falsificación de documento en el procedimiento administrativo en su contra, que pueden constituir un delito penal.

Posteriormente, cuando en un Juzgado civil contestó la demanda de la DGI por la que fue embargado, Casal también comunicó de esas irregularidades en el proceso administrativo en su contra. En ese escrito, el principal contratista de futbolistas del país solicitó a la jueza Loreley Opertti que cite a declarar a Hernández y al resto de los funcionarios de la DGI que participaron en el expediente administrativo, expresaron fuentes del caso a El País.

El director general de Rentas, Nelson Hernández, rechazó las acusaciones de irregularidades, en las que consideró hay "mala fe".

Jorge Chijane, ex socio de Casal y también embargado por la Justicia a pedido de la DGI, solicitó a Opertti que cite al ministro de Economía, Danilo Astori, jerarca inmediato de Hernández.

Su declaración es "a los efectos de que responda respecto a si estaba en conocimiento de las pesquisas secretas llevadas adelante por la DGI", "de la inexistencia durante casi tres años de un expediente administrativo llevado adelante conforme a derecho, así como las circunstancias en las que se confeccionó éste".

Falsificación. El semanario Búsqueda informó ayer que en el juicio iniciado con la demanda presentada por la DGI contra Casal, el empresario indicó que el organismo recaudador "armó" el expediente sobre el Grupo Casal, "encabezándolo con una orden de inspección de fecha 30 de mayo de 2005, impresa en un formulario de enero de 2008". "Sólo cabe pensar que existió aquí la fabricación o la falsificación de una orden de inspección, con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación reglamentaria de que todo expediente se inicie con la misma (por la Orden de Inspección), vale decir `cumplir con las formas` cuando el derecho no se ostenta", declaró Casal ante la magistrada Opertti, indicó el semanario.

Insostenible. Hernández sostuvo que el procedimiento "está hecho dentro de las normas, sin esas ridículas observaciones. Sería impensable incurrir en errores de ese tipo. Es una lectura mal intencionada y parcial de documentación. No se le puede decir a la DGI, que está permanentemente analizando la validez de la documentación, incurrir en un error de este tipo. Es insostenible".

Para el jerarca, el planteo es "improcedente, se hace con absoluta mala fe o con un supino desconocimiento de las normas y responsabilidades de la administración. Y no creo que estemos hablando de gente que desconoce el funcionamiento de la administración". Consideró que esto "es un intento de desviar la atención respecto del centro de la cuestión", que es definir si Casal tiene o no deudas tributarias.

Ante la denuncia de hechos con apariencia delictiva incluidos en el escrito de Casal, la magistrada Opertti puede enviar copia de esa información a un juzgado penal.