El Congreso de Bolivia estudiará un proyecto de ley propuesto por la policía antinarcóticos para permitir las escuchas telefónicas —prohibidas por la Constitución— y la negociación de las penas con los pequeños traficantes, informaron ayer fuentes oficiales.

El fiscal antidrogas Joanel Bravo confirmó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico presentó "directamente al Parlamento" el documento.

La oposición critica las medidas propuestas por su dudoso encaje en la Constitución, ya que ésta "prohíbe terminantemente" las escuchas, según varios parlamentarios.

Bravo dijo que los pinchazos telefónicos con autorización judicial están legitimados por la Convención de Viena de 1988, suscrita por Bolivia, y agregó que, en su opinión, "los tratados internacionales están por encima de las constituciones".

El proyecto también incluye la posibilidad de negociar con los pequeños narcotraficantes la concesión de algunos beneficios, que pueden llegar a la exención de la pena, a cambio de información sobre quienes dirigen las organizaciones delictivas.

El fiscal Bravo explicó que es una forma de conseguir "un incentivo" para que puedan ser denunciados los grandes narcotraficantes. "Siempre estamos capturando a las mulas, gente de muy poca relevancia que la organización cambia rápidamente", señaló Bravo.

Otras de las medidas anunciadas son penalizar las sustancias químicas empleadas para transformar la hoja de coca en cocaína, vender los bienes incautados a los narcotraficantes e investigar los grandes patrimonios de dudosa procedencia.

EFE