La cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero, casi se duplicaron el año pasado respecto a 2006 y se inmovilizaron fondos por aproximadamente U$S 1,4 millones.
El secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo a El País que el incremento en los reportes se debe a que "se está trabajando mejor en el sector financiero" con reuniones periódicas con representantes de bancos y casas de cambio. De todas maneras, señaló que en otros sectores prácticamente no hay reportes y "eso preocupa".
Según la Memoria Anual 2007 que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento días atrás, en todo el año pasado se recibieron 174 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero, frente a los 94 de 2006.
De los 174 reportes recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, esa repartición envió seis casos a la justicia penal, habiendo dispuesto en tres casos la inmovilización de los fondos, por un total aproximado de U$S 1,4 millones.
Entre los sectores que no han reportado operaciones sospechosas de lavado están los casinos y las inmobiliarias, por lo que se trabajará en una "reglamentación específica" para ellos, dijo Gil Iribarne. Con eso se busca que haya un "incremento claro" de los reportes en esos sectores.
Para el funcionario, el sector inmobiliario "es de riesgo". "No es normal que el sector inmobiliario no esté reportando (operaciones sospechosas de lavado)", afirmó.
Agregó que es un sector donde "hay grandes inversiones de carácter legítimo y otras que perfectamente podrían ser sospechosas".
La Secretaría Antilavado de Activos (que depende de Presidencia de la República) enviará en el primer semestre de este año un proyecto de ley para actualizar la normativa antilavado de 2004.
Se evalúa incluir nuevos delitos precedentes al lavado de activos, como los de falsificación bancaria, de patentes, quiebra fraudulenta e insolvente, dijo Gil.
También se complementarán las categorías de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, con especial atención a las zonas de riesgo que no están alcanzadas completamente por la normativa vigente. Entre éstas se encuentran las inmobiliarias y las zonas francas, además de aclarar en la ley los aspectos que hacen referencia a las empresas que hacen remesas de fondos y que tienen cajas de seguridad, señaló el funcionario.