Crearán juzgados y fiscalías contra el crimen organizado

EDUARDO DELGADO

Tres juzgados y tres fiscalías especializadas en la lucha contra el delito organizado tramitarán los grandes casos de lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. Su creación será incluida en la Rendición de Cuentas de este año.

En épocas de desencuentros entre los poderes del Estado, el gobierno, la Suprema Corte, la Fiscalía y legisladores de diferentes partidos coinciden en la urgente necesidad de juzgados y fiscalías especializadas en el combate al crimen organizado.

Con el fin de hacer realidad ese objetivo común trabajan desde hace meses y el gobierno prevé incluir en la Rendición de Cuentas de este año -la última de esta administración en que se permite aumento del gasto- la creación de esas sedes, brindándoles los medios necesarios para su funcionamiento.

El director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, es uno de los principales impulsores de esta iniciativa y el representante del Poder Ejecutivo en las conversaciones con la Suprema Corte, la Fiscalía de Corte y otros organismos, asociaciones e especialistas consultados.

Gil Iribarne recordó que la ley de prevención del lavado de activos de 2004 preveía que dos juzgados penales se transformen en juzgados especializados en lavado de activos, con lo que dijo no está de acuerdo la Corte, la Fiscalía ni él mismo.

Las razones son varias, entre ellas que los juzgados penales ya están muy cargados de trabajo como para disminuir su número y que no tiene sentido que haya juzgados dedicados solo a tramitar casos de lavado de activos, cuyo volumen es hasta el momento reducido.

Por eso, los involucrados coincidieron en la necesidad de que estos nuevos juzgados y fiscalías se sumen a los ya existentes y que tengan un volumen de trabajo adecuado, por lo que se especializarán en casos de crimen organizado, que incluirá además de las denuncias de lavado de dinero, expedientes importantes de narcotráfico y de corrupción.

Nacionales. Estas nuevas sedes tendrán jurisdicción nacional. La Suprema Corte elegirá a los jueces que considere más aptos para esos puestos y el fiscal de Corte hará lo propio con los fiscales. Gil adelantó que estos funcionarios tendrán mayores controles sobre su patrimonio, a lo que se ven expuestos quienes trabajan en estos temas. Los seleccionados contarán con el respaldo de funcionarios de la Policía, del Banco Central, de la DGI y de otras dependencias públicas con conocimiento sobre estos delitos.

Ricardo Gil indicó que en el sector inmobiliario, en la construcción y mediante sociedades anónimas es que en Uruguay se lava dinero del crimen organizado. El experto dijo que los juzgados y fiscalías especializadas posibilitarán que sea más rápido el trámite que permita la utilización de las cuentas y bienes incautados en grandes casos de lavado y narcotráfico, como los que se han dado los últimos años.