La "herencia" de los narcos que nadie quiere tener en el Estado

LUIS PÉREZ / RENZO ROSSELLO

Las 2.300 hectáreas compradas por los narcos colombianos se convirtieron en una "herencia maldita". En el Estado no se ponen de acuerdo acerca del destino del campo salteño. El poder de las mafias hace crujir las estructuras estatales.

El 5 de diciembre pasado el juez penal Francisco Massitta firmó la resolución que disponía el pase a custodia del Instituto Nacional de Colonización de los campos ubicados en Puntas de Valentín. Casi tres meses después el campo de 2.300 hectáreas permanece con vigilancia policial e improductivo. Algo semejante pasa con otros bienes confiscados a narcotraficantes, no sólo los colombianos: aviones, valiosos automóviles, camionetas 4x4 se deterioran en depósitos policiales.

Otra consecuencia indeseada de la irrupción del narcotráfico a gran escala en Uruguay. La aplicación del artículo 67 de la Ley 14.294 -la ley de estupefacientes actualizada por la Ley 17.016- dispone que los bienes confiscados a narcotraficantes pasen a la Junta Nacional de Drogas (JND) de la Presidencia de la República.

Luego que la Operación San Francisco -que derivara en la mayor incautación de cocaína de la historia, 496 kilos- concluyera con el encarcelamiento de los integrantes de la red, la Junta Nacional de Drogas planteó al juez Massitta su interés en aplicar la normativa para el bien confiscado. Previamente, según confirmó a El País el propio magistrado salteño, autoridades del Instituto Nacional de Colonización habían expresado su interés en el campo. "Por ley estaba obligado a ponerlo a disposición de la Junta Nacional de Drogas", explicó Massitta.

El tema fue incluso analizado en el Consejo de Ministros. El prosecretario de la Presidencia, y presidente de la JND, Jorge Vázquez rubricó el documento que aprobaba el pase del bien al INC.

Entre otros aspectos que inquietan al INC está la fuerte deuda que pende sobre la estancia Valentín. El campo, como se informara oportunamente, fue vendido en algo más de U$S 2 millones. Sus dueños originales recibieron menos de la mitad de este valor.

Incertidumbre. "Hemos querido clarificar cuál sería nuestro rol para hacernos cargo de este campo", explicó por su parte a El País el director del INC, Miguel Vasallo.

Vasallo señaló que el tema es actualmente analizado junto a los asesores letrados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). "Es una situación un poco compleja, como se comprenderá", reconoció el jerarca del INC.

El primer punto que las autoridades de Colonización quieren tener en claro es "cuáles son las potestades del Instituto y las obligaciones que implica con terceros".

Los terceros en cuestión no son otros que los propietarios originales que vendieron el establecimiento a la organización encabezada por el colombiano Gustavo Durán Bautista.

En el abanico de derivaciones que las autoridades del INC analizan está también la posibilidad de represalias tomadas por parte de personas vinculadas a los narcotraficantes. En tal sentido, Vasallo reconoció que en ese complejo contexto se hace complicado "planificar el destino que se le puede dar a estas tierras".

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, también admitió las dificultades jurídicas a que se enfrentan para hacer cumplir algo establecido en la ley. "Nosotros estamos armando una administración de los fondos confiscados, pero tenemos muchas dificultades que estamos analizando con representantes del Poder Judicial", explicó Romani.

El jerarca apuntó a la lentitud de los procedimientos, que muchas veces deja inhabilitados para su uso a los bienes. Y puso como ejemplo la avioneta incautada a los traficantes durante la Operación San Francisco. "Ha sido casi totalmente desvalijada, no sirve ni como chatarra", se quejó el jerarca.

El deterioro también ha alcanzado a automóviles y camionetas, en algunos casos de alto valor de mercado, que fueron requisados a los traficantes.

"Estamos estudiando algunas fórmulas, como por ejemplo contar con la aceptación del encausado para enajenar el bien, lo cual aceleraría mucho los trámites", explicó Romani. Entre tanto, gana el óxido.

U$S 2: Es el valor del campo de 2.300 hectáreas en Puntas de Valentín, Salto, pero sus dueños anteriores recibieron menos de la mitad.

La red de narcos mexicanos era una organización independiente, sin vínculos con carteles mayores de ese país.

Así lo informaron ayer autoridades mexicanas, a través de su Embajada en Montevideo, a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid). Uno de los aspectos de la investigación aún en curso tras la Operación Pájaros Pintados procuraba establecer los nexos de la organización que operaba desde Uruguay. "Se trata de un grupo independiente", confirmaron a El País fuentes de la investigación oficial.

El combate a las poderosas organizaciones de narcotraficantes en México, así como las pujas internas, descabezaron a los carteles mayores. "Los grupos se atomizaron y donde había 10 ahora hay 100, lo que también aumentó las dificultades para el combate a las autoridades de ese país", confiaron las fuentes.

La disputa por nuevos espacios de poder en ese complejo entramado ha sido un factor determinante para que algunos grupos de narcotraficantes buscaran estas latitudes. Pero también el corrimiento es resultado de las acciones que se vienen tomando contra el tránsito de precursores químicos -las sustancias usadas para la obtención del clorhidrato de cocaína- en Colombia, Perú, México y Bolivia. Ello, indicaron los informantes, empuja a los narcos a buscar las "facilidades" del Río de la Plata.

El establecimiento agropecuario de Puntas de Valentín está ubicado a unos 90 kilómetros de la ciudad de Salto. Sus tierras son altamente productivas, aptas para la cría de ganado bovino y con excelentes aguadas naturales. Tiene una superficie de unas 2.300 hectáreas.

En el mismo operativo antidrogas las autoridades se incautaron de un pequeño avión bimotor, valuado en unos U$S 200.000. También este bien quedó a disposición de la Junta Nacional de Drogas, aunque la máquina permanece en el campo, según la JND.

La Jefatura de Policía de Salto tiene a su cargo la custodia de la estancia. El titular de la jefatura, inspector mayor (retirado) Walder Ferreira, expresó también su molestia por el servicio de custodia impuesto, debido a que le significa "restar efectivos en áreas de la planta urbana", así como enfrentar gastos de traslados y relevos de tres turnos de efectivos policiales.

La Operación San Francisco, de la Brigada Antidrogas y la Policía de Salto, se realizó el 18 de agosto pasado. Las detenciones y la incautación de 496 kilos de cocaína se llevaron a cabo sin disparar una sola bala.