Ley de tierras con "lagunas" y amenazada de inconstitucional

DANIEL ISGLEAS

El Parlamento aprobó con los votos del FA la ley de ordenamiento territorial y el oficialismo ya anuncia que promoverá cambios a la norma. En la oposición vaticinan acciones de inconstitucionalidad.

Más allá de lo político, los problemas que se anticipan tienen que ver con la aplicación de la nueva ley. Al gobierno dijo que modificará la norma y blancos y colorados señalan que se multiplicarán los juicios contra el Estado en cuanto se hagan jugar las primeras prescripciones contra propietarios.

El gobierno se propone apurar la reglamentación de la ley mucho antes del plazo de un año de que dispone para aclarar puntos que aún están oscuros, dijo a El País el legislador oficialista Jorge Patrone (Asamblea Uruguay).

El Ministerio de Vivienda saludó ayer la aprobación de la ley a través de un comunicado.

La noche del miércoles 21, en la Cámara de Representantes pasaron más cosas que la aprobación de la ley. En el mismo momento en que los diputados del Frente Amplio levantaban la mano los diputados Patrone y Jaime Igorra se acercaron al legislador colorado Germán Cardozo y le adelantaron que había un compromiso del gobierno para que, en las próximas semanas, se considerara una nueva iniciativa con cambios a la ley. Cardozo había planteado en sala que el artículo de la ley que establece que las propiedades privadas no podrán ser mayores a una hectárea sin tener calles públicas en su interior, era altamente inconveniente para el desarrollo de la inversión en la costa.

Patrone admitió a El País que "como hay dificultades de interpretación", el gobierno mejorará la redacción "para hacerla más precisa" en algunos artículos. Por ejemplo, en el que citó Cardozo.

En la dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio se ha comenzado a trabajar en la reglamentación de la ley. Debe fijar aspectos no definidos, como uno que resulta esencial: la definición de cuándo una persona es pobre para que comience a operar la norma sobre el plazo de prescripción al ocupar un bien por más de cinco años.

Como hizo durante la sesión, Patrone trató de tranquilizar a blancos y colorados asegurando que, de todos modos, está vigente la ley 18.116 que previene la usurpación de inmuebles.

Inconstitucional. Pero la oposición no retrocede. El diputado herrerista José Carlos Cardoso anunció a El País que el Partido Nacional impulsará una acción de inconstitucionalidad contra aspectos de la ley porque se considera que "avanzan sobre el derecho de propiedad". La norma sobre la disminución del plazo de prescripción sobre un bien de 30 a 5 años para un ocupante ilegal "es una limitación a favor del Estado". Cardoso anunció que si el Partido Nacional gana las elecciones, la derogará. "Esta es una ley de corto plazo: pierden la elección y la derogamos".

El Partido Colorado también estudia la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la ley por la norma que reduce el plazo de prescripción de 30 a 5 años para el caso de ocupantes ilegales pobres, y aquella que establece que las viviendas desocupadas, o que según la ley no cumplan fines sociales, podrán expropiarse.

Los colorados también se oponen a la norma que prohíbe nuevos barrios privados sin calles públicas.

Pero en la práctica, los expertos tienen varias preocupaciones acerca del contenido de la ley. Por ejemplo, el abogado Roberto Yavarone, afirmó a El País que lo primero que va a ocurrir es que las personas a quienes se les inicie un proceso por la prescripción de su propiedad a los cinco años van a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

También vaticinó que a quienes les expropien la vivienda por estar desocupada y le quieran pagar el promedio de los últimos diez años del valor catastral como fija la nueva ley, impugnarán por la violación del art. 42 de la Constitución.

Juicios. El abogado Juan Andrés Ramírez anticipó "una fuente inagotable de juicios de difícil resolución" a causa de la norma sobre la prescripción. "Habrá dificultades en la práctica porque, por ejemplo, habrá que definir cómo se decide a favor de quien prescribe el plazo en una familia porque todos los que vivan en ese lugar tienen el mismo derecho", dijo.

Además, planteó que surgirán dudas sobre como se contabilizará en los cinco años qué ingresos tienen y quiénes son los reales ocupantes del bien.

Otro problema que ve Ramírez es la forma de determinar el monto del ingreso de esa familia que ocupa y a cuyo favor prescribe la propiedad del anterior dueño del bien.

Intendencias pueden categorizar suelos, regular, fraccionar, edificar, demoler y hacer policía territorial.

Audiencia pública obligatoria antes de implementar planes.

Se categorizan sueldos: rural (productivo y natural, prohibido urbanizar); urbano (centros poblados); y suburbano (enclaves con uso urbano, cerca de centros poblados).

El dueño de un inmueble está obligado a usarlo, conservarlo, proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural y cuidarlo frente a terceros.

Indemnización sólo en casos de expropiación o "daño cierto".

Si un terreno se valoriza por acción territorial, la intendencia tiene derecho a participar de esa ganancia.

Se prevé reserva de suelo para viviendas de interés social.

Un terreno que estuvo abandonado en diez años, puede expropiarse.

Prescripción adquisitiva: baja de 30 a 5 años plazo que debe pasar para reclamar un terreno ocupado. Solo para familias pobres. Hay sanciones para la ocupación ilegal de inmuebles.

Toda obra o modificación sin permiso será sancionada con multas de 50 a 50.000 unidades reajustables.

El ex presidente de la Cámara Inmobiliaria alerta sobre un posible efecto contrario al deseado que el Estado pueda dar al sector informal. "Preocupa la señal que da el Estado", dijo.

1 ¿Cómo ve la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable que se aprobó en el Parlamento?

Me preocupa lo que se trasmite. La ley da una señal a la informalidad. Años atrás un presidente entregó títulos de propiedad a los ocupantes ilegales de un asentamiento con la mejor intención. Pero la sensación que trasmitió a quien tenía problemas de vivienda fue que el Estado estimulaba a que se hiciera eso.

2 ¿Qué piensa de la informalidad existente y las ocupaciones de predios con respecto a esta ley?

La informalidad edilicia se instala en el país con velocidad. Es consecuencia de una sucesión de buenas intenciones: gente que quiso llevar una calle para las ambulancias, que le regaló el agua, y que le permite que se cuelguen de la UTE sin pagar nada. Pero que, a la vez, se pone muy dura con la ciudad formal.

3 ¿Estima que en este país hay una concepción cultural propietarista muy acentuada?

Creo que sí, porque se ha impulsado equivocadamente desde el Estado. En Estados Unidos, el porcentaje de inquilinos oscila entre 28% y 32%. Una tercera parte de hogares en el país que tiene más facilidades para acceder al crédito hipotecario no es propietario. Es un horror pretender que acá el 100% sea propietario.