MADRID | LA NACIÓN /GDA, EL PAÍS DE MADRID y REDACCIÓN

El aeropuerto de Barajas, el más grande del país, es la principal puerta de entrada. Pero España podría no ser ya el paraíso para los inmigrantes que llegan a esas tierras con la esperanza de conseguir trabajo y un futuro mejor.

Lejos de eso, la desaceleración de la economía los podría convertir en víctimas de primera línea en el esfuerzo por conseguir empleo y subsistir.

La industria de la construcción, motor de la economía española en los últimos 10 años y gran generador de empleo para los inmigrantes, se frena sin remedio.

Un informe del Ministerio de Trabajo, recientemente publicado, dice que casi el 43% de los desempleados del sector tiene pocas y muy pocas posibilidades de encontrar un puesto en una obra.

Las asociaciones que trabajan con inmigrantes hablan ya de "largas caminatas" para conseguir empleo. "No es que se paralizó todo de un día para el otro. Los que están en obras siguen, pero no hay obras nuevas", dice Daniel Caserta, presidente de la Casa Uruguay en Madrid, que tiene dos cuñados desempleados en el sector de la construcción.

El mismo problema se repite en otros rubros, como la gastronomía o los servicios primarios, y cala hondo entre las autoridades. Tanto que, pasados los comicios en los que fue reelegido José Luis Rodríguez Zapatero y con una "guerra de deportaciones" abierta con Brasil, el gobierno emite un mensaje a favor de la disminución de las llegadas.

"Es el primer paso hacia una política de endurecimiento que ya da señales", dicen quienes trabajan con inmigrantes. Uno de los primeros en expresarse fue el ministro de Economía, Pedro Solbes, que inquieto por la suba del desempleo espera que las aguas se calmen si, "como parece razonable, se atenúan las corrientes migratorias de los últimos años".

La clave, para el ministro, está allí. Pero de lo que no se habla -no, al menos, en voz alta- es de "cómo" producir esa reducción de la inmigración. El entorno del ministro intenta quitarle dramatismo al asunto y dice que se dará "naturalmente": consideran que, razonablemente, si hay menos empleo vendrán menos inmigrantes.

La portavoz del Ministerio de Economía, María Jesús Luengo, contextualiza la información de Solbes: "España sigue creando empleo. Pero como la población activa crece a un ritmo alto, esos nuevos puestos de trabajo no bastan para satisfacer la demanda. Y por eso aumenta el paro".

El problema es que hasta ahora, los que huyen de la desesperación y se embarcan a España son los últimos en enterarse de la expectativa de una "reducción natural" de la inmigración y del cambio del ciclo económico. Y con ese desconocimiento, el problema podría ser mayor de lo que parece.

Durante la pasada legislatura, los empresarios importaron a 727.821 inmigrantes con contrato laboral. A ellos hay que sumar otros 600.000 que esos mismos empresarios regularizaron en el proceso de normalización llevado a cabo por el gobierno en 2005. En total, en los últimos cuatro años se han incorporado al mercado de trabajo, sólo por esas dos vías, más de 1,3 millones de inmigrantes. Eran tiempos de bonanza.

En campaña, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, estimó en 200.000 la cantidad de trabajadores sin papeles. Sin embargo, un informe divulgado esta semana y avalado por el gobernante Partido Socialista (PSOE), cifró en más de un millón la cantidad de trabajadores extranjeros ilegales. El documento añade que, como consecuencia de las crecientes dificultades económicas, "una parte significativa de la población inmigrante se encuentra en una red de precariedad extrema".

CON CONTRATO. Atraída por dos lustros de prosperidad, la inmigración es un fenómeno distintivo de la España del comienzo de milenio. La tasa de extranjeros alcanzó al 10% de la población de 44 millones de habitantes.

Ante los signos de desaceleración económica, el opositor Partido Popular (PP, derecha), la segunda formación política del país, convirtió a la inmigración en uno de sus ejes de campaña.

