Denuncian intención de sacar a Casal del fútbol

El directivo de la empresa Tenfield, Nelson Gutiérrez, acusó a la Impositiva de intentar sacar del mercado interno al empresario futbolístico Francisco Casal para beneficiar a sus competidores mediante "una conspiración".

En un nuevo giro que tomó el controvertido caso de la deuda que Casal mantiene con la Dirección General Impositiva (DGI), Gutiérrez, amigo personal y socio de Casal en la empresa, no ocultó su sorpresa cuando conoció que el organismo fijó en US$ 104 millones el monto de los adeudos del empresario por concepto del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) como consecuencia de su actividad privada.

"¿Ciento cuatro millones de dólares?", preguntó Gutiérrez. "No existe razón jurídica ni tributaria para esta burda cifra. A alguien se le puede ocurrir que haya habido empresario que haya generado deudas impositivas por tal volumen? ¿Cuánto debería haber ganado el empresario para generar tal deuda?", preguntó.

Para Gutiérrez, se trata de "un absoluto disparate sólo atribuible a intencionalidades que nada tienen que ver con la materia, como por ejemplo eliminar un empresario de su negocio para beneficiar la introducción de uno nuevo".

El empresario atribuyó intenciones ocultas en supuestas "campañas públicas" y la puesta en marcha de "una conspiración" contra el empresario Casal, cuando dijo a El País que "es público que además de amigo personal, soy socio del Señor Casal. Él y las empresas que participan han sido permanentemente víctimas de ataques a sus diferentes actividades. Todos esos intentos de tiempo atrás fueron archivados y laudados en la justicia".

Gutiérrez dijo que "se orquestaron diferentes campañas públicas contra Casal, publicaciones, juicios, infamias etc. Nada de lo difamado fue cierto. En lo referente a mi actividad de la cual soy director, ya hubo reiterados intentos de recusar contratos, inventar ofertas fantasmas por el fútbol uruguayo, etc, como fueron los casos de la empresa llamada Costa Balear, y otra del Grupo Clarín. Todos estos temas fueron tratados fuera de los ámbitos naturales, trascendiendo a la opinión pública dentro de contextos políticos deportivos. Nada se pudo cambiar en virtud de la firmeza contractual que ligaba dichos derechos con mi empresa", declaró.

"CONSPIRACIÓN". Además, Gutiérrez sostuvo que "hubo denuncias de intervención de jerarquías políticas a favor de estos embates; hubo planteos ministeriales de crear nuevos instrumentos jurídicos que, entre otros puntos, proponían cambiar las reglas de juego, pero tampoco prosperaron".

Y concluyó que "ahora surge este nuevo y escandaloso episodio, con ribetes aún no difundidos, pero ya en poder de la justicia".

Por eso, Gutiérrez sostuvo que "esto no hace más que reafirmar una vieja sensación de que existe una conspiración como ya lo manifesté anteriormente en forma pública con el propósito de debilitar a Casal y perjudicar a mi empresa. Sensación que fue corroborada con los dichos del Cr. Nelson Hernández, Director General de la DGI, quien expresara públicamente que si no es éste el operador habrá otro".

"Lamentablemente", declaró el ex futbolista, "otra vez consiguen llevar cuestiones privadas a ámbitos públicos. No fue ni es nuestro propósito", precisó.

ACUERDO. En tanto, el director de la Dirección General Impositiva (DGI), el contador Nelson Hernández, negó tajantemente en estos días que haya habido irregularidades o ilegalidades en el procedimiento cumplido por la DGI en torno a la operativa del contratista. Como se ha informado, tras seis años de investigar a Casal el organismo pidió y obtuvo de la Justicia el embargo del contratista.

Hernández reiteró a El País que la DGI está dispuesta a lograr un acuerdo con los deudores de tributos, pero que cuando más avanza el expediente administrativo más difícil es acordar.

Los abogados de Casal denunciaron "graves irregularidades" de la DGI que consideran que pueden determinar la anulación de todas las actuaciones por el organismo en el proceso contra el empresario.

Oscar Brum, quien junto a Leonardo Costa representan legalmente a Casal en el juicio que le inició la DGI al contratista, sostuvo que los procedimientos que derivaron en el embargo de su cliente, "contienen ilegalidades e irregularidades manifiestas". Brum dijo a El País que en el recurso de reposición y apelación que presentaron se explican claramente esas irregularidades. "La jueza debe tener todos los elementos del expediente, pero son cuestiones estrictamente jurídicas", afirmó.