Más de 100 mil uruguayos estamparon hasta ahora su firma a favor de anular la Ley de Caducidad, en vigor desde 1986, que impide juzgar crímenes de la dictadura militar (1973-1985), informaron los impulsores de la iniciativa, que este fin de semana organizaron jornadas para recoger nuevas adhesiones.

"Ha sido un despliegue de participación muy importante", dijo Carlos Coitinho, de la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, que instaló mesas en ferias, plazas, parques y paseos de Montevideo para recolectar firmas, con la colaboración de unos 1.000 brigadistas.

El objetivo de la organización, que inició su campaña el 4 de septiembre de 2007, es juntar 300.000 firmas para el 30 de abril de 2009, cuando vencerá el plazo constitucional para la presentación del recurso.

La semana pasada el prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente Tabaré Vázquez sumó su firma a la campaña y declaró que la anulación de la ley busca "un reencuentro entre todos los uruguayos sobre bases firmes de paz, de tranquilidad y de solidaridad".

A contramano de la posición del presidente, varios de los partidos que conforman el Frente Amplio, -entre los cuales el Comunista, Por la Victoria del Pueblo y Obrero Revolucionario- aprobaron a inicios de abril la adhesión de esa fuerza a la campaña de anulación de la ley.

El gobierno de Vázquez se comprometió a mantener la norma aprobada en 1986 durante el gobierno de Julio Sanguinetti que fijó que delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura, incluidas violaciones a los derechos humanos, quedaran amnistiados salvo excepciones.

En 1989 los uruguayos votaron en un plebiscito con el objeto de derogar la ley, pero el resultado fue adverso.

La campaña -cuyos resultados preliminares se divulgarán el jueves primero de mayo- es impulsada por el PIT-CNT, abogados defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y dirigentes políticos.

En base a ANSA