El PP tomó como principal política inmigratoria la imposición de un polémico contrato de inmigración que básicamente se resumía en dos premisas: la adopción de las costumbres españolas y una mayor radicalización contra los ilegales. Cuando la actual oposición fue gobierno, permitió la regularización de 480.000 ilegales.

El gesto tomó por sorpresa al PSOE, que acusó de "racismo y xenofobia" a sus rival. Ante la controversial iniciativa de la oposición, el PSOE pidió sacarla de agenda para no "ofender la sensibilidad de los extranjeros".

Superada la cita electoral, el debate vuelve por sus anchas. Desde agrupaciones sindicales se señala abiertamente la necesidad de empezar a poner freno por algún lado.

"Es necesario modificar el cupo anual de contrataciones de inmigrantes y, sobre todo, contemplar a la familia que viene con el trabajador. Porque esa reagrupación familiar es también fuerza de trabajo que termina acabando con el mercado laboral", dijo el responsable de Migraciones de la central sindical Comisiones Obreras, Julio Ruiz.

¿Qué ocurre con los inmigrantes contratados en origen, que sólo el año pasado fueron 234.457? A Solbes no le preocupa esa vía. Considera que "las solicitudes de los empresarios para importar trabajadores con carácter estable, de temporada o a través del régimen general, se irán reduciendo a medida que se vaya modificando la situación de empleo".

Esa situación se define mediante el llamado Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Cada tres meses, el Servicio Nacional de Empleo elabora en cada provincia, de acuerdo con sindicatos y los empresarios, una lista de trabajos para los que existe demanda y que los españoles no pueden o no quieren desempeñar. El Ministerio de Trabajo ofrece a los empresarios dos mecanismos para buscar en el extranjero a los trabajadores que no hallan en España.

La Unión General de Trabajadores (UGT) cree que ese instrumento sigue siendo válido "y el más objetivo posible". La secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, afirma que "parece lógico pensar que, a través de los próximos catálogos, la situación nacional de empleo determinará que las contrataciones de inmigrantes en sus países sean inferiores a las de los últimos años".

¿Qué lugar ocupa la inmigración uruguaya? Según Caserta, hay entre 70.000 y 80.000 compatriotas en España, de los cuales unos 15.000 están sin papeles. Estima que el 90% del total está trabajando, la mayoría en los puestos tradicionales para los inmigrantes: la construcción, la gastronomía, los servicios domésticos. Algunos en trabajos precarios, como ilegales, o en trabajos temporales de uno o dos meses.

Unos 12 uruguayos deportados por mes

MADRID

Entre tres y cuatro uruguayos son deportados por semana en España, según Daniel Caserta, de la Casa Uruguay en Madrid.

El Consulado maneja cifras similares, aunque relativiza que se repita siempre. "No es una cosa matemática, no hay reglas, no podemos hablar estrictamente. Puede haber semanas en que no" se den deportaciones, dijo Mario Ferrari, cónsul general en España.

Actualmente los requisitos para que los uruguayos ingresen en España son: tener pasaporte en regla, documento probatorio del lugar de origen (como la cédula de identidad), pasaje de ida y vuelta marcado dentro del plazo de 90 días, un monto mínimo de 514 euros (U$S 800) para viajar y un documento que informe el lugar de estadía en España. Al mes, unos 10.000 uruguayos viajan a España.

El consulado está preparando un informe sobre la situación de los compatriotas en ese país, actualizando datos del último trimestre. En semanas será enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe se realiza justo cuando Brasil y España están enfrascados en una "guerra de deportaciones" en sus aeropuertos. El conflicto, inédito, ha llevado a que Madrid sugiriera "cautela" a los españoles que tuvieran pensado viajar a Brasil.

Asociaciones de inmigrantes consideraron "normal" que el gobierno brasileño hubiera endurecido las condiciones de ingreso de ciudadanos españoles, como reacción ante el "rechazo" de viajeros regulares de Brasil a los aeropuertos españoles.

"Es normal que eso ocurra, porque lo que está pasando con los brasileños en Barajas, es un abuso", sentenció la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España.