Celestino Corbacho es desde hace casi dos semanas el titular del flamante Ministerio de Trabajo e Inmigración en España, principal puerta de entrada a Europa para los extranjeros, uruguayos incluidos. Defiende la igualdad de "derechos y obligaciones" para los inmigrantes y prepara un conjunto de medidas para reintegrar en el mercado de trabajo a los más perjudicados por la desaceleración económica, o que regresen a su país.

- Sus primeras palabras han sido interpretadas como un endurecimiento del discurso del Gobierno en inmigración. ¿Anuncian también un endurecimiento de la política del Gobierno?

- Yo no creo que haya habido un endurecimiento del discurso. Lo que posiblemente he puesto de manifiesto es mayor claridad. En lugar de explicar la letra pequeña, la he puesto en mayúsculas. El ministro (de Trabajo anterior, Jesús) Caldera ha hecho una buena política en materia de inmigración. Pero se ha visto poco. Nunca hay dos ministros que hagan la misma política. Yo no haré una ruptura, haré una continuidad de las políticas de Jesús Caldera, pero les pondré mi acento. Y les pondré mi personalidad. Y, por qué no decirlo, les pondré también mi opinión. Y, en ese sentido, en algún punto será idéntica y en otros será con algún matiz diferente. Pero no porque yo no esté de acuerdo. ¡Si, como alcalde en L`Hospitalet, he sido el primero en ver la gestión positiva que hizo Caldera! Pero, también como alcalde, muchas veces reclamaba más visibilidad...

- ¿Puede explicar eso? ¿La política de inmigración se ha visto poco?

- Yo creo que sí. Por ejemplo, el Gobierno de Zapatero fue el primero que tomó la iniciativa de crear un fondo para la integración y la gobernación de la inmigración. Hasta entonces, la inmigración existía. La demanda de los servicios públicos existía. La necesidad de gobernar el fenómeno existía. Pero no fue hasta que llegó el Gobierno de Zapatero, con (la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración) Consuelo Rumí y Jesús Caldera, cuando se tomó la iniciativa de crear un fondo. Todos los mediadores que yo he tenido en L`Hospitalet los he tenido gracias a ese fondo. Pero en los ciudadanos ha quedado la idea de que todo lo hacíamos los alcaldes, y no de que el Gobierno había puesto el acento en ello.

- Estamos en una situación de desaceleración económica . ¿Qué hacer con los inmigrantes que está dejando en la calle esa desaceleración?

- Vamos a hacer que toda aquella persona que pueda capitalizar el desempleo, que pueda recibir una ayuda, antes de ir al desespero porque no tiene una situación económica boyante, tenga la oportunidad de volver a su país. Y a aquel que no lo haga o no lo pueda hacer, pues deberemos darle el mismo tratamiento que a cualquier trabajador que se queda en paro, que es ayudarle y facilitar las cosas para que pueda recolocarse en otro sector.

- Existen ya varios programas de repatriación voluntaria, y su éxito es dudoso. Entre 2003 y junio de 2007, sólo 3.700 personas se acogieron a ellos.

- No hay ninguna medida que resuelva los problemas de un país en 24 horas. ¿Tiene que ser esta medida la solución para la desaceleración, que puede afectar al colectivo de los inmigrantes de una manera más directa que al resto? Si ésta es la única medida, no. Pero debe haber otras. Y yo creo que el conjunto de las medidas puede ayudar a paliar una desaceleración que se puede dar más en un sector y que puede afectar más a unos colectivos que a otros.

- En un contexto de aumento del desempleo, también entre el sector de los inmigrantes, ¿cabe seguir promoviendo políticas de contratación en países extranjeros o eso hay que cortarlo de raíz?

- Si tienes inmigrantes parados en tu país y sus perfiles se corresponden con las necesidades de empleo, parece razonable que des empleo a los que están parados aquí. Me parecería una contradicción tener parados en el país, que sus perfiles profesionales pudieran ser susceptibles de contratación, y que te fueras a promover una política de contratación en el extranjero. Porque lo único que estarías haciendo sería mantener el contingente de desocupados aquí e, incluso, parte de los inmigrantes que trajeras acabarían incrementándolo. Por lo tanto, yo creo que eso hay que revisarlo. Salvo que haya unos sectores emergentes para el desarrollo de la economía que necesiten crear no sé cuántos empleos y esos trabajadores aquí no los tuviéramos ni en el sector inmigrante ni en el sector autóctono.

- ¿Les planteará a los agentes sociales la necesidad de ralentizar las contrataciones en origen?

- Yo no voy a hacer ninguna propuesta concreta. Lo que voy transmitir es que tenemos el diagnóstico, tenemos la información y creo que todos tenemos la responsabilidad de sumar para ver cómo somos capaces de encontrar no una medida, sino muchas, para corregir una situación que a los primeros que les preocupa enormemente es a los propios sindicatos.

- Usted dijo en los últimos días que nadie puede perder un derecho por los inmigrantes. ¿Y los inmigrantes pueden perder algún derecho por los españoles?

