Habrá al menos un expediente en que la Suprema Corte declarará la inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones antes del retiro de la ministra Sara Bossio, el 7 de abril.

Ayer, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, emitió el quinto y último voto en un expediente sobre la constitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los jubilados.

Tras ello, los ministros dialogaron sobre el caso y mantuvieron sus posiciones. Al estar en minoría, Van Rompaey pasó el expediente al ministro Hipólito Rodríguez Caorsi (de la mayoría a favor de la inconstitucionalidad del impuesto) para que redacte la sentencia.

Las opiniones en este tema están divididas entre los cinco ministros de la Corte. Bossio, Rodríguez Caorsi y el presidente de la corporación, Jorge Ruibal Pino, entienden que la aplicación del IRPF a las pasividades es inconstitucional; Van Rompaey y Daniel Gutiérrez consideran en cambio que el nuevo tributo es constitucional.

Después de Semana Santa, Rodríguez Caorsi deberá presentar la sentencia redactada, la que en un nuevo acuerdo será analizada y votada definitivamente por los cinco ministros.

Al haber diferencias, los ministros que queden en minoría presentarán su posición en discordia a la decisión de la mayoría. En las mismas, marcarán los fundamentos de su postura favorable a la constitucionalidad del impuesto. El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, marcó su posición favorable a la inconstitucionalidad del IRPF en más de 100 expedientes.

Más casos. De las 360 acciones de inconstitucionalidad contra el IRPF presentadas, 170 están a estudio de los ministros de la Corte.

Algunas de estas acciones son individuales, pero otras incluyen cientos de personas.

Fuentes del organismo indicaron a El País que, además de este expediente cuya sentencia se definirá antes del 7 de abril, existen algunos otros casos que pueden tener resolución previo al retiro de la ministra Bossio.

Esto dependerá de la rapidez con que los ministros voten en esos expedientes.

Cuando se produzca la jubilación de Bossio (se retira al cumplir 70 años), los otros ministros decidirán si esperan que sea nombrado un nuevo integrante del cuerpo -que por antigüedad recaería en la ministra del Tribunal Civil de 5° Turno, Mariela Sassón- o comienzan a repartir los expedientes entre los ministros de tribunales.

Los ministros desean que sea el nuevo integrante de la Corte el que intervenga en todos los casos que queden sin resolver, pero eso dependerá de la celeridad de la Asamblea General en votar la venia para Sassón. En cualquiera de esos casos, si quien intervenga considera que el IRPF es constitucional, cambiará la relación de votos y la posición de la Corte en esos expedientes. Si mantiene la posición de Bossio, en todos los expedientes el IRPF será declarado inconstitucional.

En tanto, el Foro Batllista, a través de su publicación Correo de los Viernes, reclamó ayer un pronunciamiento de la Corte sobre el IRPF antes del 7 de abril.

Para el sector liderado por el senador y ex presidente Julio María Sanguinetti, previo a esa fecha la Corte "tiene la obligación legal y ética de dictar sentencia, en cualquier sentido que sea, porque en definitiva no se sabe con certeza cómo están distribuidos los votos".

El sector colorado basó su posición en que la Corte "tiene la obligación legal de dictar sentencia, por cuanto ya sus cinco miembros han expresado su opinión, y esa debe ser la misma en todos los casos".

"El objeto del juicio es, en todos, el mismo, independientemente de los argumentos en que cada abogado defensor haya fundado su pretensión", agregó la publicación.

"No puede, en casos como este, en que ya se pronunciaron, operar en contra del ciudadano reclamante", afirmó.

La publicación forista recordó que la Corte desestimó el mismo día una acción de inconstitucionalidad planteada por el ex dictador Gregorio Álvarez.

"Quizás el rótulo de asunto de derechos humanos que tiene la causa contra Gregorio Álvarez excitó el celo y la celeridad de la Corte", indicó Correo de los Viernes.

Pero agregó que, en lo referido al IRPF, "también están comprometidos los derechos humanos de los reclamantes, pues está en juego la defensa de la propiedad de la jubilación y pensión de los reclamantes".

EL PAÍS