- Somos ciudadanos y debemos compartir los mismos derechos. Y las mismas obligaciones. Un país en el que existe un contingente importante de inmigrantes no puede subsistir con un Estado de bienestar diseñado a la medida de cuando no los había. Eso se debilita a no ser que el Estado le inyecte más economía. Si no lo hace, puede correr el riesgo de que el que llega se lleve la parte del Estado de bienestar y el que está aquí, cuya situación económica no ha cambiado, deje de recibir aquello que el Estado de bienestar le ha estado dando. De ahí al conflicto, dos pasos.

- ¿Sabe que en muchas ciudades la escuela pública se está convirtiendo, o es ya, un gueto de inmigrantes?

- Si estás en una ciudad y la inmigración se concentra en un barrio, la escuela pública de ese barrio tendrá un porcentaje elevadísimo de inmigrantes.

- Pero en esos barrios también hay escuelas privadas, que tienen muchos menos inmigrantes.

- Ése es un tema que creo que hay que corregir de dos maneras: pidiendo que la escuela privada asuma una mayor cuota de solidaridad y cualificando la escuela pública. La escuela que tiene un 70% de inmigrantes necesita una atención preferente y especial.

- ¿Y eso cómo se hace?

- Poniendo más dinero.

- ¿Y de dónde piensa sacar el dinero, tal como está la situación económica?

- Lo único que señalo es que las políticas sociales en esas materias tendrán que seguir creciendo de acuerdo con lo que el Estado pueda disponer.

- El año pasado, obtuvieron la residencia por reagrupación familiar 128.161 extranjeros. En el programa electoral del PSOE figuraba la posibilidad de darles permiso de trabajo a aquellos que estuvieran en edad laboral. Eso reduciría más las contrataciones en origen.

- En este tema tenemos que reflexionar y hacer cambios. No le puedo anticipar los cambios, porque antes hay que reflexionar. Pero hay que darle una vuelta a la reagrupación familiar.

-¿Por dónde va su reflexión?

- Cuando el reagrupado tiene 17 años y no está en la escuela y no tiene permiso de trabajo, ¿dónde está? En la calle. Qué es peor, que venga un chico con 17 años, se reagrupe familiarmente y no tenga derecho a trabajar o decir: a lo mejor tengo que poner unas condiciones más duras, pero cuando esa persona viene, al día siguiente puede empezar a trabajar.

- Cuando dice unas condiciones más duras...

- No, no me lleve a ese terreno. No quiero prejuzgar.

- En uno de los discursos de su campaña electoral dijo que hay que promover cambios legislativos para que los inmigrantes puedan votar. ¿Lo mantiene?

- Yo hice esas declaraciones en mi condición anterior de alcalde, no como ministro. Pero no modifico mi pensamiento en ese sentido. En una ciudad como la mía, que tiene 260.000 habitantes y 60.000 son extracomunitarios, está habiendo un déficit democrático. Y debemos buscar mecanismos para que esas 60.000 personas puedan sentirse partícipes de la ciudad o, si no, acabarán estando más preocupadas de lo que pasa en su pueblo de origen que de lo que está pasando en esa ciudad.

PERFIL

Ex concejal y ex alcalde

Nombre: Celestino Corbacho

Nació: Valverde de Leganés

Edad: 58 años; trabaja en política desde el año 1983

Desde que en 1963, con 14 años, salió de Valverde de Leganés (un pueblo de Badajoz con 3.770 habitantes), hasta que tomó posesión al frente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, de 58 años, no ha perdido el tiempo. Fue concejal de L`Hospitalet (el segundo municipio de Barcelona, con 260.500 habitantes) durante 11 años y alcalde los últimos 14 (desde 1994). En las pasadas elecciones obtuvo mayoría absoluta, una proeza para un socialista al frente de una ciudad que en sólo tres años ha alcanzado una tasa de inmigración del 35%. En base a esa experiencia, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le encomendó su actual misión.

Pedidos de visa subieron 150%

Fuentes consulares españolas dijeron a El País que en el último año la tramitación de visados para viajar a España se multiplicó "por dos veces y media". Esto incluye tanto quienes van como turistas como quienes tramitan una visa de residencia.

Para obtener esto último, añadieron, es obligatorio presentar un contrato laboral. Ya sea desde aquí, a través de una red de contactos que el interesado tenga en España, "o viajando con visa de turista, conseguir una oferta laboral, regresar a Uruguay y que la empresa interesada gestione esa oferta ante la subdelegación de gobierno correspondiente", expresaron. Recién ahí, luego de que el contrato laboral es enviado a Uruguay, quien desee emigrar puede completar el papeleo.

Según el Consulado de España en Montevideo, en aquél país hay 46 mil uruguayos "empadronados" en los distintos municipios y unos 34 mil "con permiso de residencia". Se estima que la colectividad uruguaya en España ronda las 80 mil personas y que los que se encuentran en situación irregular se sitúan entre el 10 y el 15%. El "hueco" restante, indicaron fuentes diplomáticas, lo atribuyen a uruguayos que "están en proceso de obtención de un visado o la consolidación de su situación".

En el Consulado sostienen que la mayor parte de los uruguayos quedó regularizado tras el último proceso de "normalización" de 2005.

EL PAÍS DE MADRID